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España: La deserción del Estado y la teoría de las ventanas rotas PDF Imprimir E-Mail

Oct-15-13 - por Alberto Vila Porto

Es común atribuir a la pobreza las causas del delito. Pero, es evidente también que, no en todos los casos se trata de pobreza, sino que es algo que tiene que ver en sus fases previas con la psicología social y la sociología. Un vidrio roto en un edificio abandonado, es la metáfora que da lugar a la denominación de tal teoría. Pero no lo es menos una luminaria rota en una columna de alumbrado público, el abandono de la cobertura médica en una zona rural o el desmantelamiento de los servicios de atención a colectivos drogodependientes o similares.

Un mantenimiento defectuoso de las redes de comunicación, vías férreas o carreteras, también transmiten idea de deterioro, de desinterés, de despreocupación en los ciudadanos. Todo ello es ingrediente que atenta contra los códigos de convivencia. Supone la ausencia de la ley, de las normas, de las reglas. Se comienza por hacer excepciones a una ley antitabaco y se concluye permitiendo territorios “liberados” a las mafias internacionales.

Emile Durkheim y Robert Merton denominaban a este estado de cosas “anomia”. El primero sostenía que, cuando un grupo está unido, desarrolla una cantidad de normas para regular el comportamiento y mantener el orden dentro de él. Esto limitaría los abusos de los que, por ejemplo, quieran aprovecharse de los demás en beneficio propio. Podríamos hablar, tal vez, de la figura de la prevaricación. Para Durkheim, no era posible pensar en la acción social de una forma absolutamente libre, porque sin normas no pueden existir convenios para la armonía en una sociedad, y guías que colaboren con una conducta lineal que sea favorable para toda la comunidad. A través de las expectativas del grupo pueden actualizarse las relaciones y compartirse en un entorno cultural apto a su desarrollo.

Merton, por su parte, indicaba que la anomia aparece cuando los objetivos de una cultura y la posibilidad de acceso de algunos grupos poblacionales, a los medios necesarios, se encuentran disociados. Es una definición clara de la discriminación. Esa sociedad, desde esta disociación, comienza a debilitarse hasta que se concreta el quiebre del entramado social.

Las restricciones presupuestarias no ponen de manifiesto más que un sesgo ideológico que recorta la posibilidad del mantenimiento del equilibrio social. Se dejará de atender el cuidado de edificios y con cada nuevo deterioro que sufran, su situación empeorará. Del mismo modo, el mobiliario urbano, el estado de las redes de comunicación o, ampliando el concepto: la dejación de las responsabilidades del Estado en materia de salud, educación, cobertura socio sanitaria y pensiones. Una política de esta naturaleza reafirma esa idea. Desde allí, la escalada de actos cada vez peores se volverá incontenible, desembocando en una violencia irracional y en la aplicación no de la fuerza de la razón… sino en la de la razón de la fuerza. ¿Apocalíptico? Baste observar las grandes ciudades del mundo, como las áreas metropolitanas de Sao Paulo, Río de Janeiro, DF México, Buenos Aires, que ya han sido sometidas a ese modelo, para apreciar esos efectos en sus índices de criminalidad.

La entropía social, en forma de insalubridad urbana, la corrupción creciente o el incremento en los índices de inseguridad, permiten corroborar esos efectos. Se llega así a enfermedades sociales como la drogadicción, el alcoholismo precoz, el abandono escolar o las ludopatías. En algunos casos, alentadas desde los mismos gobiernos que persiguen un afán recaudador, sin apreciar los daños colaterales que producirán en la comunidad. El Estado desertor es el arquitecto de ese tipo de sociedad.

El experimento que dio lugar a la “Teoría de las Ventanas Rotas”, fue elaborado por James Wilson y George Kelling. La idea central era que: “Si en un edificio aparece una ventana rota, y no se arregla pronto, inmediatamente el resto de ventanas acaban siendo destrozadas por los vándalos”. ¿Por qué? Porque quizás para algunos sea divertido romper cristales pero, por sobre todo, porque la ventana rota envía un mensaje: aquí no hay nadie que cuide de esto. 

Por tanto, la idea es clara: una vez que se empiezan a desobedecer las normas que se ha provisto la comunidad para mantener el orden en ella, tanto ese orden como la misma comunidad comienzan a deteriorarse. A menudo, este proceso adquiere una velocidad sorprendente. En ocasiones bastan unos pocos años. Las conductas incivilizadas se propagan y las personas civilizadas se retraen. Esto no tiene que ver con clases sociales específicas. Describe actitudes y comportamientos que pueden provenir de cualquier nivel de la estructura social de una comunidad.

Wilson y Kelling lo explicaban así: “Muchos ciudadanos pensarán que el crimen violento se multiplica, y consiguientemente modificarán su conducta. Usarán las calles con menos frecuencia y, cuando lo hagan, se mantendrán alejados de los otros, moviéndose rápidamente sin mirarles ni hablarles. No querrán implicarse con ellos. Para algunos, esa atomización creciente no será relevante, pero lo será para otros, que obtienen satisfacciones de esa relación con los demás. Para ellos, el barrio dejará de existir, excepto en lo que se refiere a algunos amigos fiables con los que estarán dispuestos a reunirse”.

Los gestores públicos que están haciendo dejación de su misión de mantener niveles aceptables de convivencia. Al permitir el deterioro de la sanidad, la educación, los servicios sociales. Que permiten que el mantenimiento de las infraestructuras urbanas y de transportes en general, sea defectuoso o por debajo de los estándares de seguridad, están incurriendo en una transgresión a la esencia misma de esa convivencia.

El juicio por el accidente del tren Alvia en Santiago de Compostela, está dirimiendo la existencia o no de esos comportamientos. Si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto parece no importarle a nadie, entonces, se generará el delito. Si se permite que las pequeñas faltas, como pasarse una luz roja, ensuciar los espacios públicos, etc., y las mismas no son sancionadas, entonces comenzarán a aparecer faltas mayores y, luego, delitos cada vez más graves. El cruzar una senda de peatones, en algunas ciudades del mundo, es una aventura en la que no tiene prioridad ese peatón. ¿Un indicador? Tal vez. Eso es tan real como la inseguridad en dichas sociedades.

Si los espacios públicos son abandonados por la mayoría de los ciudadanos, con su deterioro consecuente, eso llevará a que sean “lugares peligrosos” para los transeúntes. En ese momento serán ocupados por colectivos marginales y la delincuencia. En algún momento de la evolución de ese tipo de sociedad, el control de las fuerzas de seguridad habrá sido superado y quedaremos en manos de clanes… que no se intimidarán ante las brigadas policiales. Ya ocurre, basta con observar los telediarios.

En la década de los años 80 se aplicaron los principios de esta teoría en el metro de Nueva York. Esta red de transportes se había convertido en uno de los más peligrosos de la ciudad. Por tanto, para revertir la situación, se comenzaron a controlar los episodios producidos por ebriedad, pequeños robos, alteración del orden, ingresar sin el pasaje y, al mismo tiempo, se inició una tarea para recuperar la limpieza ambiental y la eliminación de pintadas. Se comenzó desde lo pequeño pero se fue avanzando hacia la recuperación de niveles de seguridad y orden. El resultado no se hizo esperar. El metro se convirtió en un lugar seguro.

Inspirado por esta experiencia, a partir de 1994, el Alcalde Rudolph Giuliani, que ya venía precedido de una trayectoria exitosa como fiscal antimafia, comenzó a aplicar en áreas de la ciudad la experiencia del metro. La base de la política de recuperación fue la de “tolerancia cero” en la labor de recuperar comunidades decadentes y convertirlas en limpias y ordenadas. Para ello, se fue riguroso en el control de transgresiones a la legislación que garantizase la convivencia urbana. Los resultados fueron una disminución significativa en los indicadores de criminalidad de la ciudad de Nueva York.

La “tolerancia cero” no implica el abuso de autoridad o la limitación de la utilización del espacio público por los ciudadanos. Ese principio supone el hacerlo con el criterio de respeto a los demás y al medio ambiente social urbano. No se trata de expulsar a la indigencia sino de canalizarla a los servicios sociales apropiados para reinsertarla.

También es cierto que, la convivencia, no se consigue reprimiendo el descontento que se manifiesta actualmente en las calles de España, por la deserción de las funciones de administrar los recursos públicos, a favor de una mejor calidad de vida. No. Se logra evitando que el medio ambiente social se corrompa. Para eso han sido elegidos. En cambio, se sigue incentivando la deserción de las responsabilidades de los funcionarios y administradores de los recursos públicos.

La reforma de la Administración Local en España, puede implicar el efecto contrario al enunciado anteriormente. Ello, porque esta teoría de las “ventanas rotas”, no sólo vale para el orden público, sino para muchas otras facetas de la vida social.

Si en una empresa se descuidan algunas normas éticas, si se falsea la contabilidad para pagar menos impuestos, si lo que cuenta es sólo la rentabilidad a corto plazo, si se descuidan normas de seguridad e higiene, si se menoscaba la calidad del producto o servicio, con el fin de procurar un margen mayor, si se trata a las personas con poco respeto en las relaciones laborales, si el cliente es cada vez más un objeto y no una persona cuyas necesidades hay que satisfacer. Si esa es la línea, quizás la empresa o la sociedad civil estén ingresando en la peligrosa espiral del aceptado deterioro colectivo. Del que la corrupción es sólo una manifestación.

Sin duda que se están produciendo movimientos bajo la superficie de la sociedad civil. Valorar los alcances puede explicar que, el PP, se trate de vacunar con una reforma en la administración municipal que reste competencias a los ayuntamientos, en favor de los gobiernos de la Comunidades Autónomas. Esto, supone una consolidación de la institución más obsoleta y con más antecedentes de procesos por corrupción, en los últimos años: las Diputaciones.

El surgimiento de proyectos políticos no tradicionales, o “terceras vías”, como el de Grillo en Italia, o los emanados del 15M en España, el más reciente el Partido X, despiertan sentimientos encontrados en las filas de las formaciones políticas establecidas. Para unos, una experiencia efímera que no afectará el statu quo. Para otros, la experiencia italiana, los pone definidamente tensos.

Según el VIII Informe ORS CARITAS, que no es pasible de ser considerado ni de izquierdas ni subversivo, dado a conocer en octubre de 2013, afirma que: “asistimos al aumento de la cronicidad, constatado en el incremento de los parados de larga duración (58% más de un año en paro, 3,5 millones de personas, y 35 % más de dos años, 2 millones) especialmente el grupo de mayores de 50 años y en el hecho de que una de cada tres personas atendidas en Cáritas lleva más de tres años demandando ayuda. Esta situación afecta también a las relaciones sociales (familia, amigos y vecinos) y al horizonte vital de las personas (percepción de que la situación va a peor, pérdida de esperanza)”.

El Informe prosigue: “Existen necesidades básicas (alimentación, gastos relativos a la vivienda, ropa y calzado…) que no están cubiertas desde nuestro modelo de bienestar”. “Aquellas personas cuya situación les impide cubrir por sus propios medios estas necesidades, están obligadas a acudir a la familia o a entidades sociales de carácter privado en busca de ayuda”.

Una conclusión que debería preocupar a las autoridades, para modificar su política de deserción en las coberturas de protección social, es según ese Informe: “Asistimos al riesgo de desbordamiento de la familia, que sigue siendo la primera estrategia de supervivencia para hacer frente al impacto de la crisis. El empeoramiento de la situación económica (debido al paro o al endeudamiento), el agotamiento emocional y la pérdida de la vivienda son los factores más críticos de ese desbordamiento de la función protectora de la red familiar”.

Llegados a este punto, resulta obvio que se impone una reasignación de recursos para evitar la progresión del deterioro. Revisar la política fiscal, en su aspecto de inspección de los “grandes defraudadores”, con el fin de evitar, ahora que se está a tiempo, que ingresemos en un nivel tal de entropía social, que luego sea doloroso para todos los ciudadanos la recuperación de los estándares de convivencia. Una sociedad desestructurada sólo conviene a los corruptos y redes delincuenciales. En ese escenario se mueven a sus anchas las organizaciones de las drogas, la prostitución. A esto se suma la decadencia de las instituciones públicas. El principio de “tolerancia cero” debería aplicársele a estas redes y a esos funcionarios que están condenando a la desesperación a centenares de miles de personas.

Esta teoría es válida para la evitar la dejación de funciones vitales para la calidad democrática. Es el caso del ejercicio de la justicia. Los delitos vinculados con la corrupción son un claro ejemplo de esto. Si se permite que los responsables no sean juzgados con la debida seguridad jurídica de proteger a los ciudadanos de sus excesos. Entonces, la desazón y la decepción cundirán y se verá a la corrupción como una medida de éxito. Una sociedad civil como esa tiene serios problemas de decadencia.

El ejemplo que se aprecia en vastas áreas del mundo, en donde esta disfunción de la delincuencia y la inseguridad se ha instalado, especialmente en las ciudades, debería ser una llamada de atención para evitarlo. Por ello, es tan relevante que el sistema judicial sea digno de atribuirse tales funciones. En él puede radicar la última frontera para evitar que esta deserción lleve a España a la decadencia social.

Así lo recordaba François De La Rochefoucauld: ”El amor a la justicia no es, en la mayoría de los hombres, sino el temor a padecer la injusticia”.

 
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