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América Latina y al reforma del Consejo de Seguridad PDF Imprimir E-Mail

Oct-02-13 - por Rosendo Fraga

La eventual reforma del Consejo de Seguridad de la UN es un tema prioritario para Brasil, que muestra opiniones diferentes en América Latina. La UN en el siglo XXI debería estar en condiciones de enfrentar problemas como los “estados fallidos”, es decir esos países cuyo estado pierde la capacidad básica para mantener el orden y ejercer las funciones elementales de gobierno. Los estados fallidos se transforman en amenazas para la seguridad internacional porque no pueden controlar la actividad de los actores no estatales, que pueden actuar desde ellos amenazando a otros. Pero la realidad es que las acciones en estos casos no son asumidas por la UN, sino por otros actores internacionales. En Afganistán, EEUU ha actuado en el marco de la OTAN; en Libia, la misma organización también dio el marco a partir de una interpretación forzada de una resolución de la UN; y este año, en Mali, Francia actuó de acuerdo con la Unión Africana. Una de las causas de esta falta de efectividad de la UN en este tipo de problemas es la actual estructura del Consejo de Seguridad, que permite a cualquiera de sus cinco miembros permanentes ejercer el veto contra cualquier resolución en materia de seguridad internacional. Esto ha hecho que hayan sido pocos los casos en los cuales el Consejo pudo tomar decisiones efectivas, dado que se requiere que coincidan los intereses de las cinco potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial.

Si se quiere una mayor efectividad de la UN en materia de seguridad internacional, es necesaria la reforma del Consejo en dos sentidos. El primero es su ampliación e incorporación de otros países y regiones, como es el caso de las potencias derrotadas en la Segunda Guerra Mundial y las nuevas potencias emergentes. América Latina, África y Medio Oriente no están hoy representados por los cinco miembros permanentes del Consejo. El segundo es la limitación del ejercicio del derecho a veto por parte de los miembros permanentes. Francia acaba de presentar la propuesta para que este derecho no rija en el caso de los desastres humanitarios. Es decir que cuando se trate de situaciones en las cuales está en juego la vida de muchas personas, las decisiones del Consejo en esta materia deberían ser efectivas sin estar sometidas al veto de una o dos potencias. Si no se avanza en el camino de la reforma, serán otros los actores internacionales que actuarán en las crisis que afectan la seguridad internacional y no la UN, como ya está sucediendo ahora.

La declinación de EEUU como única superpotencia y el surgimiento de nuevas potencias crean una nueva realidad que requiere una adecuación del Consejo de Seguridad. El informe sobre cómo será el mundo en el año 2030 presentado a fines de 2012 por el Consejo de Inteligencia de los EEUU -la agencia que coordina la visión de largo plazo de todos los servicios de inteligencia de este país-, sostiene que para entonces habrá dejado de ser la única super o hiper potencia y que será “el primero entre iguales”. Sería entonces la más importante entre varias potencias. El primero de estos informes fue presentado en 1996 y anticipaba que para 2014 lo único que podría poner en riesgo el liderazgo mundial de los EEUU sería una alianza entre tres potencias: China, Rusia e India. Algo de eso ha sucedido en la guerra civil de Siria, donde la convergencia de las dos primeras impidió a los EEUU intervenir militarmente como represalia al uso de gas sarín. Rusia -con el apoyo de China- impidió el uso de la represalia militar y apoyó una alternativa de negociación que por ahora parece haber sido eficaz. Tanto la última Cumbre del G20 como los discursos ante la Asamblea de la UN muestran que el mundo en los conflictos internacionales parece agruparse en dos polos: los países desarrollados -representados por el G7- por un lado, y los BRICS por el otro. Es una evidencia de que la realidad internacional está cambiando y que los organismos internacionales, comenzado por el Consejo de Seguridad de la UN, deberían adaptarse a ella.

Para Brasil ser miembro permanente del Consejo de Seguridad es desde hace décadas un objetivo prioritario de su política exterior, pretensión apoyada por Chile y resistida por Argentina. En su discurso ante la Asamblea de la UN, la Presidenta brasileña pidió la ampliación del Consejo de Seguridad, explicitando la pretensión de Brasil de integrarlo como miembro permanente. Por su parte, el Presidente chileno en su discurso apoyó la ampliación de los integrantes del Consejo de Seguridad a cuatro países: Japón, Alemania, India y Brasil. Fue un apoyo explícito a la pretensión brasileña. La Presidenta argentina apoyó la necesidad de una adecuación del Consejo a las nuevas realidades, pero fue su canciller el que explicitó la posición de su país. Explicó que no apoya la ampliación de los miembros permanentes, pero sí que se incluyan más miembros no permanentes, que se elimine el derecho a veto que mantienen las cinco potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial y que todas las decisiones en el Consejo pasen a adoptarse por simple mayoría. México y Colombia -segundo y tercer país de la región por su cantidad de habitantes y su PBI- no tienen una posición tan explícita ni en un sentido ni en otro. Pero la posición chilena implica que la diplomacia brasileña ha comenzado a trabajar para sumar adhesiones para ser el único representante latinoamericano en el Consejo si se amplía. La resistencia de Argentina a dicho objetivo tiene raíces históricas que se derivan de la época en la cual ambos países se disputaban el liderazgo regional (algo que la ventaja que ha tomado Brasil ha dejado en el pasado).

En conclusión: la eventual modificación de la estructura del Consejo de Seguridad de la UN es un tema que genera posiciones diferentes en el ámbito latinoamericano; dicha reforma se hace necesaria si se pretende una mayor efectividad de este organismo internacional en las crisis globales que puedan afectar la seguridad internacional; la declinación de EEUU como única superpotencia y el surgimiento de las potencias emergentes hacen conveniente y necesaria esta reforma y en América Latina, mientras Chile apoya la pretensión de Brasil ser miembro permanente por la región, Argentina es el país que más se opone a ello.

 
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