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El aborto en El Salvador y América Latina PDF Imprimir E-Mail
Jun-05-13 - por Carlos Malamud *

Detrás de la determinación de abortar de cada mujer o adolescente, o peor aún de cada niña, hay un drama individual y colectivo. Entre un 25 y un 40% de los embarazos en México no son planificados y uno de cada cinco afecta a adolescentes, muchas de las cuales abortan atrapadas en su calvario porque no les queda más remedio. En buena parte de América Latina la magnitud de la tragedia aumenta por las incontables trabas médicas y legales que dificultan estas decisiones extremas. El caso de Beatriz, la salvadoreña de 22 años que gestaba un bebé anencefálico ha sido sólo el último de una interminable lista de horrores al socaire de legislaciones anacrónicas u obsoletas.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año se realizan cuatro millones de abortos en América Latina y el Caribe. De ellos, 1,4 millones en Brasil, la mayor parte ilegales y realizados bajo deficientes condiciones de seguridad y salubridad. En América Latina la situación es especialmente complicada al cebarse los abortos ilegales en las mujeres de zonas rurales y escasos recursos económicos.

Las legislaciones que regulan el aborto responden a una casuística muy amplia. El Salvador, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Chile y Surinam lo prohíben totalmente. Otros países como Guatemala, Paraguay, Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia, lo consideran ilegal, salvo que esté amenazada la vida o la salud de la mujer. Caso contrario, se castiga con prisión tanto a las mujeres como a los médicos que lo practiquen. En el otro extremo, sólo Cuba, Guyana, Puerto Rico, algunos (pocos) países del Caribe y el Distrito Federal en México permiten abortar de forma libre y gratuita.

A fines de 2012 el parlamento uruguayo aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que afecta sólo a mujeres mayores de edad y hasta la semana 12 de gestación, con escasa mayoría y tras un gran debate. La exigua mayoría y la discusión pública plantearon la posibilidad de un referéndum para convalidar dicha ley tras conseguirse las 52.000 firmas necesarias para impulsar un “acto de adhesión”. De este modo, el 23 de junio se celebrará una votación no obligatoria y en el caso de obtenerse el apoyo del 25% del padrón electoral, se convocaría el referéndum sobre el aborto.

En fechas recientes se han producido ciertos tímidos avances que despenalizan algunos supuestos, como el embarazo de fetos sin cerebro, aprobado en Brasil en abril de 2012. En México, desde 2007 todos los estados permiten abortar en caso de violación, un supuesto que también aprobó la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, aunque la ley fue finalmente vetada por el alcalde Mauricio Macri.

La oposición a la legalización del aborto es muy fuerte en América Latina, encabezada por la dura postura de las iglesias católica y evangélicas, que lo asimilan al asesinato. La presión se deja sentir a través de la prensa, los partidos políticos, el parlamento, la judicatura o las instituciones médicas. Sin embargo, sería reduccionista asociar la ubicación política o ideológica al apoyo u oposición al aborto. Mientras una parte importante del Frente Amplio uruguayo, incluyendo al ex presidente Tabaré Vázquez, se muestra contrario al aborto, en Colombia el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se opuso tajantemente a cualquier modificación de la legislación vigente después de que algunos legisladores conservadores solicitaran un referéndum para prohibirlo totalmente, tras un fallo de la Corte Suprema de 2006 que lo despenalizaba en tres supuestos.

Lo contrario ocurrió en Nicaragua, que en su día contó con la legislación más avanzada de la región, con un Código Penal que desde 1893 contemplaba el aborto terapéutico. Sin embargo en 2007 la Asamblea Nacional modificó el Código y el aborto fue totalmente penalizado. Se cumplía así la promesa realizada el año anterior en plena campaña electoral por Daniel Ortega en su intento de ganarse el apoyo del cardenal Obando y parte de la iglesia católica para su causa.

Verdaderos avances en la lucha por el aborto sólo los ha habido en el Distrito Federal de México y en Uruguay mientras que en el resto de los países sólo se han dado tímidos pasos o la parálisis más absoluta. El llamado giro a la izquierda en América Latina aportó muy poco por ampliar el derecho de las mujeres a abortar. Ni siquiera aquellos procesos que retóricamente se definieron como revolucionarios (revolución bolivariana, revolución ciudadana, revolución sandinista o revolución multiétnica) avanzaron decisivamente en este sentido.

Tampoco lo hizo la derecha continental más civilizada, para quien la defensa de las libertades individuales debería guiar todos sus actos. Si bien Mario Vargas Llosa señaló que el “liberalismo [es] más que una receta económica centrada en el mercado, [ya que] la filosofía de la libertad es una sola, en los ámbitos económico, político, social, cultural e individual, y que la libertad, sin la tolerancia y la convivencia, es letra muerta”, en este terreno sus logros son bastante exiguos.

El caso de Beatriz está en vías de solución gracias a la presión internacional. Tanto Naciones Unidas como muy especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciaron al respecto. La Corte tomó medidas provisionales a favor de Beatriz e instó a El Salvador para que adoptara el aborto terapéutico. Se da la circunstancia de que la Corte, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría de Libertad de Expresión están siendo seriamente amenazadas por la postura de Ecuador, Venezuela y Cuba, que quieren limitar considerablemente su margen de maniobra.

* Artículo publicado en www.infolatam.com

 

 
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