Ago-20-12 - por Alberto Vila Porto

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha dado su opinión sobre la compleja cuestión de imponer aún más ajustes a España. “No hay mucho más que se pudiera pedir a España si estuviera bajo un programa del FMI”, dijo la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, la semana pasada. La decisión final, según señalan fuentes comunitarias, será más política que técnica. Los líderes de la zona euro deberán examinar qué ha hecho el Gobierno de Rajoy hasta la fecha y qué más se le puede pedir. Será entonces cuando determinen el listado de exigencias redactado en Bruselas y lo compararán con el panorama que ven en Madrid. Eso supone la solicitud formal del rescate europeo al BCE para que compren su deuda pública.

La presión es máxima para todos los sectores de la economía, pero la banca es la única con un calendario preciso, en el que se detallan mes a mes las 32 reformas a las que está obligada. Seis de estas condiciones deben estar listas entre julio y agosto, según el contrato firmado por España para recibir el rescate europeo. El Gobierno asegura que el Consejo de Ministros del 24 de agosto responderá todos los interrogantes.

Los cambios más urgentes son los relacionados con la creación de un banco malo que agrupe a los activos deteriorados por la explosión de la burbuja inmobiliaria y el tratamiento que dará a los propietarios de deuda subordinada o participaciones preferentes. La previsible quita a que los someterán ya ha producido la calificación de “corralito financiero”. El Memorando de Entendimiento, en contra del deseo inicial del Ejecutivo, impuso que estos accionistas asuman parte de las pérdidas, como parte de la filosofía de que los contribuyentes no paguen solos la factura de la reestructuración financiera.

Como espejo agraviante, el vecino transpirenaico aplicará una tasa de imposición al 75% para los contribuyentes franceses con ingresos superiores al millón de euros, una promesa electoral del presidente François Hollande, todavía no está adoptada, pero el Gobierno socialista ya ha lanzado sus primeros mensajes. La revisión fiscal para 2012, aprobada definitivamente a finales de julio, introduce una “contribución excepcional” para las grandes fortunas, una forma de legitimar los recortes por venir en los presupuestos para 2013 que se debatirán este otoño. El Gobierno aplaude una fiscalidad equitativa, mientras que la derecha denuncia una caza de los ricos y agita la amenaza del exilio fiscal.

Los socios de coalición de la canciller Angela Merkel, han planteado someter a referéndum el futuro político de Europa y una eventual colectivización de la deuda de la zona euro, por considerar que una creciente cesión de soberanía a las instituciones de la UE extralimita la Constitución alemana. "Se debe dejar al ciudadano decidir, llegado el momento, acerca de la colectivización de la deuda en la zona euro", apunta, en declaraciones que publica el diario Die Welt, Horst Seehofer, líder de la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), partido hermanado a la Unión Cristianodemócrata (CDU), de Merkel.

Para Seehofer, en caso de que se opte por la emisión de eurobonos o cualquier otra fórmula de responsabilidad compartida sobre la deuda, así como una nueva ampliación de la UE, debe someterse primero la cuestión a consulta ciudadana. "Sólo con una mayor participación ciudadana quedaría legitimada esa vía", apunta Seehofer, quien recuerda que tanto los eurobonos como un fondo de amortización implicaría "la ayuda financiera alemana" a otros socios de la UE.

En términos semejantes se pronunció el jefe del grupo parlamentario del Partido Liberal (FDP), Rainer Brüderle, tercer socio de la coalición de gobierno. El político liberal apuntó, en declaraciones a un medio, que "podría llegar el momento en que sea necesario un referéndum sobre Europa". La posibilidad de un referéndum implicaría una enmienda constitucional, puesto que a diferencia de otros estados europeos, en que se han sometido a consulta popular asuntos relativos a la UE, en Alemania no se contempla esa vía.

La crisis de la zona euro y las presiones de los socios de coalición estarán sobre la mesa de la canciller como temas prioritarios con la reincorporación de Merkel a Berlín, el lunes, tras tres semanas de vacaciones, sostiene el semanario Der Spiegel. El propio ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, de la CDU, no descartó esta misma semana la posibilidad de un referéndum en caso de cederse más competencias a Bruselas.

Una idea de la oposición alemana es la de una consulta ciudadana, propuesta en primer lugar por la oposición socialdemócrata, cuyo presidente, Sigmar Gabriel, planteó esa posibilidad a principios de semana. Eso supone un cambio de rumbo en la política alemana respecto a la UE. A ese movimiento siguieron, en términos semejantes, los del jefe del grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata (SPD), Frank-Walter Steinmeier, así como del exministro de Finanzas, Peer Steinbrük. Todos, a favor de una responsabilidad compartida sobre la deuda. Deben considerarse estas actuaciones en clave electoral. Los tres políticos socialdemócratas, Gabriel, Steinmeier y Steinbrück, son virtuales aspirantes a candidato de la primera fuerza de la oposición para las generales de 2013, probablemente el próximo año se definirá cuál de ellos será el rival de Merkel.

Luis de Guindos y el Banco de España van a tener estos días una tarea urgente: pedir formalmente ayuda para Bankia, la entidad que más preocupa en Europa. La Comisión lleva días repitiendo que solo pueden efectivizar los 30.000 millones para la recapitalización urgente de la banca nacionalizada, si España lo solicita. Por ahora esa petición no llego a Bruselas.

Esta entidad ha sufrido un altibajo en bolsa como consecuencia de las exigencias de la ayuda. El FROB recordó el pasado jueves que el Memorando de Entendimiento (MoU) de la ayuda financiera señala que "los accionistas deberán participar en la cobertura del coste de los procesos de saneamiento de las entidades que precisen ayudas públicas en los términos que establezca el plan de reestructuración que apruebe el Banco de España y la Comisión Europea". La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri vio rota con el anuncio del FROB, Fondo de Reestructuración Bancaria, una racha de once subidas consecutivas, que le valieron para elevar su valor en Bolsa en unos 1.100 millones de euros desde su última caída, registrada el pasado 25 de julio. Al 14 de agosto la dinámica bajista situó a la acción en el límite del euro.

La maraña de documentos legales que salen de Bruselas marcará muy de cerca todos los aspectos imaginables de la economía española. El procedimiento por déficit excesivo, el texto que fija el calendario para la consolidación fiscal hasta 2014, puede multar al Estado que se salga del camino marcado. Más preocupante aún sería un fallo en los objetivos del memorando de entendimiento, ya que podría suponer la cancelación de la ayuda financiera a la banca. Este es un documento fundamental. La Comisión y los Gobiernos de la zona euro examinarán su cumplimiento al detalle y servirá de base para el otro memorando que España tendrá que firmar necesariamente si finalmente pide ayuda al fondo de rescate.

Mariano Rajoy lo intentó con la banca, pero las prisas de sus socios europeos no se lo permitieron, y la petición del rescate provocó una gran alarma entre los ciudadanos, al margen de las consecuencias que tuvo sobre los mercados. Ahora, con el rescate blando que prepara el Gobierno español para que el Banco Central Europeo compre deuda española, el presidente del Ejecutivo quiere que vaya calando en la sociedad la conveniencia de acudir a este mecanismo y ha puesto a todo el Gabinete a preparar el terreno para que la solicitud no provoque alarma.

Se trata, según las fuentes consultadas, de que el rescate se vea como la solución a los problemas que vive en los últimos meses la emisión de deuda soberana. Y, sobre todo, que los ciudadanos vean en el rescate una solución, más que un problema más de la economía española. Pero, además, desde el Gobierno central se pretende conseguir que vaya calando en la opinión pública el mensaje de que las condiciones en las que se preste la ayuda y las exigencias que se impongan a España son las más beneficiosas para el país, de forma que la sociedad española vaya asumiendo el ánimo con el que al parecer los mercados y las empresas han acogido la posibilidad del rescate, que ya dan por hecha y analizan como positiva.

La operación del BCE, en la deuda a corto hispana, tiene un doble objetivo: "Restablecer el acceso de España a los mercados a corto plazo y usar el alto coste de la deuda a largo para mantener la disciplina". Para los analistas del periódico catalán La Vanguardia, algo importante está cambiando en la zona euro en las últimas semanas. Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), y la mayoría del nuevo consejo del poderoso banco central empiezan a hablar el mismo lenguaje que la City londinense, Wall Street y Washington. "Hay un nuevo régimen en el BCE y Draghi entiende que el papel debe ser de prestamista de último recurso", dijo Charles Wyplosz, director del Centro Internacional de Estudios Monetarios y Bancarios de Ginebra”.

Un indicador sensible a la ruptura de la paz social son los niveles de los impagos. La morosidad en la banca superó todos sus récords históricos en junio, para motivo de especulaciones, en el mismo mes en el que el Gobierno español decidió pedir el rescate europeo para recapitalizar el sector.

Estos datos se registran desde enero de 1962. Nunca, desde que el Banco de España los recoge, se alcanzó tan alto porcentaje de créditos impagados, frente al total de la cartera de las entidades. Llegó al 9,42% durante el pasado junio. Esta tasa equivale, según los datos publicados por el supervisor, a 164.360 millones que las entidades tienen muy difícil recuperar.

El porcentaje aumenta en más de nueve veces los niveles previos al estallido de la crisis, de la financiera en 2008, o por ocho veces los que presentaba antes del fin de la burbuja inmobiliaria a finales de 2007. El aumento de la morosidad entre junio y mayo, fue de 8.387 millones. Los antecedentes nos remiten a julio de 2009, en que subió más el crédito moroso en apenas un mes con un avance de 9.346 millones. El máximo en la morosidad hasta entonces era de 1994, tras la quiebra de Banesto, que dejó un agujero de 3.660 millones de euros.

Pese a todo este panorama, en Bruselas reconocen el “esfuerzo impresionante” que ha hecho el Gobierno para reducir el agujero presupuestario y las reformas estructurales aprobadas, pero hay algunos aspectos que echan de menos. “Si la situación económica se deteriora en el segundo semestre, será muy importante que España se centre en las políticas de impulso a las pequeñas y medianas empresas, lucha contra la pobreza y generación de empleo”, señalan fuentes de la Comisión. Para la oposición ese propósito es un verdadero oximorón.

El Gobierno responde que está haciendo los deberes y que es demasiado pronto para hacer una valoración global. “Nuestro compromiso es claro y firme tanto en déficit como en el sector financiero. Para el primer objetivo hemos dado los pasos adecuados, y para el segundo estamos dentro de los plazos fijados”, responden en el Ministerio de Economía.

Para un número creciente de analistas, estos ajustes están dentro de la hipótesis de la “des-eurización” que ronda sobre las cabezas dirigentes de gobiernos y empresas. España ha perdido de facto acceso a los mercados. Y empresas como Securitas, ING y hasta la matriz de Iberia y British Airways reconocen públicamente (mediante el The Wall Street Journal) que se preparan para un mundo posteuro.

La salida de Grecia antes del 2013, a la que Wim Buiter, de Citibank, asigna una probabilidad del 90%, dispararía el riesgo de convertibilidad con consecuencias terroríficas para España. En definitiva, lo que el BCE pretende es disciplinar a Rajoy y hacerle comprender que no tiene alternativas dentro de las presentes reglas del juego… sin contar, claro está, con que España se salga del euro. Por su tamaño ese sería el acto final de la aventura europea.

Rajoy no comprende, o eso parece, que en su debilidad está su fuerza. Tal vez el único requisito que debería demostrar para gestionar este juego de poderes fuese una determinación que parece no tener. Sus deficientes relaciones con la prensa son una fuente de rumores constante.

Por contrapartida a ese escenario, lo que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende insistentemente transmitir es que, en realidad, el rescate para ayudar a la deuda es beneficioso dado que España tendrá que pagar por esa deuda un interés más reducido que el que en estos momentos paga por la deuda que coloca en el mercado. Y a partir de ahí, la carga de lo que España tendrá que pagar en el futuro, y que condicionará los presupuestos del Estado de los próximos años, será mucho menor.

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy subrayó, el viernes 3 de agosto pasado, en su comparecencia ante los medios de comunicación antes de empezar unos días de vacaciones en Galicia, las consecuencias del incremento de los intereses que ha sufrido España en los últimos meses. Durante ellas, está evitando exposiciones públicas que lo sometan a la ira de los afectados por la situación.

Es que con una prima disparada desde hace ya varios meses por encima de los 500 puntos, y casi un mes por encima de los 600, el Estado español tendrá que pagar 8.000 millones de euros más por intereses de la deuda el año que viene con relación a los que ha pagado este. Una cantidad, subrayan en el Ejecutivo, que obligará a hacer nuevos ajustes en los presupuestos generales del Estado del 2013, que serán muy restrictivos, aún en el idílico caso que no se pida un nuevo rescate.

La conducta de la administración central española desconcierta en Europa. El 11 de agosto, en una entrevista concedida al diario germano “The Bild am Sonntag”, Guido Westerwelle sostiene que "España es un país muy sólido con una economía muy fuerte". "El Gobierno español de Mariano Rajoy ha mostrado una gran determinación a la hora de aplicar las reformas", afirma el titular de Exteriores alemán. "Por eso soy tan optimista sobre España", concluyó.

El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, recordó ayer 14 de agosto, también, que la posibilidad de recurrir a los fondos de rescate europeos para comprar deuda soberana de los Estados miembros en dificultad implicará "una condicionalidad estricta" y la solicitud previa del país afectado. Las condiciones que imponga la comisión serán, por tanto, de obligad cumplimiento y suponen pérdida de soberanía para los estados solicitantes.

Presumimos que, para ese desconcierto, el presidente del Gobierno Español ha insistido este martes 14 de agosto, desde Palma de Mallorca, en no descartar pedir la ayuda a los fondos europeos. Esto, como era previsible, ha sido bien recibido en los mercados, donde la presión contra la deuda del país ha mejorado de forma visible. Exactamente, Rajoy afirmó que: "Si nos parece razonable, haremos lo mismo" que con los bancos. Sus palabras han servido a los inversores para reafirmarse en su teoría de que España está cada vez más cerca del rescate, lo que permitiría al Banco Central Europeo (BCE) empezar a comprar deuda española y mantener sus precios bajo control.

Finalmente, en un orden más interno, y tras el aluvión de críticas recibidas luego de anunciar que no lo haría, el presidente del Gobierno, en la referida comparecencia, ha anunciado también que en el Consejo de Ministros del 24 de agosto se prorrogará, con efecto retroactivo y severas condiciones, el Plan Prepara. Esta es una ayuda de 400 euros para parados de larga duración sin ingresos e inscritos en itinerarios de formación. Esto, fue implantado por la administración Zapatero y cuestionada por el PP en la oposición, por entender que desalentaba la búsqueda efectiva de empleo. En suma, este subsidio se prolongará ante la presión de desde diversos sectores políticos y sociales, incluídos significativos líderes del propio partido gobernante. Fiel a su estilo, Rajoy ha estirado su decisión aún a costa del desgaste que ello supone.

Con estos mensajes, el Gobierno central intenta también minimizar el otoño caliente que ya ha asumido que se va a encontrar, puesto que los sindicatos han sido muy claros sobre sus intenciones durante la reunión que mantuvieron en julio con Mariano Rajoy. En este sentido, existe un gran malestar por la reducción del sueldo a los funcionarios al suprimirles la paga extra de Navidad de este año.

Un malestar que no se quedará ahí, puesto que, como mucho, el año que viene la Administración central congelará de nuevo el sueldo de los funcionarios estatales. Y todo hace pensar que las comunidades autónomas tendrán también que rebajar el sueldo a los empleados públicos de cada autonomía, como ya ha insinuado que hará la propia Comunidad de Madrid, dado que la supresión de la paga extraordinaria no se consolida en el salario.

La estrategia del Gobierno central se ha visto condicionada por los datos del barómetro de julio del Centro de Estudios Sociológicos, que se difundió el pasado lunes, y que reflejan una imagen muy negativa del Ejecutivo y de su presidente entre los ciudadanos, incluidos los votantes del Partido Popular. En este escenario, el Gobierno español intenta que su trabajo de preparación para las malas noticias propicie que los ciudadanos puedan entender más fácilmente la situación en la que se encuentra la economía española y los recortes que el Gabinete se ve obligado a adoptar para cumplir con sus compromisos europeos.

En este frente interno, la oposición socialista comienza a esgrimir el argumento del sustento antidemocrático de la figura del presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados de España, Soraya Rodríguez, ha expresado su "absoluto desacuerdo" con las recomendaciones económicas provenientes de esa fuente cuando Draghi insiste sobre la conveniencia de bajar los salarios en España. En ese sentido le ha recordando que no es el ministro de Economía de la Unión Europea ni tiene refrendo democrático para imponer esas medidas.

En una entrevista en días atrás con Europa Press, Soraya Rodríguez ha subrayado que, después de cinco años de crisis y más de tres con medidas de ajuste, se ha visto que las recetas de la reducción del gasto y del Estado del Bienestar ofrecen consecuencias negativas. "Las políticas neoliberales de la derecha alemana y europea han fracasado". Además, prosiguió la parlamentaria, los ciudadanos deben ser quienes eligen a los representantes que dirijan la Unión económica, "pero no vale que se impongan las recetas de gente nombrada por cooptación de aquellos que democráticamente son elegidos". "Hay que comenzar a poner muy en claro esto: el déficit democrático de la UE debe solventarse… Es como en la revolución de las colonias americanas frente a Inglaterra: no hay impuestos sin representación".

En este marco, un pintoresco alcalde de la coalición Izquierda Unida, liderada por el PC Español, hizo su aparición en los primeros días de agosto con un “asalto alimenticio” a las cadenas de distribución de alimentos. La simpatía hacia la acción, aunque no necesariamente hacia el personaje, pretendió ser anulada por el Ministro del Interior español con una ágil citación. Tal celeridad desembocó en "que no es legal" para declarar ante el juzgado de Écija, que no es competente, en relación con los asaltos a supermercados registrados en esa semana. La razón es que estos fueron organizados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), al que pertenece el alcalde de Marinaleda y diputado autonómico por IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo.

El citado, ha pedido al ministro de Interior que "se vaya a su casa" porque considera que "es un inútil que no se sabe las leyes". Ocurre que ese juzgado carece de competencias. Sánchez Gordillo ha explicado que por su condición de aforado, al ser diputado autonómico, debe ser el Tribunal Superior de justicia de Andalucía (TSJA) el que le envíe la citación "y el TSJA no ha cursado ninguna orden para que tenga que ir declarar". Este oficio correspondiente a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental está fechado este viernes 10 de agosto y como "asunto" se especifica "Citando de comparecencia número 1 de Écija (Sevilla)". Se remite a "Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla)".

No obstante, desde el Juzgado insisten en que, al 15 de agosto, ese oficio no ha sido ordenado por el juez. Dislates como este no benefician a la imagen del conjunto del gobierno que en el manejo de la gestión del déficit (porque de eso se trata), sigue mostrando discrepancias entre ministerios tan cruciales como el de Economía y el de Hacienda.

El episodio, ciertamente anecdótico, fue cuestionado en público desde los portavoces políticos. Pero ha resultado simpático a vastos sectores de la opinión española. Precedente riesgoso que parecen no percibir desde el gabinete de la Moncloa. A esto se añade la intención, al menos expresada, de renunciar a su fuero protector del promotor de la acción. Sí, el Sr. Gordillo ha anunciado su deseo de dejar su fuero para someterse a las acciones legales que se le inicien. No es tiempo de mártires, deberían susurrarle al oído presidencial. El PSOE acaba de denunciar que los robos en viviendas han subido un 130 por ciento en el primer semestre de este año, respecto al mismo periodo de 2011, según los datos del Ministerio del Interior, que están recogidos en su página web.

En general, todos los analistas se están afiliando a la idea de que, entre setiembre y octubre, los niveles de ruptura en la “paz social” harán dificultosa, otros analistas la definen como ingobernable, la gestión del gabinete de Rajoy. Para navidades falta un mundo tal y como está la dinámica de la situación. Entonces se comprobará la eficacia, no eficiencia, que las medidas de ajuste han tenido sobre el control del déficit español.

La prima de riesgo española, el diferencial entre el bono español a 10 años y el alemán, considerado seguro, se ha situado el 16 de agosto por debajo de los 500 puntos básicos, en concreto 499, por primera vez desde el 4 de julio, un día antes de que el Banco Central Europea anunciara la rebaja de los tipos de interés hasta el 0,75%. Las palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el martes 14, aceptando la solicitud del rescate, hizo que el diferencial perdiera en dos días más de 30 puntos básicos, lo que dejó la rentabilidad del bono español a 10 años por debajo del 6,6% (6,52%). Esos niveles aún son disparatados para un país con su economía contrayéndose.

Esto nos recuerda, para describir la posición del gobierno Rajoy frente al conjunto de los españoles, a la recomendación de Porcia a Shylock, en El Mercader de Venecia: “Prepárate, pues, a cortar la carne; no viertas sangre y no cortes ni más ni menos que una libra de carne; si tomas más o menos de una libra precisa, aun cuando no sea más que la cantidad suficiente para aumentar o disminuir el peso de la vigésima parte de un simple escrúpulo; más aún: si el equilibrio de la balanza se descompone con el peso de un cabello, mueres, y todos tus bienes quedan confiscados.”

El BCE podría detallar el 6 de septiembre, algunas de las medidas extraordinarias que tiene en mente, durante su reunión mensual del Consejo de Gobierno. Si la petición de ayuda no llega en esos días desde España, la prima de riesgo se le podría elevar hasta colocarla una situación insoportable. Luego, se conocerían las medidas impuestas desde Bruselas, entre ellas el ajuste de las intocables pensiones de los españoles, como contrapartida. Es, en ese momento, cuando en España le recordarán Shakespeare a Rajoy.