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Nicaragua: Oposición parlamentaria y presión por el cambio PDF Imprimir E-Mail

Ago-13-12 - por Edmundo Jarquín *

Hace pocas semanas, en ocasión de verificarse en un Centro de Votación, Daniel Ortega dijo que solamente había dos formas de cambiar gobiernos: las armas o los votos, y que afortunadamente en Nicaragua se habían impuesto los votos.

Si Ortega tiene razón, Nicaragua está entrampada en un callejón sin salida, porque la guerra no es deseable, ni, afortunadamente, viable, y desde que Ortega regresó al gobierno, los votos ya no sirven para cambiar gobiernos.

Afortunadamente Ortega no tiene la razón. A raíz de sus declaraciones diversos analistas han recordado que, como lo demuestra la historia y el caso reciente de muchos países, entre ellos los que integraron el bloque socialista, la movilización de calles y las diversas formas de presión social y política, ha conducido al cambio de gobiernos, o a la creación de condiciones que hacen posible vías pacíficas para el cambio de gobiernos.

Esta discusión se ha actualizado por dos razones. Primero, las declaraciones que esta semana diera el General (r) Humberto Ortega en el sentido que “al poder en cualquier parte del mundo se le enfrenta no solo con ideas, se enfrenta con presión, presión social, en el marco de la no violencia, en el marco del respeto al orden y la ley….”. En otra parte indicó: “Hay que exigirle a la clase política por diferentes medios de presión que cumpla con la Constitución, que respeten el Estado de Derecho y que respeten las libertades por las que fuimos a morir”.

Otra razón de la pertinencia de la discusión es el debate que se ha abierto, aunque incipientemente, sobre el papel de la oposición parlamentaria y su vínculo con la necesaria presión para el cambio.

El desproporcionado resultado que el Consejo Supremo Electoral (CSE) asignó a favor de Ortega en las últimas elecciones, implicó el desproporcionadamente pequeño número de diputados que ese Consejo asignó a la oposición. Nadie esperó que la integración a la Asamblea Nacional de esos diputados fuese para, desde semejante minoría, tratar de influenciar las decisiones legislativas. La decisión de integrarse hacía sentido desde la perspectiva de configurar, desde la oposición parlamentaria, una posición de tal fuerza política testimonial capaz de animar, aunque fuese progresivamente, la presión extraparlamentaria de los ciudadanos y las diversas organizaciones.

Pretender construir consensos en la Asamblea Nacional, desde una ínfima minoría y sin presión de calle, es ilusorio. Que esa presión de calle aún no exista en la dimensión deseable, aumenta la responsabilidad de la oposición parlamentaria de ayudar a crearla con posiciones testimoniales enérgicas. Nunca se sabe cuándo aparecerá la chispa que incendie la pradera, y bien pudiera estarse gestando entre los pocos jóvenes que reiteradamente protestan frente al CSE.

En la agenda del cambio que se necesita, está pendiente conectar la oposición parlamentaria con la oposición extraparlamentaria, y este debería ser el camino a seguir en vez de las descalificaciones recíprocas entre uno y otro sector.

Conocer por los hechos

En la misma ocasión Ortega dio unas declaraciones un tanto crípticas o enigmáticas. O quizá porque eran un improvisado descargo de conciencia, así lucían. Se preguntó que dónde estaban los montones de gente reclamando su cédula, alegato con el cual se había cuestionado otros procesos electorales.

Nada de enigmáticas son esas declaraciones, me comentó un amigo que le conoce mucho. Y agregó: algo se va a mover por el lado de la cedulación. Ya verás, concluyó.

Antes que Ortega moviera ficha por el lado de la cedulación, los ciudadanos se encargaron de hacerlo. Y en la siguiente semana se publicaron fotos de muchedumbres en Siuna y Camoapa reclamando su cédula. Más evidencia de la existencia del problema, imposible.

Casi a renglón seguido vino la movida de Ortega: la Asamblea Nacional, de vacaciones, fue convocada con carácter de urgencia exclusivamente para considerar un proyecto de ley para extender por 15 días el período de cedulación.

En verdad, el plazo de cedulación puede ser aún más amplio, y el problema de fondo no se resuelve mientras haya una cedulación con sesgo partidarizado a favor de los simpatizantes del gobierno. De hecho, y sin que hubiera ningún plazo acotado por un proceso electoral, desde que Ortega volvió al poder ha existido el problema de la cedulación para miles y miles de nicaragüenses. Mucho antes de las elecciones del año pasado, ya era una grita generalizada el problema de las cédulas. Son muchos los ciudadanos que están esperando su cédula desde hace más de tres, cuatro o cinco años.

En la intención de Ortega, esa ampliación del plazo de cedulación tiene el mismo objetivo que las cosméticas reformas a la ley electoral aprobadas hace pocos meses: decir que está atendiendo a las recomendaciones para mejorar el sistema electoral. Votos de la oposición para algunas de esas reformas, han ayudado, si se quiere involuntariamente, a tal objetivo. Pero en la práctica, que Ortega cosméticamente se mueva en la dirección de las recomendaciones que se han hecho para mejorar el sistema electoral, es el reconocimiento que problemas en el mismo existen. Y si los hechos, como ha ocurrido con las reformas a la ley electoral, se encargan de desmentir las intenciones de las leyes y sus reformas, el maquillaje se caerá como el descascaramiento de paredes mal pintadas.

Como dijo uno de los pocos diputados de la oposición que votaron contra el proyecto de ley de ampliación del plazo, “el problema no es solicitar la cédula, sino que las entreguen”.

* www.confidencial.com.ni

 
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