Ago-07-12 - por Rosendo Fraga

El decreto 1277 que reglamenta la ley de estatización de YFP y extiende a todo el sector hidrocarburífero la intervención estatal, desde el punto de vista institucional, entra en conflicto con el artículo de la Constitución Nacional sancionada en 1994 que provincializó los recursos naturales.

Pero al mismo tiempo este decreto tiene como base el artículo de dicha ley, que declaró de interés público nacional toda la actividad hidrocarburífera.

Desde esta perspectiva, este articulo de la ley, que de hecho nacionaliza dicha actividad reservada por la Constitución a las provincias, es inconstitucional. Pero también es cierto que los senadores de las provincias petrolíferas a fines de abril lo votaron, cuando podrían no haberlo hecho, sin que por ello dejaran de votar la estatización de YPF.

Además, no se registró ninguna crítica relevante en las provincias que tienen petróleo a sus senadores nacionales por haber votado un artículo que claramente entra en conflicto con el interés de estas provincias.

Recién ahora las provincias comienzan a reaccionar y es Mendoza -la más grande de ellas en términos de población y PBI- la que está dando los primeros pasos, incluso con proyectos que se presentan en la legislatura provincial.

Pero los gobernadores -que a través de sus senadores nacionales votaron hace sólo dos meses el artículo mencionado- no pueden argumentar sorpresa y mucho menos traición desde el punto de vista político, dado que se trata de un artículo explícito que contradice el texto constitucional e igualmente lo votaron.

Algo similar sucedió en 1994, cuando la mayoría de los constituyentes de las provincias más chicas votaron la eliminación del Colegio Electoral, que redujo sensiblemente su poder político, y sin que en las provincias se expresara protesta o reclamo alguno de significación.

Desde el oficialismo nacional ya se ha explicitado que si se logra avanzar en la reforma de la Constitución Nacional, se va a revertir la propiedad provincial de los recursos naturales para que vuelvan a ser del estado nacional como de hecho lo establece la ley de estatización de YPF.

Como en el caso anterior, se trata de algo explícito frente a lo cual las provincias petroleras, ya sea por conveniencia política, falta de visión o incapacidad política, prefieren no cuestionar.

Que Axel Kicillof sea el funcionario designado por la Presidenta para ejercer la intervención en todo el sector hidrocarburífero se debe a que es el funcionario que en el área económica mejor interpreta la ideología de la Presidenta.

Por lo tanto, no son su experiencia de gestión ni su habilidad política las causas por las cuales Cristina le confía cada vez más poder, sin que los gobernadores parezcan hasta ahora tener voz sobre ello.