Mar-06-08 - por Pulso Bolivia*

Prebenda y dispendio de lo público

Aunque no tienen aureola, son santos de su devoción. La afinidad histórica del presidente Evo Morales con las organizaciones sociales (bajo la forma de sindicatos, representaciones indígenas-campesinas, confederaciones y otros) no necesita de mayores explicaciones. Producto del liderazgo sindical, el Primer Mandatario mantiene con estas bases una estrecha relación, la misma que es importante sostén de su legitimidad y apoyo popular y político.

Pero una cosa es el reconocimiento que, con justo derecho, hace el Presidente de estas organizaciones, en tanto movimientos sociales, y otra el rol que, en un Estado de Derecho, les corresponde a éstas desempeñar.

En el mismo sentido, una cosa es contribuir con fondos públicos (278.858 dólares) a que se construyan 300 establos para el ganado bovino en comunidades de la cuarta sección de El Alto, a hacer que quienes lleven adelante este proyecto no sean las autoridades electas y con un mandato de representación y administración de los recursos públicos (el o los municipios, reconocidos en el marco legal vigente en el país), sino la -respetable, por cierto- Federación de Campesinos de El Alto.

Y es que, sin que medie la menor intención de mellar la credibilidad y legitimidad de estas organizaciones, tan importantes para la democracia en cuanto instancias de participación ciudadana, es conveniente recordar que en democracia no sólo hay que cuidar la participación social sino también la institucionalidad del Estado.

En esta misma línea se asienta la preocupación que surge ante algunas señales que se advierten en el Gobierno, unidas a las declaraciones del Presidente que sostiene que "la organización tiene que ganar a las alcaldías. Si las organizaciones donde estamos desembolsando recursos económicos nos demuestran que pueden manejar mejor y más rápido que las alcaldías, entonces hay que trabajar con las organizaciones y no tanto con las alcaldías".

Cabe, al punto, recordar que ningún proceso democrático, por revolucionario que sea, puede desconocer o menoscabar la institucionalidad de un país, esto es, la presencia y el papel de sus instituciones y representantes. No hacerlo no sólo expone al país al riesgo del autoritarismo (corporativo o partidista), sino a la práctica de algunos de los peores vicios que sufren las sociedades: la corrupción y la prebenda en el manejo del dinero que tendría que representar mejores condiciones de vida para la gente.

En Bolivia, sin Tribunal Constitucional y con instituciones cuestionadas -como la Corte Nacional Electoral-, los pocos reductos de institucionalidad sin ambages son los municipios. Aun en los momentos de mayor crisis e inestabilidad política -que no han sido pocos en los últimos años-, el espacio local ha mostrado su grado de institucionalidad trabajando sin pausa y encarando oportunamente los problemas de corrupción que se le han presentado. La autoridad que tienen está directamente dada por la ciudadanía y son las organizaciones sociales entes fiscalizadores por excelencia del manejo de recursos. ¿Qué se puede esperar, entonces, si se erosiona este sistema, vulnerando las reglas del juego democrático y cambiando las posiciones en el tablero?

*Artículo publicado en el semanario PULSO de Bolivia la primera semana de marzo de 2008