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Más allá de los resultados: ¿Qué dejaron las elecciones en México? PDF Imprimir E-Mail

Jul-06-12 - por Lisandro Devoto*

El proceso electoral del 1 de julio pasado nos deja un nuevo paso dado por la joven democracia (competencia democrática) en México, recordando que recién desde el año 2000 (y si concedemos un poco desde 1994) los mexicanos eligen presidente de la república bajo reglas más confiables y de mayor competencia, donde el candidato de cualquiera de los tres partidos más importantes del país puede tener aspiraciones serias de victoria. Esta ha sido una elección que ha mostrado niveles de participación muy altos si se comparan con las contiendas anteriores, votando más de 49 millones de mexicanos (alrededor del 63% del listado nominal). Además, se ha logrado una participación récord en actividades de fiscalización del proceso electoral federal: un millón de ciudadanos capacitados por el Instituto Federal Electoral (IFE) para fungir como funcionarios de casilla, y alrededor de dos millones de personas capacitadas por los partidos políticos para actuar como sus representantes y defender sus intereses en cada una de las urnas. Además el IFE avaló más de 31.000 observadores electorales y 700 provenientes de 69 países.

También nos deja la certeza de que la democracia mexicana está basada en la desconfianza, como se suele escuchar cuando se discute al respecto por estas latitudes. El régimen de partido hegemónico que personalizó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por setenta y un años ha dejado huellas profundas en la forma en que se enfrentan los procesos electorales, tanto en la ciudadanía como en muchos de los hoy candidatos a cargos de elección popular. El episodio de fraude electoral de 1988 fue un punto trascendental en la transición política. Sin embargo esta desconfianza en el sistema parece por estos días estar basada más en lo ocurrido en el pasado que en la posibilidad cierta de que algo ocurra en el presente que pudiera fraguar el resultado final de una elección nacional. El IFE, completamente ciudadanizado desde el año 1994, ha mejorado la mecánica electoral de manera notable, implementando diversas medidas para respaldar el voto de los ciudadanos, y lograr un proceso confiable y prácticamente blindado. A su vez, también en los años noventa, se crearon la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) que depende de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, sus antecesores fueron el TRICOEL y el TRIFE), institución esta última que tiene la última palabra en materia electoral en el fuero federal. Tomando en cuenta las reformas que se realizaron en los últimos veinte años tanto al código electoral como al código penal (tipificando delitos electorales) y al esquema contencioso electoral federal, México ha dado pasos sólidos en pro de fortalecer la confiabilidad y dar mayor certeza a los resultados de los comicios. Estos avances han sido incluso reconocidos a nivel internacional, lo que ha quedado plasmado en convenios realizados con IDEA Internacional y con la Unidad de Asistencia Electoral de las Naciones Unidas, sólo por poner dos ejemplos.

Cómo expresé anteriormente, más allá de los progresos alcanzados en el ámbito electoral un porcentaje importante de la población aún desconfía de los resultados de las elecciones y, por consiguiente, pone en duda el trabajo de la autoridad en la materia, tanto del IFE como del TEPJF (situación que se replica a nivel local). Hoy somos testigos de los dimes y diretes postelectorales. Andrés Manuel López Obrador, candidato de las izquierdas (PRD-PT-Movimiento Ciudadano) a la presidencia, informó que impugnará la elección y denuncia irregularidades en más de 113 mil casillas. Pide a las autoridades electorales revisar todas las casillas instaladas en el país (más de 143.000), y se niega a reconocer el resultado de la contienda, que lo deja en segundo lugar, hasta que eso haya ocurrido. Esta situación llevaría a un conteo voto por voto en 43 de los 300 distritos electorales, que representan entre 45 y 50 mil casillas, en las que las irregularidades denunciadas estás contempladas por la ley electoral. Cabe recordar que dos días antes de la elección todos los candidatos habían firmado, convocados por el IFE, un Pacto de Civilidad donde se comprometían a respetar los resultados electorales. Aunque también es importante aclarar que a López Obrador le asiste la ley y, a diferencia de lo ocurrido en el 2006, parece mantendrá sus reclamos por los canales institucionales y respetará la legalidad. No obstante esta situación no es exclusiva de las izquierdas ni del ámbito federal ya que, por citar un ejemplo, el Partido Acción Nacional (PAN) ha impugnado la elección en una de las delegaciones del Distrito Federal denunciando el uso de recursos públicos en la elección y un exceso en los topes de campaña por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que gobierna la capital del país ininterrumpidamente desde 1997 (incluso López Obrador fue Jefe de Gobierno del DF entre 2000 y 2006).

No podemos dejar de analizar que uno de los problemas centrales del sistema puede detectarse en las motivaciones del voto. Ha habido múltiples denuncias cruzadas ante la FEPADE de compra de voto, acarreos, y difusión de propaganda el día de la elección en distintos estados de la república, que hasta el momento no han tenido consecuencias. Ningún partido queda exento de estas situaciones, aunque según las diferentes fuentes de denuncias la más implicada sería la coalición Compromiso por México, conformada por PRI-PVEM (Partido Verde Ecologista de México). Sin embargo esta situación no implica, de ninguna manera, que se haya producido un fraude electoral ya que, como mencioné anteriormente, el proceso electoral mexicano es uno de los más confiables de la región y ha sido respaldado internacionalmente. Los votos emitidos por los ciudadanos seguramente se han contado de manera correcta y los resultados son ciertos y representan la opinión de la ciudadanía. Las irregularidades mencionadas corresponden a momentos previos al voto, y no posteriores, aunque son realmente complejas de erradicar.

Las instituciones han dado pasos concretos para lograr transparentar y robustecer los procesos electorales federales. La participación cívica ha alcanzado umbrales muy positivos en la jornada electoral que han fortalecido la fiscalización ciudadana. Con todo, parece no ser suficiente. Las prácticas de compra y coacción del voto siguen vigentes tomando novedosas modalidades, al igual que otras prácticas clientelares y de uso ilegal de los recursos públicos con fines electorales. Este proceso paralelo de avances y estancamiento/retroceso atenta contra la legitimidad de los resultados electorales. Podríamos concluir que el devenir de la democracia en México continuará signado por la desconfianza, lo que muestra que el camino por recorrer será arduo para las instituciones democráticas del país en busca de la legitimidad esperada.

* El autor es Licenciado en Relaciones Internacionales y Maestro en Política Económica Internacional por la Universidad de Belgrano.

 
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