Jun-26-12 - por Rosendo Fraga

El conflicto entre la Casa Rosada y Moyano ocupa el centro de la escena política al terminar el mes de junio. Desde el punto de vista histórico, parece confirmarse la constante de que cuando el peronismo está en el poder y no enfrenta una oposición articulada, la misma surge del propio seno del oficialismo. El gobierno sostiene públicamente que la protesta de Moyano y la candidatura de Scioli forman parte de una estrategia de las corporaciones para interrumpir el proceso de cambio que ha tenido un punto de inflexión con la estatización de YPF, generando actitudes destituyentes y eventualmente forzar así una salida anticipada de la Presidente del poder, como ha sucedido en Paraguay con la destitución de Lugo y lo está denunciando en Bolivia Evo Morales a raíz del motín policial que se ha extendido a diez ciudades. A su vez, tanto Moyano como Scioli se ven amenazados desde la Casa Rosada. El primero por las acciones para desplazarlo de la CGT, el impulso de las seis causas judiciales que lo afectan y la demora, desde febrero, en la entrega de fondos para la obra social de su sindicato. En el caso del gobernador, se trata de las acciones del vicegobernador (Mariotto) en su contra desde la legislatura provincial, los cuestionamientos a su política de seguridad de la propia Presidente y su ministra de Seguridad (Garré) y la demora en la entrega de los fondos para el pago de salarios y aguinaldos en la provincia. Pero el factor clave detrás del aumento de la conflictividad política y social está en el hecho de que la economía argentina se ha frenado ya en el segundo trimestre del año y ello potencia los conflictos.

Frente a la protesta convocada por Moyano para el miércoles 27, el oficialismo tratará de imponer su interpretación de que el paro ha sido limitado y Moyano dará prioridad al éxito de la movilización. La división que tiene lugar en el sindicalismo anticipa que la protesta -como paro general- será limitada, incluso en los gremios del transporte. El gobierno está negociando gremio por gremio, otorgando concesiones para aislar la protesta de Moyano en términos sindicales. A su vez el dirigente camionero está en capacidad de movilizar aproximadamente 50.000 personas, como lo ha hecho en más de una oportunidad, con la estructura de su gremio y los aliados sindicales que mantiene a su lado. A ellos se sumarán contingentes de algunos sectores de la izquierda y hasta ruralistas de la Federación Agraria Argentina. En alguna medida, la protesta de Moyano va generando apoyos en diversos sectores opositores como sucediera hace cuatro años atrás con la protesta del campo, cuando se cumplían como ahora los primeros seis meses del primer mandato de Cristina Kirchner. El reclamo para que se eleve el piso para el pago del impuesto a las ganancias y el cobro de las asignaciones familiares genera de hecho una alianza del titular de la CGT con sectores medios, como son por lo general los trabajadores con salarios más altos. La posibilidad de una negociación como la planteada por Moyano de levantar la protesta si se acepta su reclamo en ganancias es descartada por el oficialismo, que la ve como una manifestación de debilidad política.

El conflicto con Scioli se desarrolla en paralelo y los demás gobernadores por lo general evitan tomar posiciones demasiado definidas. El gobernador bonaerense -urgido por un lado por la demora en el giro de los fondos desde la Casa Rosada y por el otro por la necesidad de mantener una posición diferenciada al mismo tiempo- evita condenar la protesta de Moyano aunque tampoco la avala explícitamente, al mismo tiempo que recibe el giro para pagar los aguinaldos a última hora. A veces la neutralidad es una definición política y esto sucede hoy con la actitud de Scioli frente a Moyano, que implica más un apoyo que un cuestionamiento. Si bien algunos gobernadores próximos a la Casa Rosada, como el de Entre Ríos (Uribarri), han criticado a Scioli, otros han eludido hacerlo. El de San Juan (Gioja) lo ha apoyado. El de Córdoba (De la Sota) ha dicho que él también tiene aspiraciones presidenciales. El de Salta (Urtubey) lo ha criticado por hablar de su candidatura, pero al mismo tiempo cuestionó al oficialismo por proponer en este momento la reforma de la Constitución Nacional. Las provincias con dificultades económicas se incrementan. El gobernador de Santa Fe (Bonfatti), que no es peronista, ha dicho que están rascando la lata para poder pagar los salarios. A su vez Córdoba lleva a la Suprema Corte el reclamo para el pago de 1040 millones de pesos adeudados por el ANSES, al mismo tiempo que San Juan, San Luis y La Rioja llevan ante el máximo tribunal sus reclamos por las restricciones a la promoción industrial.

El conflicto entorno a Moyano genera una toma de posiciones fuera del oficialismo. El campo lo ha hecho en su apoyo. La Comisión de Enlace apoyó el reclamo por el aumento del piso para el pago de ganancias y cobro de asignaciones y el gremio rural es uno de los apoyos sindicales más importantes que hoy tiene el dirigente camionero fuera de su gremio. La reunión de la Comisión Social del Episcopado el último fin de semana en Mar del Plata emitió una declaración pidiendo por el mantenimiento de los puestos de trabajo, por los salarios dignos y reclamando diálogo y concertación. Las circunstancias acercaron así la posición de la Iglesia más a Moyano que al oficialismo. Tanto la UCR como el PRO dieron señales de apoyar los reclamos del dirigente camionero y el FAP de Hermes Binner, al pedir un gobierno de concertación -aunque sin sumar a Moyano-, le dio un respaldo indirecto. El titular de la CGT llega a la protesta del 27 habiendo perdido aliados sindicales pero habiéndolos ganado en otros sectores.

En conclusión: el conflicto entre Moyano y la Casa Rosada ocupa el centro de la escena política al finalizar junio, cuando la economía se ha frenado en el segundo trimestre; el gobierno tratará de plantear que el paro ha sido limitado y el titular de la CGT que la movilización ha sido exitosa, planteándose un conflicto por imponer la interpretación de la protesta; por su parte Scioli juega eficazmente con la ambigüedad, eludiendo condenar públicamente a Moyano, lo que implica en los hechos avalarlo, mientras el Ejecutivo le demora la entrega de fondos y el titular de la CGT llega a la protesta del miércoles habiendo perdido aliados sindicales, pero sumándolos por fuera del sindicalismo.