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México de cara a las elecciones: entre la continuidad y el cambio PDF Imprimir E-Mail

Jun-18-12 - por Lisandro Devoto*

México ha entrado en la recta final en el camino a las elecciones del 1 de julio, y como suele ocurrir en períodos de campaña, y los slogans de todos los candidatos a la presidencia se encargan de recordar, los mexicanos deben decidir entre continuidad y cambio. Sin embargo, y como también suele ser obvio, todos los aspirantes a Los Pinos dicen ser el cambio. En este marco, normal en momentos pre-electorales, es útil analizar qué podemos percibir en la sociedad mexicana de estos dos elementos: continuidad y cambio.

Empezando por el cambio, el punto más saliente en el último mes ha sido el surgimiento del movimiento “Yo soy 132”, a raíz de la presentación del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto (EPN), en la Universidad Iberoamericana, y que hoy ya aglutina a representantes estudiantiles de más de treinta universidades públicas y privadas del país. Las principales banderas del movimiento son la crítica al manejo informativo sesgado de los principales medios de comunicación del país (sobre todo las televisoras: Televisa y TV Azteca), supuestamente en apoyo al PRI, y la promoción del voto informado de la ciudadanía. Si bien se presentan como apartidarios, se han expresado reiteradamente en contra de Peña Nieto y, por el contrario, sus posturas son muy cercanas al candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Hasta el momento sus metas parecen ser con miras al 1 de julio, ejemplo de ello es que varios de sus integrantes se mostraron interesados en fungir como observadores electorales en la próxima elección, aunque algunos de sus miembros han hablado de buscar mantenerse como un actor en la escena política mexicana.

Más allá de simpatías o antipatías con determinados candidatos, el movimiento le dio a la campaña nuevos bríos, puso temas álgidos sobre la mesa, dio a la juventud mayor presencia y reavivó la competencia en una contienda que parecía sentenciada cuando la mayor parte de las encuestas habían llegado a dar hasta 20 puntos de ventaja al candidato del PRI. Obligó a los candidatos a tenerlos en cuenta, al punto tal que todos han hecho mención de una u otra manera al movimiento, sus intenciones y sus acciones.

Sin embargo, al mismo tiempo que los estudiantes comenzaban a manifestarse, podíamos ver en el país rasgos del viejo pero siempre presente corporativismo, representados por los gremios que nuclean al magisterio en el país: tanto el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) como la disidente CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación). La presión por mejoras en sus condiciones de trabajo y por la no aplicación de la evaluación universal a los docentes propuesta por la Secretaría de Educación Pública (SEP), dejaron a cientos de miles de niños sin clases por cerca de veinte días en distintos estados de la república, principalmente Oaxaca, donde este conflicto se presenta anualmente, Guerrero y Michoacán. Los maestros también impidieron que se llevara adelante la prueba ENLACE (Evaluación Nacional de Logros Académicos en Centros Educativos), mediante la cual la SEP evalúa a los estudiantes de educación básica (primaria y secundaria) y de educación media superior (preparatoria). Ante esta situación el presidente Felipe Calderón fue tajante al decir que debe respetarse la ley y que el derecho de los niños a educarse no puede verse afectado por pretensiones salariales, sindicales, políticas, o de ningún otro tipo. Los maestros no quieren ser evaluados, por lo menos quienes han participado de estas movilizaciones y plantones así lo manifiestan, y presionan tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales para lograr su objetivo.

Los candidatos a presidente deben lidiar, y lo hacen de distintas maneras, con este México de contrastes entre, por un lado, movilizaciones y reclamos por menor corrupción, mayor equidad y responsabilidad informativa, mayor responsividad a las demandas ciudadanas, mayor transparencia, y por otro, presiones de grupos corporativos que demandan justamente menor injerencia del gobierno en sus asuntos y mayores beneficios.

En este marco la campaña transcurre manteniendo, en la gran mayoría de las encuestas, al priísta Enrique Peña Nieto como puntero en las preferencias de los ciudadanos, aventajando por alrededor de 15 puntos al representantes de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, quien lleva entre 4 y 7 puntos sobre Josefina Vázquez Mota, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN), que gobierna el país desde al año 2000, quedando en el último lugar, con cerca de 3 puntos, Gabriel Quadri, candidato del Partido Nueva Alianza (PANAL) que responde al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En medio de las reacciones que genera la contienda, se pueden destacar algunas que parecen no aportar a la fortaleza del sistema democrático. Ha habido algunos planteos realizados por la candidata del PAN y su equipo contra López Obrador en referencia a que el perredista sería una amenaza para la estabilidad y la concordia del país, y que recuerdan la denominada “guerra sucia” de la campaña de 2006, que fue el preludio de una elección muy ajustada que derivara en serios problemas post-electorales. A estas alturas, AMLO parece no haber aprendido y continúa advirtiendo sobre la posibilidad de un fraude electoral en su contra, y deslegitimando al Instituto Federal Electoral (IFE) y a quienes conforman su Consejo General. Cabe resaltar que más allá de las críticas que puedan hacerse al IFE y a su funcionamiento, muchas de las cuales a su vez son responsabilidad de los partidos políticos, es una institución ciudadanizada que ha marcado un avance importante en la transparencia y confiabilidad de los procesos electorales en México desde 1994 (aunque fue creado a inicios de los noventa, es en 1994 cuando se produce la ciudadanización del IFE, que ya no estaría en manos del gobierno).

Sin duda debe haber cosas por mejorar en el sistema político mexicano, y muy probablemente una que deba replantearse con urgencia sea el acceso equitativo a los medios de comunicación, y una mayor regulación al sector de telecomunicaciones (de lo que parece encargarse el gobierno por estos días). Aunque se han logrado avances en los últimos diez años queda mucho camino por recorrer. Sin embargo, recurrir a artilugios del pasado e inquietar a la ciudadanía con situaciones que son realmente remotas, por no decir imposibles, en las actuales circunstancias, no parece ser el mejor camino.

* El autor es lic. en Relaciones Internacionales y candidato a doctor de investigación en ciencias sociales con mención en ciencia política por FLACSO-México.

 
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