May-09-12 - por Rosendo Fraga

La expropiación de Repsol-YPF acerca a la Argentina a los países del ALBA, que se han caracterizado por este tipo de política en América del Sur. La Venezuela de Chávez es el país que más había avanzado hasta ahora en esta dirección, expropiando más de 200 empresas. En 2007 el gobierno venezolano impuso una modificación de los contratos con las petroleras que exploran y extraen petróleo en la franja del Orinoco, la Exxon no aceptó y reclamó una compensación que finalmente fue fijada y abonada en 907 millones de dólares (por debajo de la pretensión de la empresa estadounidense). Ese mismo año nacionalizó la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos, propiedad de la empresa americana Verizon, que recibió 572 millones en concepto de compra. En 2008 -el año en el que las expropiaciones llegaron a su punto máximo- fue expropiada Sidor, la empresa de acero propiedad del grupo argentino Techint, por la cual se pagó una indemnización de 1.650 millones de dólares. En forma casi simultánea se expropió la cementera Cemex, propiedad del grupo mexicano del mismo nombre, acordándose una indemnización de 600 milloneas de dólares. En 2009, Venezuela expropió el Banco Santander de España, pagándose como compensación 1.050 millones de dólares. El gobierno de Chávez pagó así en concepto de expropiación y compensación aproximadamente 5.000 millones de dólares a empresas extranjeras en el área de servicios públicos.

En Bolivia, Evo Morales llevó adelante un proceso similar al de Chávez en Venezuela. En 2006 nacionalizó los hidrocarburos. Lo hizo con un gesto político, ocupando las plantas con el Ejército, incluida la de Petrobras. Chávez apoyó y asesoró en la decisión y Lula optó por manejarse con cautela, recibiendo muchas críticas en aquel entonces en su país por esta actitud. Se negociaron nuevos contratos de explotación con empresas extranjeras, pero quedan litigios pendientes como el de Panamerican Energy -en la que British Petroleum tiene mayoría- por 233 millones de dólares por la Petrolera Chaco. Dos años más tarde reestatizó la compañía de teléfonos Entel, filial italiana de Telecom de Italia. La cifra de la indemnización se fijo en tribunales internacionales y fue de 100 millones de dólares. A fines de abril de este año, expropió una Transportadora de Electricidad de capitales españoles. La empresa reclama una compensación de 80 millones de dólares y Evo Morales estableció un plazo de 6 meses para llegar a un acuerdo, aunque su Vicepresidente (García Linera) ha dicho que podría no pagarse nada, asumiendo la misma actitud que el Viceministro de economía argentino (Kicillof). Pero al mismo tiempo Evo inauguró una planta de gas de la empresa española Repsol, que paradójicamente proveerá a Argentina. Las compensaciones pagadas por Bolivia se acercan a los 500 millones de dólares.

Ecuador, a su vez, ha tomado medidas en la misma dirección. Si bien no fue una expropiación formal sino la imposición de una renegociación de contratos, la política petrolera del Presidente Correa llevó a que Petrobras -la petrolera estatal brasileña- dejara el país en 2010, no aceptando los nuevos términos. Este año el gobierno ecuatoriano anunció que había llegado a un acuerdo con la empresa para pagarle 217 millones de dólares de resarcimiento. Fue una política similar a la impuesta por Chávez en 2007 para las empresas petroleras extranjeras con inversiones en la Franja del Orinoco, donde se encuentran las reservas de petróleo convencional más importantes de América del Sur. Diferenciándose de la empresa brasileña, la empresa estadounidense Noble Energy sí aceptó formalmente los nuevos contratos impuestos por el gobierno ecuatoriano, pero para que operara el yacimiento La Amistad, el Estado ecuatoriano le abonó 97 millones de dólares. Es así como las compensaciones que debió pagar finalmente el gobierno de Correa a empresas petroleras extranjeras superó los 300 millones de dólares.

La Argentina, durante los nueve años de gobierno del kirchnerismo, estatizó varias empresas de servicios públicos, pero no había expropiado como en el caso de YPF. Fueron reestatizados el Correo (en manos de un grupo argentino), Aguas Argentinas (de capitales franceses), Aerolíneas Argentinas (de propiedad española) y Azurix (de capitales estadounidenses). La Argentina es el país del mundo con más juicios ante el CIADI y por sí sola supera a los que tienen sumados los demás países latinoamericanos. Pero el gobierno no había hecho de la estatización o nacionalización una política sino un recurso de circunstancia. Se había promovido que grupos empresarios nacionales -como Eskenazi, que adquirió a Repsol el 25% de YPF- se hicieran cargo de empresas en manos extranjeras, y la estatización se utilizó sólo cuando no se encontró quien lo haga. Pero ahora, en cambio, la estatización mediante expropiación ha pasado a ser una política del gobierno, el que además ha establecido en la ley que estatiza dicha empresa que es de utilidad pública nacional el abasteciendo y la producción hidrocarburífera del país, algo que abre la posibilidad de que el estado avance con la intervención estatal en todo el sector. Dado el éxito político interno obtenido por el gobierno de Cristina Kirchner, tanto en la opinión pública como en abrumador respaldo en el Congreso, es probable que se profundice esta política con avances del estado en sectores como la electricidad, la minería y las empresas privadas en las cuales el estado es accionista a través de los fondos jubilatorios. En cuanto al resarcimiento reclamado ya por YPF ante el CIADI, es de aproximadamente 8.000 millones de dólares.

En conclusión: la estatización de Repsol-YPF por parte del gobierno argentino se inscribe en una política que desde 2006 han llevado adelante en América del Sur Venezuela, Bolivia y Ecuador; la estatización o nacionalización de empresas, y en particular de energía, ha sido una política común a los cuatro países; la estatización mediante expropiación ha sido el recurso más común de este tipo de política, que ha sido planteada como una forma de defender el nacionalismo y en el caso de Argentina, YPF no es la primera empresa que se reestatiza, pero es la primera a partir de la cual el gobierno la asume la estatización como una política a impulsar.