Abr-25-12 - por Rosendo Fraga

I. Las causas judiciales

La ofensiva del oficialismo contra el titular de la CGT se realiza en varios campos al mismo tiempo.

El primero de ellos es el de las acciones judiciales, de las cuales tres son las más relevantes.

Quizás la más amenazante desde el punto de vista político sea la que afecta a él y su familia por el exhorto de justicia suiza a raíz de la denuncia de lavado de dinero contra la empresa Covelia, presentada hace un año en abril. Esta empresa está bajo control de Moyano, quien la ha utilizado para ganar diversos contratos en municipios de la provincia de Buenos Aires y en el interior del país. El exhorto pide datos sobre toda la familia Moyano y sus vinculaciones con esta empresa. Esta causa estuvo frenada en manos el juez Oyarbide desde fines de abril de 2011, pero desde comienzos de abril comenzó a impulsarla, habiendo allanado la sede de la empresa sin dar a la familia Moyano acceso al expediente. Es la causa más peligrosa porque afecta a él y su familia y no al resto de los dirigentes sindicales.

La gran movilización que realizó Moyano desde la CGT con motivo del día del trabajo el último viernes de abril del año pasado, en la cual reunió más de 100.000 personas en la Avenida 9 de Julio, fue el hecho que llevó entonces al gobierno de Cristina Kirchner a frenar esta causa judicial durante casi un año. Ahora, el oficialismo busca demostrar que tiene más poder de movilización en la calle que el titular de la CGT. En diciembre Moyano reunió a los militantes del sindicato de camioneros en el estadio de Huracán bajo la lluvia. La Cámpora intentó realizar un homenaje al ex presidente del mismo nombre en el 39 aniversario de su triunfo electoral el viernes 9 de abril, pero no logró hacerlo. Ahora ha contratado el estadio de Vélez Sarsfield para el viernes 27 de abril, día en que Moyano preparaba un nuevo acto con decenas de miles de personas para volver a mostrar que tiene más poder en la calle que el gobierno.

El resto de los dirigentes sindicales que lo acompañan decidieron no seguirlo y entones el acto sindical fue levantado; como alternativa, el dirigente camionero realizará el jueves 26 un acto en el Parque Roca, en el cual los camioneros de la rama recolectores le agradecerán las conquistas alcanzadas en los últimos años.

La segunda causa judicial que lo amenaza es la del APE, el organismo de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que adjudica y controla los subsidios que compensan el alto costo de las llamadas operaciones de alta complejidad. La causa la tiene el juez Bonadío y han sido denunciadas irregularidades en la obra sociales de camioneros, pero también en otras decenas de gremios. Se trata de una causa judicial en la cual todo el sistema sindical se ve amenazado y Moyano encuentra aliados, a diferencia de lo que sucede con la anterior. El juez ha recibido en abril informes de la Auditoría General de la Nación sobre estas irregularidades que activaron la causa. Paralelamente, el oficialismo terminó de desmotar la influencia de Moyano en el APE. El yerno de su mujer (Azorey) estaba a cargo de la dirección de tecnología del organismo, clave para el control de los subsidios. La nueva titular de la SSS, la ex diputada kirchnerista Korenfeld, colocó en este cargo a su hijo, de apellido Lescano.

La tercera ha sido presentada en abril y es por la denuncia de irregularidades en el otorgamiento sin adjudicación a camioneros del control de los contenedores en el puerto. Esta tercera causa afecta solo al sindicato de camioneros y simultáneamente fueron desplazados de la secretaría de Transporte los funcionarios que quedaban respondiendo a Moyano, quien a través de su alianza con Kirchner -implementada a través del ministro De Vido- tenía hombres propios en la diversas subsecretarias de la secretaría de Transporte (terrestre, marítimo, aéreo y ferroviario).

Es así como durante el mes de abril, desde el oficialismo se impulsaron las tres causas que afectan a Moyano: el exhorto de la justicia suiza que lo amenaza en lo personal, familiar y patrimonial; la del APE, que afecta a la obra social de su gremio; y la del control de los containers en el puerto, que involucra a su sindicato.

II. Su desplazamiento en la CGT

Al mismo tiempo, desde la Casa Rosada se impulsa su desplazamiento de la secretaría general de la central obrera en la elección de autoridades que se realiza a comienzos de julio.

El oficialismo pretendió que renunciara al cargo a fines de 2011 como resultado del triunfo electoral y sus efectos políticos.

Pero Moyano resistió. Fue ganando apoyos en el sindicalismo, que percibió en la amenaza de estatización de las obras sociales impulsada por La Cámpora una amenaza para el conjunto del sindicalismo.

En marzo, la aproximación de Moyano a los dirigentes sindicales que habían apoyado la candidatura presidencial de Duhalde -Barrionuevo, titular de la CGT disidente Azul y Blanco, y Venegas. líder de las 62 Organizaciones Peronistas- le permitió articular una mayoría para ser electo en el Congreso de la central obrera, donde cada gremio tiene una cantidad de congresales de acuerdo a sus volumen de afiliados.

Moyano impulsó primero la idea de que el secretario general de la CGT se eligiera en forma directa por los trabajadores, como lo elige la CTA, pero Barrionuevo no compartió la iniciativa, quizás pensando que ella podía afectar un sistema sindical que hoy requiere más que en años anteriores de la concentración del poder, dada la amenaza que implica el avance de los sectores combativos en las comisiones de delegados en las grandes empresas.

Tampoco logró apoyo para modificar el estatuto de la CGT y que el voto en el Congreso sea secreto, para evitar que los sindicatos que apoyen su candidatura sufran represalias del gobierno.

El candidato del oficialismo para reemplazarlo es el secretario general del gremio metalúrgico (Caló), quien hasta la segunda semana de abril no aceptó confrontar con Moyano. Recién lo hizo cuando Barrionuevo -quien lidera unos 40 gremios, en su mayoría chicos- decidió abandonar la alianza con el dirigente camionero y sumarse a quienes se oponen a él.

Se gestó así una alianza anti-moyanista de tres sectores: los gordos (Lescano de luz y fuerza y Cavalieri de comercio, entre otros), los independientes (encabezados por Martínez de construcción y Rodríguez de UPCN) y Barrionuevo.

Esta coalición -apoyada por el gobierno detrás de la candidatura de Caló-, que reúne menos gremios que Moyano en cantidad pero que tiene una cantidad de congresales importante por ser los gremios con más afiliados, es una masa crítica que puede enfrentar a Moyano en el Congreso.

Pero estos dirigentes ahora le han propuesto un acuerdo de unidad por el cual la conducción de la central obrera queda en manos de un triunvirato, como fue hasta 2006, cuando Moyano compartió la conducción de la CGT con Lingieri (obras sanitarias) y Rueda (Sanidad), antes de quedar como único secretario general con el apoyo de Kirchner.

Sin embargo, no están seguros de ganar, temen que un triunfo de ellos lleve a la división -como ha sucedido recientemente con la CTA, la central sindical combativa que se dividió entre kirchnerista (Yasky) y antikirchneristas- y prefieren que Moyano quede dentro de la conducción para tener un elemento de presión más frente a un gobierno que saben los ve como adversarios, más allá de las alianzas tácticas para desplazar al dirigente camionero.

Por ahora Moyano rechaza la propuesta por dos razones: la primera es que puede ganar y la segunda que solo con un acuerdo que involucre al gobierno y que este se comprometa a cesar la ofensiva judicial, tiene sentido para él dejar la titularidad única de la CGT.

Pero será la demostración de fuerza que realizará el jueves 26 en el Parque Roca con militantes de su gremio, en el cual piensa reunir tanta o más gente que la Presidenta al día siguiente en Vélez Sarsfield, la acción más importante del titular de la CGT en lo inmediato.