Abr-17-12 - por Rosendo Fraga

La estatización de YPF había puesto en evidencia el primer límite político de Cristina desde que ganó en octubre con el 54% de los votos: los gobernadores. Dentro del Ejecutivo se enfrentaron dos posiciones: la del ministro de Infraestructura (De Vido), que buscaba nacionalizar la empresa generando una mayoría de capital nacional a partir de que las provincias -dueñas de los recursos naturales de acuerdo a la Constitución Nacional- adquieran acciones. La del viceministro de Economía (Kicillof), que proponía estatizarla mediante una ley que estableciera que al ser el petróleo de utilidad pública, el 51% de la empresa debe ser propiedad del estado. Las provincias petroleras perdían en este proyecto su poder de decisión sobre las áreas quitadas a YPF y otras empresas y reaccionaron cuando la Presidente se había inclinado por el proyecto de estatización y había preparado la cadena de radiodifusión para anunciarlo en la tarde del jueves 12. Esta fue la causa principal de la postergación del anuncio, a la que se sumó la advertencia de la Unión Europea en apoyo de España. Las provincias finalmente fueron incorporadas con casi la mitad de las acciones estatizadas y así este límite fue superado.

El segundo límite a su poder surgió imprevistamente del Congreso y la oposición. Una semana atrás las fuerzas opositoras estaban atomizadas, sin posibilidad alguna de generar ninguna actitud común. A su vez, el Congreso estaba funcionando como una escribanía que se limitaba a aprobar en tiempo record todos los proyectos del oficialismo. La propuesta de designación del nuevo Procurador General de la Nación (Reposo) -un hombre muy próximo a la Presidenta- requiere el acuerdo de dos tercios de los senadores. Sobre los 72 que integran la Cámara Alta, el oficialismo y sus aliados tienen la mayoría absoluta con 38 y la oposición 21 (UCR, Coalición Cívica y Frente Amplio Progresista) y el acuerdo requiere dos tercios. Si la oposición suma 4 senadores de los 13 que no tienen posición definida, logrando sumar 25, ya impide la designación. Lograr 5 de los 13 es un objetivo posible para la oposición. El oficialismo ha comenzando a trabajar sobre ellos y ya la Presidenta llevó a una (la senadora del PJ disidente Higuenet, de la Pampa) a la Cumbre de Cartagena para sumarla a su favor. El oficialismo ahora dará prioridad a la estatización de YPF en la Cámara Alta, siendo previsible su aprobación.

El tercer límite al poder del Ejecutivo surgió del Poder Judicial. Las denuncias contra el Vicepresidente hicieron que tanto el fiscal de la causa (Rívolo), como el juez (Rafecas) y el ex Procurador General de la Nación (Righi) mostraran que la manipulación de la justicia por parte del oficialismo puede enfrentar ciertos límites. El oficialismo, tras permitir que la situación de Boudou se deteriorara política y judicialmente durante el mes de marzo, resolvió cerrar filas en su defensa, econtrando dichos límites. La reacción del oficialismo una vez más ha sido rápida, acusando al juez y al fiscal de la causa ante el Consejo de la Magistratura. Pero al mismo tiempo que las asociaciones de magistrados los defendían, un fallo de un juez federal (Bonadío) dejaba sin efecto la intervención de un juez de Mendoza a la empresa económicamente más importante del grupo Clarín (Cablevisión), cuestionando a la ministra de Seguridad (Garré) por haber puesto a disposición de la intervención a la Gendarmería. Ello implica el freno al avance más importante que había logrado el oficialismo en el conflicto con dicho grupo desde el 10 de diciembre. Lo que suceda con este límite es por ahora incierto, pero el Ejecutivo insistirá en defender a Bodou y alinear a los jueces.

El cuarto límite ha sido el internacional, puesto en evidencia en la Cumbre de las Américas, la relación con presidentes de la región y con España y la Unión Europea. Los tres ejes de la política nacionalista (Malvinas, YPF y restricción de importaciones) han acumulado crecientes conflictos en el campo internacional. El retiro anticipado de Cristina Kirchner de la VI Cumbre de Presidentes de las Américas se precipitó porque no hubo una declaración explícita sobre Malvinas, pero tampoco una toma de posición vigorosa por parte de los países latinoamericanos. Incluso el Presidente anfitrión (Santos) no mencionó el conflicto en el discurso inaugural y lo hizo muy débilmente en el final. El Presidente mexicano (Calderón) respaldó a España en el conflicto YPF al abrir el seminario empresarial de la Cumbre criticando las expropiaciones, las estatizaciones y el proteccionismo. Por su parte Obama, en su encuentro bilateral, expresó preocupación por las trabas al comercio, aunque el gobierno insistió en negarlas. La fuerte reacción del gobierno español ante el proyecto de estatización de YFP y el explícito respaldo de la UE completan el límite externo, frente a cual la Presidenta argentina decidió no ceder aunque ello implique profundizar el aislamiento internacional.