Abr-16-12 - por Rosendo Fraga

Recientemente, desde una columna, finalizábamos diciendo respecto a la actitud de España frente a la estatización de YPF que la prudencia aconseja la primera opción (negociar) pero la personalidad política del kirchnerismo probablemente lo lleve a la segunda (estatizar), y agregábamos: es que la negociación puede hoy ser interpretada como un retroceso y eso es algo que la Presidenta siempre evita.

Durante la semana pasada, el oficialismo percibió por primera vez límites a su poder desde el triunfo electoral: las actitudes del juez Rafecas y el fiscal Rívolo entorno a las denuncias contra el Vicepresidente y la renuncia del Procurador General de la Nación mostraron que la influencia sobre la justicia puede tener limitaciones; las dudas sobre si el Senado dará los dos tercios para la designación del sucesor mostraron un Congreso que por primera vez puede rechazar una decisión importante del Ejecutivo en los últimos meses; las críticas de los gobernadores de provincias petroleras al proyecto de estatización de YPF evidenciaron un primer intento de límite desde el interior, y la reacción de España respaldada por la Unión Europea por el proyecto de estatización dicha empresa, así como las críticas a la restricción de importaciones planteadas por varios presidentes en la Cumbre de Presidentes de las Américas, mostraron también un límite en cuanto a las relaciones internacionales.

Frente a ello, la respuesta del cristinismo fue contundente. Optó por la versión más radicalizada para tomar el control de YPF, que además de estatizar la empresa, otorga al Estado Nacional más del 50% de ella, algo que diluye el poder de las provincias, que de acuerdo a la Constitución son las dueñas de los recursos naturales del subsuelo. Se trata del proyecto que la mayoría de los gobernadores de las provincias petroleras no querían en su actual redacción.

Al mismo tiempo, constituyó una respuesta clara a los reclamos y advertencias que en los últimos días llegaron desde el exterior, coincidiendo con el reclamo de España.

También es una señal política definida sobre qué sectores del gobierno han pasado a tener más influencia en las decisiones del gobierno en el segundo mandato de Cristina y además cuáles son los que la han perdido. Los sectores provenientes del peronismo y el sindicalismo parecen agruparse entre estos últimos; el nuevo poder gestado entorno a La Cámpora, en cambio, entre quienes lo han ganado.

En el campo internacional, Argentina vuelve a dar un paso que la acerca a los gobiernos regionales del ALBA liderados por Venezuela y alejarse más de los de centroderecha o los de de izquierda moderada o socialdemócrata.

Posiblemente los sondeos muestren esta semana que en la opinión pública la estatización de YPF tiene más apoyo que oposición. Pero también es cierto que esta medida generará más complicaciones que beneficios para la marcha general de la economía en el mediano plazo y que estos actuarán más en contra que a favor del oficialismo en la gente.

Pero la relación con España se daña en una forma significativa y ello no es un tema menor. A mediados del siglo XX, una decisión política de Perón permitió alimentar a una España debilitada económicamente y aislada políticamente tras la Guerra Civil y ello generó una corriente de agradecimiento y simpatía que se mantuvo en el tiempo.

Medio siglo más tarde, cuando Argentina enfrentaba la peor crisis económico-social de su historia en 2002, ninguna de las empresas españolas que había invertido en el país en los años noventa lo dejó y otro gobierno del Partido Popular hizo un aporte de 1200 millones de dólares en efectivo para contribuir a contener los efectos de la crisis argentina.

Una década más tarde, España vive el peor momento económico en por lo menos medio siglo -se encuentra además en los días más críticos- y del futuro de ella depende en gran medida el del euro y la Unión Europea.

La reciente decisión argentina respecto a Repsol-YPF no parece haber reparado en ello.