Feb-28-12 - por Rosendo Fraga

El accidente ferroviario que produjo 51 muertos y más de 700 heridos tiene consecuencias políticas todavía difíciles de determinar. Como sucediera con la llamada masacre de Cromañón que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires durante la Presidencia de Néstor Kirchner, la Presidenta opta por el silencio inicialmente, tomando distancia de los hechos incluso viajando a Santa Cruz y trata de que niveles intermedios de la administración paguen el costo político por un hecho que ha tenido -como es lógico- profundo impacto en la opinión pública. La diferencia con el caso Cromañón es que la responsabilidad política en aquel entonces recaía en el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Ibarra), quien terminó desplazado por juicio político, pese a ser un aliado del gobierno nacional. La responsabilidad política ahora es del gobierno nacional, de quien depende la regulación del transporte ferroviario a través del secretario de Transporte (Schiavi), quien a su vez depende del ministro de Infraestructura y Planeamiento (De Vido). Pero el hecho también plantea el debate sobre la eficacia del estado para regular y controlar cuando van a cumplirse en mayo nueve años del kirchnerismo ejerciendo la Presidencia. Responsabilizar al licenciatario del ferrocarril Sarmiento (TBA), revocar la concesión e incluso presentar al estado nacional como querellante en la causa son algunas de las acciones que el Ejecutivo parece impulsar para amortiguar el costo político. La decisión de la  Presidente de incluir el tema en su discurso con motivo del Bicentenario del día de la Bandera sería consecuencia del impacto que generó poco tiempo antes el reclamo de los familiares del menor Lucas Menghini, la última víctima mortal encontrada.  

El 1 de marzo la Presidenta volverá a hablar para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso y subrayará tanto Malvinas como YPF como ejes de su política. El oficialismo tiene amplias mayorías en las dos Cámaras en el período parlamentario que se inicia y de acuerdo a ello podrá imponer la agenda parlamentaria y lograr la aprobación de los proyectos que presente. El nacionalismo, que ha pasado a ser el eje de su gestión, tiene en la malvinización y la nacionalización de YPF dos ejes centrales que se operan casi coordinadamente. Entre los próximos pasos está la presencia de la Presidenta en la Cumbre nuclear de Seúl en la última semana de marzo, donde se denunciaría la presencia de submarinos nucleares británicos en el Atlántico Sur, y la invitación a los presidentes de UNASUR para que la acompañen en el discurso que pronunciará el 2 de abril desde el sur del país. Las mayorías parlamentarias del oficialismo aseguran la aprobación de los proyectos que se presenten tanto sobre Malvinas como acerca de YFP.  

Pero es en el campo social donde el oficialismo enfrenta la situación más difícil en el corto plazo. Los paros de docentes impiden que se inicien las clases esta semana en siete provincias, que en conjunto tienen casi el 70% de los alumnos de la escuela pública del país (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Misiones y Chaco); los conflictos salariales se han extendido a las fuerzas de seguridad, con un centenar de esposas de gendarmes reclamando por los salarios de sus maridos en la sede de la institución y un prolongado autoacuartelamiento policial en Misiones, que alcanza a la mayoría de los agentes; la intención del gobierno nacional de mantener una pauta salarial del 18% ya se ha tornado inviable y los acuerdos se van cerrando alrededor del 25%, como ha sucedido con los docentes porteños; el conflicto por la minería se ha extendido y durante la última semana tuvo lugar una protesta contra esta actividad en la misma Plaza de Mayo y otra en la capital de Catamarca, mientras en La Rioja los intendentes de la capital provincial y Famatina enfrentan al gobernador, que apoya la minería con respaldo del gobierno nacional; el supuesto espionaje de la Gendarmería ha profundizado la brecha entre el oficialismo y fuerzas de izquierda y movimientos sociales que reclaman contra la criminalización de la protesta social, la que hasta ahora el gobierno siempre rechazó; productores agropecuarios han comenzado a convocar protestas para la segunda quincena de marzo; la Iglesia ha comenzado a manifestarse sobre la problemática social, con el titular de la Pastoral Social (Lozano) reclamando por la persistencia de la desigualdad y los obispos patagónicos criticando la represión de las protestas contra la minería a cielo abierto; por último, el conflicto del gobierno con Moyano se mantiene abierto, con el titular de CGT habiendo lanzado su candidatura para ser reelecto al frente de la central obrera el próximo mes de julio.    

En lo político, la lucha por el poder emerge en la segunda línea del oficialismo y la oposición sólo se articula para coincidir con el gobierno en el conflicto Malvinas. Las denuncias por el caso Ciccone que afectan al Vicepresidente dan a la oposición una oportunidad para criticar la corrupción en el gobierno, pero al mismo tiempo ponen en evidencia actitudes duales en el oficialismo respecto a Amado Boudou. El reemplazo del gerente general del Banco Central que le respondía (Vélez) y la designación de un economista próximo a Marcó del Pont para reemplazarlo (Kulfas) -situación que aprovechó La Cámpora para ganar posiciones en la segunda línea de la institución- es una evidencia al respecto. Al mismo tiempo sigue la ofensiva del cristinismo contra Scioli en la provincia de Buenos Aires con eje en la crítica a la política de seguridad, pero también se ha generado una puja entre Mariotto y La Cámpora por el control del ex Comfer. Toda la oposición -con la única excepción del peronismo disidente- firmó el documento de los legisladores de las comisiones de relaciones exteriores de ambas Cámaras -difundido desde Ushuaia- sin diferenciar ninguna posición. La tragedia ferroviaria reforzó la posición del titular de la Auditoría Nacional de Gobierno (Depouys) -quien había advertido en cuatro oportunidades sobre la deficiencia en el servicio de trenes- y obligó al titular del radicalismo (Barletta) a abandonar su intención de sustituirlo por un radical cercano al Gobierno.  

En conclusión, pese a Malvinas e YPF, la tragedia ferroviaria confirmó una vez más cómo los imponderables pueden cambiar los escenarios políticos.