Feb-23-12 - por Rosendo Fraga

El grave accidente ferroviario que tuvo lugar el 22 de febrero implica un costo para el Gobierno que éste tratará de trasladar hacia el concesionario (TBA), sin que todavía esté claro el alcance de dicho costo.

Mientras tanto el nacionalismo es eje político más relevante de las acciones del gobierno argentino y la cuestión Malvinas sigue ocupando un lugar central en ellas. La presencia de los legisladores de las comisiones de relaciones exteriores de ambas cámaras en Ushuaia, que tiene lugar el 24 de febrero para alinear al parlamento con la política del Ejecutivo, es el paso inmediato en esta dirección. Pero esta política, que permite al gobierno ganar consenso en la opinión pública al revitalizar el nacionalismo en función del espíritu patriótico, comienza a encontrar sus límites. Internamente, legisladores opositores han condicionado su presencia en el sur para que no implique un apoyo irrestricto a la política del oficialismo. Al mismo tiempo, 17 intelectuales relevantes emiten un documento planteando que la política argentina respecto a Malvinas debe tener en cuenta la opinión de los isleños, lo que implica un cuestionamiento a la política actual que no los contempla. En el ámbito internacional, EEUU ha rechazado la denuncia de que el Reino Unido está militarizando y nuclearizando el Atlántico Sur y se hace evidente que Argentina no podrá obtener un resultado favorable al respecto en el Consejo de Seguridad. Las autoridades de la UN han aclarado que no han ofrecido una mediación como se apresuró a aceptar el gobierno argentino, sino sólo un intento de aproximar a las partes. La intención ganar apoyos en la cumbre de los cancilleres del G20 realizada la semana pasada en México no prosperó pese al reclamo del canciller argentino, y en el ámbito regional los cancilleres del ALBA volvieron a apoyar con énfasis la posición argentina, pidiendo que el tema Malvinas se incluya en la Cumbre de Presidentes de las Américas que se inicia el 9 de abril en Cartagena (Colombia). Esto implica el riesgo de profundizar una alianza política con Chávez y Castro, que ven en este conflicto la oportunidad de agitarlo y complicar regionalmente a Washington por su histórica alianza con Londres.  

La política económica, y en particular el conflicto energético centrado en la intención de nacionalizar YFP, y el mayor control de las importaciones muestran también un sesgo nacionalista. El oficialismo sabe que algún tipo de nacionalización vía estatización de la que fuera la empresa estatal más importante de Argentina hasta los años noventa hoy tiene apoyo en amplios sectores de la opinión pública. Está definido el objetivo pero no la política para alcanzarlo, la que es motivo de debate y opiniones encontradas dentro del gobierno. Esta estrategia surge también a consecuencia de la crisis que enfrenta la política energética de las dos primeras administraciones del kirchnerismo (2003-2011), que ha llevado al país a reducir la exploración y la explotación y a importar petróleo y gasoil. Se busca ahora responsabilizar al sector privado por la situación y a ubicar a YPF, hoy en manos de la española Repsol, como el mayor responsable de esta situación. Paralelamente, el secretario de Comercio ha puesto en marcha acciones para aumentar el control de las importaciones con el objetivo de lograr este año un superávit comercial de 16.000 millones de dólares. Hasta hace pocos días su objetivo era alcanzar los 10.000 millones. Esta política va aumentando los reclamos internacionales, como los planteados por la Cámara de Comercio argentino-estadounidense de los EEUU y los empresarios chilenos. Internamente van surgiendo trabas a la producción de determinados bienes y Moreno va flexibilizando sus controles para evitar que se produzcan conflictos sociales por despidos o suspensiones.  

Pero es en el campo social donde el Gobierno está enfrentando su mayor desafío interno. La negociación salarial con el gremio docente -que influirá en las paritarias de los gremios más importantes que se negocian a partir de marzo- no avanza en el ámbito nacional ni en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, peligrando el inicio de clases en varias jurisdicciones. Simultáneamente, el oficialismo ha logrado debilitar el apoyo del titular de la CGT (Moyano) dentro de su propio sector, donde surgen voces que cuestionan su acercamiento a sectores anti-kirchneristas del sindicalismo combativo (CTA opositora) y de los piqueteros (Movimiento Barrios en Pie). Pero es el conflicto minero, que ya tiene manifestaciones en más de la mitad de las provincias, el que está provocando más problemas en las calles. Esta semana se realiza una protesta en la Capital y el 1 de marzo está prevista una nacional que tendrá lugar al mismo tiempo en diversas ciudades del país. Los gobernadores, con el apoyo del gobierno nacional, buscan retomar la iniciativa en defensa de la actividad minera, que se está transformando en el primer ingreso de varias provincias. La denuncia de la existencia de un proyecto de inteligencia para controlar las protestas sociales en el ámbito de la Gendarmería Nacional ha profundizado el frente de conflicto entre el gobierno y la izquierda anti-kirchnerista. 

Pero la desarticulación de la oposición permite al oficialismo mantener la iniciativa y dar prioridad a sus conflictos internos como el que mantiene con el gobernador de Buenos Aires. El reemplazo del titular de la Auditoría General de gobierno -cargo que corresponde a la UCR por ser el principal partido opositor en el Congreso- lo ha puesto en evidencia. El nuevo titular del radicalismo (Barletta) dispuso reemplazar al titular del organismo (Despouys), quien ha mantenido una posición crítica hacia el gobierno (aunque sin demasiados efectos prácticos), para reemplazarlo por un opositor más dialoguista con el gobierno. Ello ha generado críticas de sectores de su propio partido -como el representado por Ricardo Alfonsín-, del PRO de Macri y del FAP de Binner. Al mismo tiempo, la elección de un jurista oficialista como nuevo Presidente del Consejo de la Magistratura (Urriza) mostró cómo consejeros electos por la oposición ahora cooperan con el oficialismo. En este marco, el kirchnerismo puede concentrarse en mantener la ofensiva sobre Daniel Scioli, encabezada por su Vicegobernador (Mariotto) y secundada por La Cámpora -que cada vez gana más posiciones en la segunda línea del Gobierno- y que tiene como eje central el cuestionamiento a la política de seguridad del gobierno provincial. Desde que se mencionara la posibilidad de reformar la Constitución Nacional para permitir otra reelección de la Presidenta, ésta ha realizado 20 actos en la provincia inaugurando obras. En cuanto al Vicepresidente Boudou, la denuncia de corrupción que lo afecta por el caso Ciccone, no sólo es utilizada por la oposición, sino también por sectores del propio gobierno que buscan anular su rol político.   

En conclusión: el gobierno argentino está dando un contenido fuertemente nacionalista a su gestión, para lo cual la profundización de su política en el conflicto Malvinas es central para ello, aunque enfrenta limitaciones; al mismo tiempo, el conflicto con YPF y el sector privado por el déficit energético y el incremento de la política para impedir importaciones manifiestan el nacionalismo en la política económica; el conflicto social es hoy el desafío interno más importante del oficialismo, con una negociación salarial difícil, el conflicto con Moyano y las protestas contra la minería y la desarticulación de la oposición permite al gobierno mantener la iniciativa e incluso intensificar la ofensiva contra sus adversarios internos, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires.