El PAN ha cumplido 11 años en el poder, y a sólo seis meses de las elecciones presidenciales la continuidad se presenta como un escenario complicado. No es sólo la competencia que representan sus contrincantes del PRI y del PRD, sino la ausencia de logros tangibles durante su gestión. Por un lado están los números rojos en seguridad. Por otro, la dinámica combativa que ha adoptado el presidente Calderón y que podría tener implicaciones importantes en la evolución de la contienda el año próximo. También es claro que está en juego la cohesión del partido, toda vez que los precandidatos han evidenciado diferencias fundamentales en lo que consideran sería necesario preservar y modificar, respectivamente, de las políticas seguidas en el actual sexenio.

A diferencia de sus contrincantes, el PAN entró en un proceso de precampaña para elegir al futuro candidato del partido. Al menos desde la perspectiva del momento actual, esta apuesta parecería más costosa de lo que se había previsto. El reciente intercambio de descalificaciones entre Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero dejó como saldo una extensa lista de acusaciones que son atribuibles a estos individuos, sí, pero también a su partido. Vázquez Mota, quien encabeza las preferencias entre miembros y adherentes del PAN con más de 40 puntos porcentuales por encima de sus competidores de acuerdo a la última encuesta de Reforma, parece haber entendido que esta serie de descalificaciones no le favorecen y logró desmarcarse rápidamente del conflicto. De esta forma podría haber privilegiado la unidad de su partido con miras a que, en caso de resultar elegida, cuente con el respaldo que le permita no tener pasivos internos en la carrera por recortar la ventaja en las preferencias a favor de Enrique Peña Nieto.

El gran reto para quien resulte candidato por parte del PAN será lidiar con el legado del Presidente Calderón, pero sobre todo con su activismo. Por un lado está la amenaza real del crimen organizado, pero por otro la actitud proselitista y partidista que ha adoptado el Presidente en una coyuntura por demás delicada. No es sólo la complejidad intrínseca que representa el año de sucesión (que, como pudimos observar en 1994 y 2006, no es poca cosa), sino la advertencia que, como espada de Damocles, cuelga sobre el Presidente en caso de que se extralimite en su participación electora. El riesgo último es que llegase a ser anulada la elección. La estrategia de confrontación y amenaza respecto a la potencial participación del crimen organizado no podría afectar a nadie más que al propio gobierno en la presidencia. Al mismo tiempo,  la experiencia sugiere que el riesgo de influencia por parte del crimen organizado es muy elevado a nivel local e incluso, en algunos casos, estatal, pero no de manera significativa a nivel federal. Más riesgoso es el empeño del Presidente por conducir la agenda electoral en lugar de abocarse a garantizar la seguridad y certeza del proceso.

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