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Nicaragua sufre una dictadura institucional PDF Imprimir E-Mail
Sep-27-11- Por Carlos Salinas Maldonado*

Daniel Ortega no dejó espacio para las expectativas. Apenas unos meses después de haber sido juramentado como Presidente de la República y jurado obediencia a la Constitución en la renombrada por su esposa como Plaza de los No Alineados, Ortega mostró que el poder, para él, era una cuestión de fuerza y no de negociaciones. Convencido de que no necesitaba ni a la Asamblea Nacional ni a las leyes del país para tomar decisiones, el mandatario desarrolló una particular forma de ejercer el poder: gobernar a golpe de decretos.

En casi cinco años de Administración, el presidente Ortega no ha parado de firmar decretos. Con ellos ha establecido estados de emergencia económica, intervenido empresas que han atraído su interés, ha permitido que naves rusas entren en aguas nacionales, ha decidido mantener en sus cargos a funcionarios cuyo periodo está vencido, nombra funcionarios sin ratificación de la Asamblea Nacional o crea cuerpos paralelos al Ejecutivo, los controvertidos Consejos del Poder Ciudadano (CPC), cuya creación marcó uno de los primeros roces entre Ortega y una Asamblea Nacional que desde un inicio mostró no estar preparada para enfrentar sus envestidas.

Oscar Castillo, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Politécnica (UPOLI), asegura que la forma autoritaria de gobernar que ha desarrollado el presidente Ortega desde que asumió el poder en enero de 2007, ha roto la institucionalidad y el Estado de Derecho en Nicaragua, sumiendo al país en lo que él llama una dictadura institucional.

Sólo en el año 2010, Castillo estima que se registraron más de 60 violaciones a la Constitución sólo por parte del presidente Ortega. Unas cinco violaciones por mes. “Esto de usar la vía del decreto es una forma dictatorial, factual, frente a posiciones expresas de la Constitución. Con (esa forma de gobernar), podés suponer que se está instaurando una dictadura institucional. Hay dictaduras militares, todavía no estamos frente a ese nivel; ahora se están utilizando las dictaduras institucionales”, dijo el Decano de la Escuela de Derecho de la UPOLI.

Crisis por los CPC

Esa particular forma de ver el poder quedó en evidencia en un documento oficial preparado por la primera dama y jefa de gabinete de Ortega, Rosario Murillo, y titulado “Daniel, la Constitución, la soberanía nacional residen en el Pueblo”. En ese texto, de 37 páginas, Murillo hizo públicos los controvertidos decretos a través de los que el mandatario mandaba a conformar los CPC, organismos de control ciudadano que dependen totalmente de Murillo. Para la primera dama, los CPC serían “la organización popular que se extiende por el territorio, y que incorpora a la ciudadanía desde la comunidad, para servir a la comunidad, para promover, proponer y desarrollar los planes sociales de la comunidad”.

Se trataba del Decreto 112-2007, que en el primer artículo ordenaba crear los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano, “a fin de que el pueblo nicaragüense en el ejercicio de la Democracia Participativa y Directa de los diferentes sectores sociales del país, se organicen y participen en el desarrollo integral de la nación, de manera activa y directa; y apoyen los planes y las políticas del Presidente de la República, encaminadas a desarrollar estos objetivos”.

El Presidente hizo uso de preceptos constitucionales para crear estos órganos, argumentando que la “soberanía nacional reside en el pueblo”, por lo que ese pueblo, dijo citando la Constitución, debía participar “libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación”. El argumento, sin embargo, no fue suficiente para que Ortega mantuviera su proyecto político, y el choque con la Asamblea fue inevitable: la mayoría de oposición en el Parlamento estableció, a través de la ley 630, que los CPC no podían formar parte del aparato estatal. Ortega vetó la ley y comenzó una larga crisis política que fue el preámbulo de lo que sucedería en casi cinco años de Gobierno.

Decreto tras decreto

Desde entonces el presidente Ortega decidió gobernar sin respetar las instituciones y la ley: a través del decreto 53-2008, estableció la emergencia económica y ordenó que el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) interviniera la empresa distribuidora de gas butano, Tropigas, con el fin de regular los precios de ese producto y evitar el desabastecimiento. INE nombró una Junta Interventora Temporal que ocupó el plantel central y la distribución de Tropigas.

Ortega también usó su influencia en la Dirección General de Ingresos para que ésta embargara las instalaciones de la transnacional ESSO en el puerto de Corinto, con el fin de usar esos depósitos para almacenar el petróleo proveniente de Venezuela y que se ha convertido en un negocio rentable para el Presidente, que maneja esos fondos de manera discrecional. Ortega logró hacer que la ESSO negociara al borde de la crisis casi como si sus ejecutivos tuvieran una pistola en la sien: éstos tuvieron que acceder a firmar una “entendimiento comercial” con el Gobierno, que le permitió acceder a los tanques de almacenamiento de crudo.

El presidente ha hecho uso de los decretos para las decisiones más banales. En diciembre de 2008, en sus ansias de descongelar las relaciones con sus viejos camaradas del Kremlin, Ortega emitió el decreto 77-2008, con el que el mandatario autorizaba la llegada a las costas nicaragüenses de tres buques de la Fuerza Naval de la Federación de Rusia. En esa ocasión varios diputados opositores reaccionaron furiosos, pero fue lamentable verlos ante las cámaras de la televisión tocando a las puertas de la Embajada de Rusia en Managua para sentar su posición.

También en 2008 Ortega ordenó, por decreto, publicar los resultados de las elecciones municipales de ese año, denunciadas como fraudulentas por la oposición. Y en enero de 2010 emitió su controvertido decreto 3-2010, con el que ordenaba a 25 funcionarios de Estado a mantenerse en sus cargos a pesar de que se les había vencido su periodo constitucional, sumiendo al país en una dura crisis política de la que aún no se repone.

Igual que en los ochenta

Para los analistas, esta característica forma del presidente de gobernar a golpe de decretos tiene sus raíces en los ochenta, cuando Ortega contaba con poderes extraordinarios que le permitían tomar decisiones prácticamente sin controlar al Parlamento, en un duro contexto de bélico.

“Ortega tiene como referente la forma de gobernar de los ochenta, cuando había una institucionalidad más frágil que la de ahora por la ruptura total que se registró en 1979, lo que dio origen a una dinámica que dictaba que todo estaba por hacer”, explica Alejandro Aguilar, decano de Derecho de la UAM. “Ese vacío institucional los poderes que se le concedieron a la Junta de Gobierno, primero, y luego al Presidente eran enormes, una especie de poder co-legislativo”, agrega el jurista.

De hecho, la Constitución promulgada en enero de 1987 le daba al presidente grandes poderes para gobernar a su antojo, dictando decretos ejecutivos que tenían fuerza de ley y con los que podía hacer reformas de carácter fiscal, crear impuestos, reformar el Estado y hasta promulgar el Presupuesto General de la República según los intereses que él creyera prioritarios.

El experto en materia Constitucional Gabriel Álvarez también ve en los ochenta las raíces de esta forma de gobernar tan particular de Ortega. Alvarez recuerda que en ese entonces el mandatario “gobernaba legislando”, no sólo por los amplias potestades que le otorgaba la Constitución de entonces, sino porque la Asamblea Nacional, cuando entraba en receso, le delegaba sus funciones. De hecho, Álvarez ve en ese papel edulcorante del Parlamento de entonces, la decisión de Ortega de pasar por encima de la Asamblea Nacional.

“Ortega nunca ha tenido una Asamblea respetuosa de su propia condición constitucional. Se trataba de un sistema de confusión Estado-partido, que algunos expertos llamaban una monarquía presidencial. En el contexto de una vanguardia revolucionaria al estilo de la izquierda latinoamericana, Ortega controlaba la Asamblea, que ni siquiera trataba de disimular algún control para el Presidente”, explica Álvarez.

La culpa de la oposición

Para este experto, la oposición dentro del Parlamente tiene mucha responsabilidad en el desarrollo de este modelo de gobierno autoritario. Álvarez culpa en primer lugar al expresidente Arnoldo Alemán, quien ha permitido la fragmentación de la oposición y sigue siendo un interlocutor con el FSLN, aunque con menos peso que antes. Esa relación les ha resultado a la perfección al Frente Sandinista y al exmandatario, dice el analista, ya que ha logrado mantener divida a la oposición, lo que beneficia al oficialismo, mientras que Alemán está libre y como aspirante a la Presidencia.

“El PLC mantiene un discurso de oposición pero su acción es colaboracionista con el FSLN. Alemán es una pieza fundamental en el avance del autoritarismo del presidente Ortega; es oposición de mentiras”, dice Álvarez, quien agrega que el resto de la oposición también se ha mostrado “incompetente” a la hora de mostrar a la sociedad una salida a la crisis creada por el autoritarismo de Ortega.

“Ortega, acostumbrado por su formación ideológica y respaldado por la debilidad de la oposición, gobierna como le da la gana. Los políticos de la oposición son corruptos, colaboracionistas y defienden intereses económicos y políticos personales; eso hace que el Presidente dicte decretos brutalmente violatorios de la Constitución”, explica el analista.

Los expertos aseguran que es una forma de gobierno muy característica del caudillo sandinista y ven pocas probabilidades de cambio a corto plazo. Para el decano Alejandro Aguilar, Ortega ejerce el gobierno con un “poder personalizado”, con arbitrariedad, pasando por encima del Derecho y las leyes. “Hay un mensaje detrás de esta forma de Gobierno”, dice el experto, “es como me lo dijo una vez un ministro: ‘el Derecho no puede ser un obstáculo para hacer la revolución”’.

*El artículo completo se puede ver en www.confidencial.com.ni

 
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