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Más poder para Ortega, sin contrapesos PDF Imprimir E-Mail

Dic-29-10 - por Carlos Salinas Maldonado*

1- El “decretazo” se impuso

El presidente Daniel Ortega marcó, desde enero, el compás de la que sería una intrincada danza política con vaivenes que a la llamada oposición le fue difícil hacer frente. El decreto 3-2010 fue un duro golpe para los opositores, que ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo a lo interno de la Asamblea Nacional para derogarlo.

El llamado “decretazo” de Ortega fue rechazado por los diputados de la oposición en la Asamblea Nacional y, según aseguraron en aquel entonces fuentes del FSLN, hasta causó un malestar profundo en el presidente de ese poder, René Núñez. Pero los diputados sandinistas mantuvieron la defensa del decreto y fue el mismo Núñez quien se sacó de la manga una vieja disposición constitucional con la que, según él, se legitimaba la permanencia de los funcionarios hasta que el Parlamento nombrara a nuevos o renovara a los actuales.

Se trataba del segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución Política de 1987, que forma parte de las Disposiciones finales y transitorias de la Carta Magna. La disposición facultaba a los magistrados de la Corte, del Consejo Supremo Electoral (CSE) y funcionarios de otras instituciones a permanecer en su cargo hasta que se nombraran a sus sucesores. Ese artículo fue reformado para las elecciones del 25 de febrero de 1990 y el cambio que éstas traerían para el Estado, pero según Núñez se mantenía vigente y aplicable al actual contexto político del país.

2- Los Magistrados de facto se quedaron

Amparados en el controvertido decreto 3-2010, una veintena de funcionarios públicos decidieron mantenerse en sus cargos violando la Constitución. De esta forma, el presidente Daniel Ortega pasó por encima por encima de las leyes del país para garantizar su dominio sobre los poderes del Estado y obligar a la oposición a negociar bajo sus.

La Corte Suprema de Justicia fue la pieza clave del presidente Ortega, convirtiéndola en una importante arma política a su favor. Los magistrados de tendencia sandinista Rafael Solís y Armengol Cuadra, a quienes se les venció su periodo constitucional, se arroparon en el decretazo de Ortega y más tarde en la disposición constitucional “revivida” por el oficialismo: el segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución.

Los magistrados liberales se negaron a conformar Corte Plena para elegir a las nuevas autoridades de la CSJ, al terminársele su periodo como presidente al magistrado liberal Manuel Martínez. Los sandinistas acudieron a jueces sustitutos para mantener en funcionamiento la CSJ.

Los magistrados sandinistas aprobaron la posibilidad de reelección de Ortega, se garantizaron el control del sistema judicial y legitimaron el “decretazo”. Una vez que quedaron resueltos favorablemente esos fallos controvertidos, los liberales regresaron por sus prestaciones a la sede de la Corte Supremo, que se mantiene como un órgano administrado por magistrados de facto.

3- La reelección sin reforma Cn.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) integrada por magistrados de facto, cumplió en octubre el anhelo reeleccionista del presidente Daniel Ortega. Reunidos de forma irregular, cinco magistrados sandinistas (incluyendo a los ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra), con el apoyo de los jueces sustitutos aprobaron la sentencia que ratificaba la inaplicabilidad del artículo 147 de la Constitución política, el mismo que prohíbe la reelección de Ortega.

El fallo fue firmado por los magistrados Yadira Centeno, Ligia Molina, Juana Méndez, Francisco Rosales, Marvin Aguilar; los ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra, juntos con los conjueces convocados para sustituir a los magistrados liberales que se habían negado a constituir Corte Plena.

La sentencia legitimaba la pretensión reeleccionista del presidente Ortega, principalmente ante la comunidad internacional, que ha criticado duramente la gestión del mandatario y congeló o canceló parte de la ayuda que entrega al gobierno. La sentencia, además, se convirtió en la carta segura del FSLN, dado que el oficialismo no puedo conseguir a lo largo del año la ansiada reforma constitucional que legitimaría totalmente la reelección de Ortega. El FSLN no pudo lograr, ni con el apoyo de sus aliados en la Asamblea Nacional, los votos necesarios para reformar la Constitución. Esa fue, en alguna medida, el único triunfo de la oposición en 2010.

4- Golpe de Estado a alcaldes

El oficialista FSLN dominó la mayoría de las alcaldías del país a través de la destitución irregular de cuatro alcaldes y una decena de vicealcaldes y concejales que habían sido electos por voto popular.

La destitución más sonada se registró en Boaco, en el centro del país, cuando por una irregular destitución votada por el Concejo Municipal de ese municipio, el alcalde Hugo Barquero fue obligado a dejar su puesto. El edil se negó a convertirse en el cuarto alcalde del país echado sin motivos legales, y,  atrincherado en su despacho de la Alcaldía de Boaco, custodiado por unas 20 personas dentro del edificio, Barquero, se convirtió en el símbolo de resistencia frente a un Ejecutivo dispuesto a avasallar todos los espacios de poder.

Los incidentes de Boaco despertaron un sentimiento nacional de unidad contra estas destituciones ilegales. Los vecinos de la llamada “ciudad de dos pisos” marcharon contra la restitución de su alcalde, en una muestra de fuerza contra el proyecto hegemónico del presidente Daniel Ortega. “Se enciende la mecha de la paz y la democracia”, dijo en aquella ocasión Barquero.

Barquero fue electo por voto popular en las elecciones municipales de 2008, empañadas por un fraude masivo que benefició al oficialista Frente Sandinista. Un año y medio después del intento de fraude en Boaco, el oficialismo usó supuestos argumentos legales, y Barquero fue destituido y desalojado con fuerza policial de la Alcaldía.

5- Oposición dividida y “zancudismo”

La división y el llamado “zancudismo” debilitaron a la oposición al  punto que fue incapaz de hacer frente a la deriva autoritaria del gobierno de Daniel Ortega, que en 2010 concentró una cuota de poder político que permanecía dispersa en todas las administraciones que le antecedieron a partir de la transición de 1990.

Ortega logró consolidar su influencia en la Asamblea Nacional, cuya presidencia controla a través del diputado sandinista René Núñez, gracias al juego de un grupo de “bancaditas” que pusieron en minoría a los movimientos políticos más críticos con el Gobierno.

La más beligerante de esas bancadas fue la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), compuesta por siete diputados quienes en varias ocasiones inclinaron la balanza parlamentaria para complacer al oficialista FSLN.

El apoyo de ALN al oficialismo quedó en evidencia con el llamado “decretazo” de Ortega. En mayo pasado, las bancadas opositoras acordaron no sesionar como forma de presión para exigir al FSLN que aceptara derogar el “decretazo”. Sin embargo, el plan falló porque tres diputados de (Ramón Macías, Francisco Jarquín y el suplente de Carlos García, Francisco Sánchez), lograron que el FSLN hiciera quórum y apoyaron la votación de iniciativas de interés para el oficialismo.

A finales de octubre, en una sesión parlamentaria de urgencia convocada por Núñez a petición del presidente Ortega a causa de la emergencia desatada por las intensas lluvias que anegaron amplias zonas del país, los diputados de ALN aprobaron la reforma presupuestaria que incluía un aumento de mil 207 millones de córdobas de las recaudaciones para supuestamente atender esa emergencia. El FSLN logró 52 votos, incluyendo los de ALN.

Pero el “zancudismo” no se limitó a ALN. El PLC también se mostró oficioso con leyes que interesan al oficialista FSLN. En realidad, fueron los diputados del PLC quienes dictaminaron casi sin cambios tres iniciativas de ley relacionadas con la seguridad y la defensa del país y que, según analistas consultados por Confidencial, dan mayor poder al Ejército y tienden a militarizar el Estado. Los diputados del PLC respaldaron, además, la aprobación de las iniciativas, que fueron pasadas en el Plenario superando los 60 votos favorables, reforzando la percepción del pacto entre los caudillos Ortega y el ex presidente Arnoldo Alemán.

6- Montealegre vs. Alemán

El ex candidato presidencial Eduardo Montealegre tomó por sorpresa al país a mediados de agosto, cuando anunció que declinaba sus aspiraciones presidenciales y anunciaba su respaldo a la candidatura del empresario radial Fabio Gadea Mantilla. Montealegre ponía de esta manera en jaque al líder del PLC, el controvertido ex presidente Arnoldo Alemán, quien aspiraba a convertirse en el líder de un movimiento opositor que lo apoyaría como candidato único en las elecciones de 2011.

Las reacciones sobre el anuncio de Montealegre no se hicieron esperar. Para algunos analistas, con su renuncia el ex Ministro de Hacienda y diputado no sólo oxigenaba su figura, desgastada tras cuatro años inmersos en la zigzagueante política nicaragüense, sino que mostraba un ejemplo de desprendimiento en un país acostumbrado al caudillismo.

“Esta decisión no significa retirarme de la política, sino continuar impulsando el proyecto por el que he trabajado durante los últimos trece años, que es ver a Nicaragua en democracia y superando la pobreza”, dijo Montealegre en entrevista con Confidencial.

7- Surge Gadea, pero aún no convence

Desde entonces, el ex candidato presidencial ha estado inmerso en la que es la campaña de Fabio Gadea Mantilla, un candidato que hasta ahora ni siquiera cuenta con una casilla electoral para participar en las elecciones de 2011. Si bien Gadea Mantilla debilita la candidatura de Alemán al convertirse en un candidato fuerte para la oposición, su figura aún no logrado atraer al PLC, que sigue aferrado a su líder, ni termina de atraer a amplios sectores del electorado.  La recién formada coalición Unidad por la Esperanza, UNE, que endosa a Gadea, está formada por el Movimiento Vamos con Eduardo, MRS, UCD, y sectores del PLC, Conservadores, y Resistencia.

La encuesta de M&R Consultores publicada la semana pasada le da una baja intención de votos a Gadea frente al presidente Ortega, cuya candidatura presidencial ya se da por sentada a pesar de la prohibición constitucional. La encuesta muestra que Ortega alcanza una intención de votos del 43.4% frente al 21.1% de Gadea, con un 35.5% de voto oculto. Ni siquiera entre el electorado llamado independiente Gadea Mantilla logra superar a Ortega. Según el sondeo, la intención de voto para Gadea en ese segmento del electorado es de 21.8% frente al 25.3% del presidente Ortega.

Aun así, el empresario radial dijo  que espera triunfar en las elecciones generales del próximo año. Eso sí, con el apoyo de todos los sectores opositores. “Quiero ser el candidato de la unidad”, dijo Gadea en entrevista con Confidencial.

8- Emergencias y nacionalismo impulsan a Ortega

En el cierre del 2010, Ortega obtiene el más alto nivel de aprobación para su gestión de gobierno con 45%, según la encuesta de M&R Consultores. Irónicamente, según el sondeo, el 30.9% de los encuestados califica de forma positiva la gestión presidencial en áreas sensibles de gobierno, mientras que en junio pasado el porcentaje era de 39.7%. En las labores de combate a la pobreza y al desempleo, Ortega tiene una baja considerable de más de 7%  en relación a septiembre, pero su popularidad de Ortega ha subido gracias a otros factores.

Para los analistas, el alto nivel de aprobación se debe a la gestión del mandatario en la emergencia desatada por las intensas lluvias que a mediados de año azotaron al país y más recientemente por el manejo de la crisis diplomática con Costa Rica, que despertó sentimientos nacionalistas en ambos sectores de la sociedad. Los gobiernos de Managua y San José están inmersos una controversia diplomática por las labores de dragado que coordina el ex guerrillero Edén Pastora en la zona del extremo sureste de la frontera entre ambos países, y que los gobiernos de Ortega y la presidente Laura Chinchilla reclaman como propia.

Según la encuesta de M&R Consultores muestra que el 61.6% de los encuestados califica como positivo el manejo que Ortega hizo del diferendo diplomático, mientras que apenas un 10% lo calificaba como negativo.

Aun así, el presidente despide el año con su figura fortalecida, a pesar de las constantes violaciones a la Constitución y las leyes, el uso de la violencia política y sus pretensiones de acallar las voces críticas.

9- Una tendencia a la militarización

Después de dos décadas labrando con esfuerzo una imagen de profesionalismo, la institución policial atravesó durante 2010 por horas bajas por las ambiciones del Ejecutivo de Ortega de incrementar su influencia en la toma de decisiones de la PN, lo que debilita la legitimidad de la institución frente a la población.  Los hechos ocurridos en Boaco, donde el alcalde legítimamente electo fue expulsado de forma ilegal de la comuna, dejaron en evidencia la creciente influencia del presidente Daniel Ortega sobre la Policía Nacional. En 2010 la Policía tuvo que enfrentarse a hechos de violencia en su contra. En Chichigalpa, Tipitapa, La Paz Centro y Catarina, la población quemó las instalaciones de la Policía y se armó de piedras y garrotes para representar una triste escena: pobladores en guerra con oficiales.

El presidente Ortega también avanzó en la cooptación del Ejército, institución que también goza de gran prestigio entre la población. De hecho, en 2010 se apreció el tránsito de un ejército nacional a las funciones de un ejército presidencial”, según advirtió el analista del IEEPP Javier Meléndez. Fueron militares quienes cabildearon abiertamente ante la Asamblea Nacional para que ésta aprobara un paquete de leyes militares que amplían las funciones del Ejército y dan más poder al presidente.  “Con estas leyes se aumenta el grado de autonomía funcional e institucional que tiene el Ejército de Nicaragua. Es una regresión de lo que se había avanzado hasta antes de la llegada de este Gobierno”, dijo a Confidencial Yassir Chavarría, investigador del IEEPP.

10- Reserva democrática: Iglesia, medios y sociedad civil

Con una oposición desgatada y dividida, sectores sociales como la iglesia católica, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, se convirtieron en las voces críticas con un poder que avasalló la institucionalidad del país y que movió su maquinaría para acallar o deslegitimar a estos sectores. “Denunciaremos las injusticias vengan de donde venga”, dijeron los obispos de la Conferencia Episcopal tras la ofensiva oficialista en contra de las críticas al ejercicio del poder.

En noviembre, la Conferencia Episcopal de Nicaragua hizo público un pronunciamiento en el que expresaban su preocupación por la situación política del país. A los obispos les preocupaba que la ley en Nicaragua sigue siendo “paradójicamente un mecanismo para legitimar abusos y hacer pasar por legal lo que es ilegal”. La CEN explicó en su carta que en el país el derecho “parece ser cada vez más un instrumento para legalizar en modo artificioso las estructuras de poder y las ambiciones personales”, mientras que el Estado “da la impresión de ser un entramado de instituciones al servicio de intereses particulares y de grupo”.

En el 2010, el orteguismo amplió su grado de influencia y control sobre los medios de difusión derrochando parte de la millonaria cooperación que el presidente Ortega recibe de su colega venezolano Hugo Chávez, y que entre 2007 y 2010 superó los mil millones de dólares. Asi se ejecutó la compra por   con los fondos venezolanos del Canal 8, que transmitía los programas de investigación y análisis político Esta Semana y Esta Noche, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro. El canal fue comprado de forma secreta en una transacción que sumó 9.7 dólares.

La compra del Canal 8 puso en alerta a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, que vieron en ella una ofensiva del oficialismo para hacerse con el control de los medios y acallar cualquier indicio de crítica. El acoso incluye también intimidación y violencia contra las organizaciones civiles. Sin embargo, los sucesos políticos de 2010 parecen haber fortalecido a estas organizaciones en sus críticas y posiciones frente a la deriva autoritaria del gobierno de Ortega.

* Artículo publicado en www.confidencial.com.ni

 

 
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