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Dic-16-10 - por Rosendo Fraga
Las Fuerzas
Armadas brasileras, conjuntamente con las Fuerzas Policiales Federales
y Estatales (Provinciales), participaron por primera vez en una operación
ofensiva contra elementos armados narcotraficantes del complejo favelario
Alemao en Rio de Janeiro (RJ). La operación que concluyó con la ocupación
de la zona por tiempo indeterminado, constituye un hito respecto al
modo en que se conducirá la lucha contra una de las denominadas "nuevas
amenazas" en ese país.
La legislación
argentina tiene semejanzas, dado que el articulo 31 de la ley 24.059
Ley de Seguridad Interior establece "... las Fuerzas Armadas serán
empleadas en el restablecimiento de la seguridad interior dentro del
territorio nacional, en aquellos casos excepcionales en que el sistema
de seguridad interior, descripto en esta ley, resulte insuficiente a
criterio del Presidente de la Nación ...".
La decisión
del presidente Luis Lula da Silva, probablemente tomada hace ya algún
tiempo, pero adelantada por la urgencia de los acontecimientos, implicó
asumir el eventual costo político. Lula favoreció a que su sucesora,
la presidente electa Dilma Rousseff, no pueda cargar con otra responsabilidad,
que no sea la de continuar con el nuevo "modelo pacificador brasilero".
El complejo
Alemao, integrado por 12 de las 968 favelas existentes en todo RJ, cubre
296 hectáreas, en las que habitarían 100.000 personas. Para esta operación
se empeñaron aproximadamente 3000 policías con el costo oficial de
32 muertos civiles. Se secuestraron 518 armas, 34 toneladas de narcóticos,
se detuvo a 200 personas en averiguación de antecedentes y se procesó
a otros 60 sospechosos. Las fuerzas militares aislaron la zona de operaciones
con 44 puestos de control y el patrullaje del perímetro, lo que incluyó
el cierre del espacio aéreo, mientras que las fuerzas policiales ejecutaron
allanamientos, patrullajes interiores y detención de personas.
Los antecedentes
para esta decisión fueron indudablemente hechos similares vinculados
al mismo complejo Alemao durante 2007, días antes de la abertura de
los XV Juegos Panamericanos y el concierto Live Earth en Copacabana.
La violencia se inició con una escalada de enfrentamientos armados
que comenzaron el 2 de mayo y concluyeron como resultado de una operación
policial de gran magnitud el 27 de junio, que produjo 19 muertos y numerosos
heridos. Ante acusaciones en contra de la policía, por sospechas de
ejecuciones sumarias, se labraron investigaciones a nivel estatal y
federal con resultados contradictorios, además de otra emprendida por
la Organización de Naciones Unidas (ONU), que no pudo determinar responsabilidad
alguna para las fuerzas gubernamentales involucradas.
Las fuerzas
policiales han conducido innumerables operaciones de magnitudes semejantes
en el pasado, pero en todos los casos como si se tratara de una
fuerza incursora, desde el exterior de las favelas, replegándose de
la zona, una vez obtenidos los objetivos buscados. Recientemente se
implementó una nueva estrategia, para recuperar la presencia del Estado
en forma permanente, mediante las UPP (Unidades Policiales de Pacificación).
Estos elementos operan desde instalaciones fijas establecidas en el
interior de la favela, donde reafirman la presencia estatal, brindan
seguridad y en coordinación con otros organismos, canalizan requerimientos
de servicios básicos de salud, asistencia social y obras públicas.
La criminalidad organizada, particularmente el narcotráfico, reaccionó
rápidamente, al ver amenazada su libertad de acción y el control territorial.
Según informes
de inteligencia, los recientes incidentes fueron planificados y ordenados
por jefes de organizaciones criminales detenidos en la Penitenciaria
Federal de Catanduvas, en Paraná.
En esta oportunidad
la escalada de acciones comenzaron el 20 de noviembre en la autopista
Rio-Teresopolis con un arrastao, modalidad delictiva de ola humana,
que se concentra sorpresivamente, detiene el transito y avanza a la
carrera robando lo que encuentra a su paso. El 21, en otra autopista,
un grupo armado atacó e incendió tres autos, seguidamente interceptó
y robó un cuarto, perteneciente a la Fuerza Aérea, en el que se fugan.
El 22 un puesto caminero policial localizado sobre una tercera autopista
fue atacado con ráfagas de ametralladora desde vehículos en movimiento.
El 23 otro puesto policial en un barrio periférico es atacado a tiros.
El día 24 se incendiaron 15 automóviles y ómnibus en distintos barrios,
a los cuales el día 25 se sumarían otros 30 vehículos incendiados.
Se destaca que durante el lapso en que se ejecutaban las operaciones
de pacificación, continuaron sin pausa los incendios indiscriminados
de vehículos en distintos lugares de la ciudad, totalizando finalmente
181 casos registrados hasta el día 27, fecha en que disminuyó significativamente
la violencia callejera.
Con la crisis
en pleno desarrollo y ya en su tercera jornada, el Ministro de Defensa
Nestor Jobim emitió el primer comunicado, el día 24 de noviembre,
donde expresa que autoriza al Comando de Marina, para que esa misma
tarde brinde apoyo logístico al gobierno del Estado de RJ, para ejecutar
operaciones contra la criminalidad. Puntualiza que el pedido fue efectuado
por el Gobernador del Estado Sergio Cabral y agrega, que el pedido no
implica movilización de tropas, solamente los medios de transporte
y las tripulaciones necesarias para la operación y el mantenimiento
de los vehículos.
La operación
que se inicia sobre la favela Vila Cruzeiro provoca la huida de los
narcotraficantes armados hacia el vecino complejo Alemao. En consecuencia,
el día 25 a la noche se difunde la Directiva del Ministerio de Defensa
14/2010, para refuerzo del apoyo, transformando las tareas en ejecución
en una operación de Garantía de la Ley y el Orden (GLO). Se ordena
al Ejército desplazar 800 hombres "para protección de las áreas
de conflicto que serán ocupadas por las Fuerzas Estatales y por la
Policía Federal", a la Fuerza Aérea asignar un helicóptero Super
Puma y un UH1H, a los Comandantes de las Fuerzas Armadas, que coordinen
acciones para destacar 10 vehículos de transporte de personal blindados,
equipos de comunicaciones aire-tierra y equipamiento de visión nocturna
y al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas se lo responsabiliza de
la coordinación entre los distintos comandos militares, federales y
estatales involucrados en la operación.
El día 26
se emite un segundo comunicado en el que expresa, que el Ministro Jobin
se reunió con el Gobernador Cabral, para discutir el apoyo que prestaran
las tropas federales a las fuerzas policiales del Estado. Se destacan
los comentarios del Gobernador: "Hoy es un día histórico" y "...el
pueblo de Rio de Janeiro es consciente que la ley y el orden son condiciones
básicas para que los derechos humanos sean respetados", con otro
enfoque se destaca que el Ministro afirmó que las misiones de las Fuerzas
Armadas y las Policiales están bien definidas en la legislación vigente,
y por lo tanto, "No hay posibilidad de fricción alguna". Sostuvo
que las tropas empeñadas son profesionales de la Brigada Paracaidista
con experiencia en Haití y se agrega "tranquilizó" diciendo "No
son reclutas".
Después de
3 días de operaciones se aniquiló la ligera resistencia armada presentada
por los delincuentes y quedó asegurado el control de las calles de
Alemao. El día 29 se emitió un tercer comunicado, donde se expresa,
que si bien fueron conquistados los primeros objetivos asignados por
las autoridades de RJ, se continuará con el apoyo solicitado, facilitando
los medios necesarios, que sean requeridos en próximas etapas, tal
como se ha estado realizado hasta ese momento.
En esta operación
de saturación, además del impresionante despliegue blindado en las
estrechas calles de la favela, con vehículos de combate LVTP-7, M-113,
EE-11 Urutú e incluso EE-9 Cascabel provistos de cañón de 90 mm,
también desfilaron a pié al compás de sus instrumentos, las Bandas
de la Brigada de Paracaidistas, comunicando así a la población que
las Fuerzas Armadas habían retomado el control.
El 4 de diciembre
se difundió la directiva ministerial 15/21010 con un cuarto comunicado,
en la cual se ordena al Ejército que organice una "Fuerza de Pacificación
(F Paz)", dependiente del Comando Militar del Este, para "empeñamiento
temporario de militares de las Fuerzas Armadas, para la preservación
del orden público, de las comunidades de los complejos de Penha y Alemao",
reiterando que los mismos responden al requerimiento efectuado oportunamente,
por el gobernador del Estado de RJ. Detalla también que las misiones
del personal serán "patrulla, requisa y detención en flagrancia"
y que el delicado punto de las Reglas de Empeñamiento para las tropas,
o sea las acciones de respuesta ante distintas situaciones de
violencia que se configuren, serán elevadas previamente para su aprobación,
tanto al Ministro de Defensa como al Gobernador de RJ.
Con el título
"El Ejército comandará Fuerza de Pacificación (F Paz) en Rio con
efectivos federales y estatales" se emitió un tardío quinto comunicado
el 6 de diciembre, en el que se remarcan algunos puntos de la directiva
15/2010, sobre limitaciones de la intervención militar, precisando
"que los militares no realizaran acciones de búsqueda en domicilios
ni la detención de personas, tareas que continuaran siendo responsabilidad
de las fuerzas policiales, que estarán bajo el comando de la F Paz.
Estas fuerzas estatales, no obstante, tendrán comandantes propios,
y serán ellos los que se vinculen con el Comando del la FPaz". El
ministro Jobim se negó a fijar fecha de finalización para las operaciones
de esta Fuerza de Paz, ya que implicaría presuponer que habría necesidad
de su empleo hasta esa fecha, cuando posteriormente podría ocurrir
que no hubiera necesidad alguna.
Brasil cuenta
con 5 instituciones que son contempladas en la Constitución Federal
para aplicar la ley. En el nivel estatal son la Policía Militar Estatal
y Cuerpo de Bomberos y la Policía Civil Estatal, a nivel nacional dispone
de la Policía Federal, la Policía Federal de Caminos y La Policía
Federal de Ferrocarriles. Como resultado del incremento del delito y
el nivel de violencia vinculado al narcotráfico, fue necesaria la creación
en 1978 del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) en RJ como fuerza
de élite, pero enmarcada dentro de la orgánica de la Policía Militar
de ese Estado. En 2004 se creo la Fuerza Nacional de Seguridad Publica,
que no es una institución nueva, sino un elemento de tarea conformado
por elementos de la Policía Militar pertenecientes a distintos estados
para emplearse en situaciones de emergencia o estados de excepción.
El apresurado
empleo de las Fuerzas Armadas y la creación de una "Fuerza de Paz",
evidencian determinación para aplicar los modos de acción que sean
necesarios, a fin de recuperar el espacio perdido por el Estado brasilero,
ante el avance territorial de poderosas organizaciones criminales y
la insuficiencia de las fuerzas policiales. Pero también significa
un agravamiento creciente de la situación interna de un país con pretensiones
de potencia mundial. Si bien se diferencian claramente las misiones
de militares y policías, la naturaleza misma del combate contra las
"nuevas amenazas", no permiten definir, especialmente en el escenario
urbano, cual es el frente y cual la retaguardia. Dudosamente se pueda
evitar que en el futuro, por la dinámica e imprevisibilidad misma de
los acontecimientos, se haga necesario emplear crecientemente a las
Fuerzas Armadas, en otros barrios de RJ o incluso en otras ciudades
populosas del Brasil, en misiones en que se excederían las atribuciones
previstas por la legislación actual, como sucede ya en otros países
de la región.
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