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Chile: Partidos, la hora del cambio PDF Imprimir E-Mail

Feb-07-08 - por Claudio Fuentes y Mireya Dávila*

Recientemente, los partidos de la Concertación anunciaron que impulsarán una reforma la ley de partidos políticos con el doble objetivo de establecer medidas disciplinarias para aquellos que no cumplan con las directrices partidarias y ayudar de paso a perfeccionar el sistema democrático. Sin duda, se requiere una normativa más moderna que regule el objetivo de las agrupaciones políticas y más en Chile donde dichas instituciones han permitido aglutinar proyectos y canalizar demandas sociales en el conjunto del espectro político.

Este tema debiese constituirse en una prioridad para el conjunto del espectro político por cuanto se advierte una fuerte crítica social al funcionamiento de los mismos. El ciudadano común desconfía de la política, cuando dicha actividad de servicio público es vital para la convivencia democrática. Sin embargo, en Chile se advierten prácticas que incluyen precarios mecanismos para el registro de nuevos militantes, falta de información sobre procedimientos dentro de los partidos y muy débiles sistemas de control de los procesos internos. La ley de partidos políticos vigentes desde 1987 tampoco ayuda pues establece marcos de funcionamiento demasiado generales para las agrupaciones políticas.

Si partimos del supuesto que una democracia consolidada requiere de partidos fuertes, entonces Chile necesita realizar una reforma sustantiva a la ley de partidos políticos que sancione los principios de transparencia, participación y rendición de cuentas. Como las organizaciones partidistas ejercen un rol que tiene que ver con el interés público, ello implica cumplir con normas que garanticen la transparencia en su actuar. Pero además, en determinadas circunstancias los partidos llegan a administrar el gobierno por lo que con mayor razón urge una mejor definición sobre su funcionamiento.

Una reforma sustantiva a los partidos considera al menos los siguientes elementos. Primero, perfeccionar el funcionamiento interno lo que incluye un sistema explícito, legitimado y eficaz de registro de militantes, la actualización periódica del padrón electoral, el fortalecimiento de las capacidades del servicio electoral para monitorear los procesos electorales internos y la obligación de los partidos de informar a sus afiliados y a la ciudadanía en general sobre su financiamiento, actividades y programas de trabajo.

En segundo lugar, establecer un financiamiento público y permanente para los partidos de modo de garantizar su gestión cotidiana. Los fondos públicos debiesen otorgarse con cuatro fines específicos: proveer una mínima infraestructura física y digital, formación cívica de militantes y de la ciudadanía, financiar los procesos electorales internos y apoyo a la función parlamentaria. Lo anterior implicaría otorgarle atribuciones al Servicio Electoral para auditar los gastos en que incurran. Al asegurar el funcionamiento básico de los partidos se estaría garantizando la independencia del dinero y la política al aumentar las posibilidades para que personas con menores recursos financieros pudiesen llegar a las instancias directivas de los partidos.

Finalmente, debiese avanzarse en el mejoramiento de los sistemas de disciplina interna lo que implica discutir las normas de sanción de militantes y los mecanismos para garantizar la ecuanimidad de las instancias de decisión.

Medidas como las descritas ayudarían a promover la competencia interna, garantizar su transparencia y fomentar la noción de partidos vinculados a la sociedad al tener que responder frente a la ciudadanía en su rol de educación cívica y generación de ideas y programas políticos. Al fortalecer los partidos en una dirección como la descrita se estaría contribuyendo a consolidar la democracia.

* Columna de opinión del Director de FLACSO-Chile, Claudio Fuentes, escrita junto a Mireya Dávila, Directora del Programa de Gobernabilidad, publicada en el diario La Tercera, el jueves 31 de enero de 2008. FUENTE: http://www.flacso.cl/

 
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