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Bolivia: Periodismo y protestas ciudadanas. ¿Quién gana? PDF Imprimir E-Mail

Oct-21-10 - por Pablo Javier Deheza *

A más de una semana de promulgada la Ley 045 y del inicio de la protesta del gremio de periodistas en contra de los “artículos mordaza”, la huelga ha logrado la adhesión de la clase media y se ha convertido en fenómeno político por derecho propio. Aquí se examinan los pros y contras de la medida, cuyo futuro es incierto.

La protesta que llevan adelante los periodistas en diversas ciudades del país ha ocupado la agenda política, pero sobre todo mediática, de los últimos días. En Santa Cruz, ésta ha encontrado una amplia muestra de apoyo por parte de la ciudadanía. Ya son más de 110.000 las firmas recolectadas en apoyo a la causa del gremio de los comunicadores. Hasta el viernes, la gente seguía haciendo fila en plena Plaza Principal de la capital cruceña desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas de la noche para rubricar los libros dispuestos para estos fines. Las marchas y concentraciones no han pasado desapercibidas. Si bien no han sido multitudinarias, no es poca la convocatoria que han generado.

Varios niveles de la realidad convergen en el hecho político generado por el Gobierno con la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Coexisten simultáneamente elementos que hacen a la sociedad, sus conductas racistas, las diversas exclusiones que existen en nuestro país, el papel de los medios, el de los dueños de los mismos y sus intereses, los aspectos formales de la ley, el hecho político en sí generado por el oficialismo que cohesiona su bloque y desplaza una serie de otras demandas que empezaban a aparecer, entre muchas otras. Sin duda que se trata de una iniciativa que muestra claramente la habilidad de maniobra del Gobierno. Es en ese escenario -político, complejo, con múltiples niveles, intereses y transversalidades-, que se da el movimiento de los periodistas. No se lo puede ni debe entender como conflicto obrero-patronal sino que juega en un escenario mucho más grande.

Tuffi Aré es el jefe de redacción del diario El Deber, periodista valioso por mérito propio. Comentando sobre cómo ve la evolución del movimiento gremial generado a partir de la vigencia de la Ley 045, señala que “aquello que empezó como un piquete de huelguistas e iniciativa de un sindicato ha ido creciendo de manera imparable. Tenemos la posibilidad de proponerle al país una iniciativa legislativa ciudadana que modifique dos artículos que son cuestionados. La semana pasada esto ya se fue consolidando como un movimiento ciudadano y eso es lo más importante”.

Sobre el tratamiento que han de recibir las firmas recolectadas, Aré explica que “hay dos candados que le han puesto a esta iniciativa legislativa ciudadana y a un posible referéndum, relacionados con la falta de legislación de ambos instrumentos democráticos. Han de servir para respaldar esta protesta nacional con la posibilidad de demandar que tanto la Asamblea Plurinacional como el Organismo Electoral legislen ambos procedimientos. Es la muestra del apoyo ciudadano a la legitimidad de nuestra protesta”.

Acerca de la invitación del Gobierno a que los periodistas participen de las negociaciones, el periodista cruceño indica que “aunque las organizaciones de prensa han decidido no ir a la reglamentación, yo voy a proponer que vayamos, pero a tratar los otros artículos. No los dos artículos mordaza. Si el Gobierno acepta nuestra participación, va a ser muy importante que estemos presentes demostrando que siempre hemos estado en contra del racismo”.

Políticos, no

Una de las características que tuvo desde sus inicios el movimiento de los periodistas fue que buscaron conscientemente distanciarse los actores políticos. Aré explica que esto fue así porque “no queremos ser tontos útiles de los políticos para que nos usen y ellos reflotar políticamente”.

Aquí caben algunas reflexiones. Si bien es cierto que existen las naturales tentaciones de parte de los políticos a obtener réditos a su favor, también es cierto que no son los únicos. Se ha visto que algunos periodistas en problemas con instancias judiciales, a nivel nacional, han optado por sumar fuerzas hacia la protesta gremial buscando ellos también espacios para legitimarse y reciclarse.

Pero el mal momento de la clase política cruceña y opositora en general, hace que la sociedad civil -de la cual la prensa es parte- se aleje de ella para que los problemas que viene acarreando no afecten y desacrediten sus manifestaciones. Esto levanta cuestionamientos de fondo desde y para la población acerca de la legitimidad y representación de los actores políticos presentes. Convendría recoger este distanciamiento como un síntoma que sirva para abrir un necesario debate acerca de la salud de las actuales estructuras de representación política de la ciudadanía.

Los medios, cuestionados

El cuestionamiento de la sociedad civil a los medios no es reciente. El Gobierno, consciente de esta realidad, aprovecha una base social legítima para plantear en sus términos una interpelación al ámbito de los comunicadores. No es razonable, desde ningún punto de vista, que los cánones para la regulación del gremio sigan siendo los contenidos en una ley que data de 1925. Lo cierto es que ni aún eso fue debidamente aplicado. Al negarse los medios y el gremio periodístico a autorregularse abrieron la puerta para legitimar la actitud del Gobierno de regularlos. Así sea con los dos artículos contenidos en la Ley 045.

Gustavo Pedraza, analista de la realidad social boliviana, profundiza en el tema indicando que “en el contexto en el que está el Gobierno, con dificultades importantes en su bloque histórico -particularmente con los indígenas de tierras bajas, los originarios y los campesinos-, obviamente que una propuesta de este tipo nuevamente aglutina al conjunto. ¿Quiénes fueron los discriminados aquí? En realidad son los indígenas y los campesinos. Quién de ellos se va a negar a darle su apoyo al Gobierno para que apruebe una ley con la que pueden mejorar sus condiciones de vida. Es innegable que esto los cohesiona porque para ellos es mejor una norma que impida que los discriminen a una norma de cuarta generación de los derechos humanos como es la libertad de expresión”.

Pedraza prosigue, advirtiendo que “están segmentando la sociedad. El nicho de apoyo social del Gobierno no discrepa mayormente con la aprobación de la Ley. Pero es la oposición al Gobierno, la clase media más moderada, la que se siente en gran parte afectada por el tema de la libertad de expresión. Lo que el Gobierno hace es construir una agudización de esta confrontación útil para sus fines”. Esa es precisamente la habilidad política del Gobierno. No es real analizar esta Ley ni las movilizaciones de los periodistas desvinculándolas del hecho político generado por los gobernantes.

Se trata de un escenario complejo donde no necesariamente lo que algunos creen que juega a su favor lo hace. El enfrentamiento entre periodistas y Gobierno beneficia con mucho al último. Con eso en mente, volvamos por un instante al movimiento gremial. En éste se ha visto que los grandes ausentes han sido los dueños de los medios, con la excepción del director de El Deber, Pedro Rivero, “Choco”. ¿No son acaso los protagonistas principales en este conflicto? ¿Por qué no están presentes? ¿Si no están ahí, desde dónde están ejerciendo la defensa de sus intereses? ¿No será que estas movilizaciones del gremio sirven también como una carta de negociación en otro escenario de intereses mayores?

*Artículo publicado en el semanario PULSO de Bolivia

 
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