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Bolivia: Servicio militar, una tortura para las FFAA PDF Imprimir E-Mail

Oct-12-10 - por Daniela Espinoza M*

Agobiada por las denuncias de maltrato e incluso tortura en los cuarteles e institutos de formación, la institución castrense no encuentra la fórmula para salir de esta penosa situación. Aún así, se manifiesta contraria a la posibilidad de que el servicio militar sea voluntario y no obligatorio como hasta ahora.

Literalmente, el servicio militar obligatorio se ha convertido en una auténtica tortura, para muchos conscriptos que han sido sometidos a crueles vejámenes, pero también para las propias Fuerzas Armadas que, como institución, han quedado a merced de oficiales que, según confirman algunas fuentes, han sido pésimos alumnos en la materia de derechos humanos.

Los últimos acontecimientos, particularmente el caso del conscripto Guido Álvaro Flores Cortés, que fue torturado en el Regimiento de Fuerzas Especiales “Méndez Arcos” de los Rangers de Challapata, y la secuela de denuncias que aparecieron en los días posteriores, dejaron al descubierto una realidad difícil de ocultar y, al mismo tiempo, abrieron el debate sobre la pertinencia de transformar el servicio militar de obligatorio a voluntario. Incluso, surgieron voces que abogan por la realización de un referéndum para dirimir este delicado asunto.

Al respecto, el Ministro de Defensa, Rubén Saavedra, afirmó que las FFAA no aceptan esta posibilidad, porque iría directamente contra la seguridad del Estado, ya que el grueso de la institución castrense está conformado por conscriptos: alrededor de 27 mil jóvenes enrolados en el servicio militar y 23 mil en el premilitar, anualmente.

Saavedra advierte que si esta obligación transita hacia lo voluntario, el Estado se vería en la necesidad de pagar a quienes acudan voluntariamente a prestar el servicio, situación que implicaría un enorme gasto, además del hecho de que quienes lo hagan sean “definidos como conscriptos a sueldo”.

“El servicio militar obligatorio es un tema íntimamente vinculado con la defensa del Estado y la soberanía del país, por lo que de ninguna manera se lo podría poner en tela de juicio y menos someter a un referéndum. El tema queda fuera de discusión”, añade el Ministro a tiempo de explicar que además del servicio militar obligatorio hay en el país otras opciones como el servicio premilitar –para jóvenes que cursan los últimos años de estudios del bachillerato– y el enrolamiento como voluntarios para atender desastres naturales, a través del SAR.

La Defensoría del Pueblo, sin embargo, sostiene que la idea de ir a referéndum para definir sobre este tema requiere de un profundo debate que se está iniciando como sugerencia de esta entidad, pero que requerirá del apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil, del mismo Gobierno, de la Asamblea Legislativa e incluso de organismos internacionales, entre otros.

El Defensor del Pueblo en suplencia legal, Jaime Quiroga, aclaró que la sugerencia de ir a una consulta surgió ante la necesidad de hacer algo que permita evitar el gran número de maltratos físicos en los cuarteles, toda vez que este tipo de vejámenes, junto a otros que hacen a la vulneración de la integridad de las personas, ocupó el primer lugar en el sistema de quejas de la Defensoría durante el año 2009.

Desde la creación de la Defensoría –12 años atrás–, relata Quiroga, muchas han sido las sugerencias destinadas a mejorar el trato de los conscriptos en los cuarteles. Se propuso crear la figura del Defensor del Soldado por la cantidad de casos de vulneración sobre el tema e incluso se sometió a consulta la creación de esta figura en la Asamblea Constituyente; posteriormente, se inició un trabajo con las Fuerzas Armadas y la Policía, no sólo para la recepción de quejas sino de incidencia en políticas públicas e institucionales y en capacitación sobre derechos humanos, a través de una serie de talleres y cursos.

La nueva etapa de la Defensoría, añade, está abocada a la realización de un análisis que permita ver el impacto que dichas acciones han tenido sobre todo en la formación, el cambio de mentalidad y actitud de oficiales y policías, de modo que se puedan tomar nuevas acciones y corregir otras para seguir adelante.

La posibilidad de que en cada guarnición o recinto militar se instale una oficina de la Defensoría todavía está lejos de ser considerada por la limitada capacidad de la institución. “Instalarnos en cada guarnición aún está fuera de nuestro alcance, pero no descartamos opciones más cercanas, como trabajar a través de un buzón u otras opciones que faciliten las denuncias sobre maltrato”, explica Quiroga.

Sobre las múltiples denuncias de maltratos físicos y psicológicos a conscriptos y cadetes, el titular de Defensa aseguró que desde hace varios años se trabaja en un proceso de capacitación en materia de derechos humanos, la misma que figura en el programa de estudios de los oficiales de las Fuerzas Armadas.

Dentro de la estructura del Ministerio de Defensa hay una Dirección de Derechos Humanos e Interculturalidad que se ocupa, por un lado, de tareas preventivas, cursos sobre la materia de DDHH, capacitaciones, seminarios y otros, además del hecho de que al interior de la institución militar existen también dependencias específicas responsables de trabajar sobre derechos humanos e incluso hay responsables del tema en cada guarnición. Por otro lado, la Dirección se hace cargo de investigar denuncias sobre maltratos físicos y de sancionar a los responsables en caso de que se comprueben los hechos.

El Ministro de Defensa reveló que, a pesar de no existir un estudio de los perfiles psicológicos de los militares presuntamente responsables de haber agredido físicamente a soldados, se ha podido constatar en algunos casos, que se trata de personas que en su infancia fueron víctimas de maltrato o que son responsables de maltrato intrafamiliar.
Sobre el rigor de las sanciones a los abusadores, Saavedra dijo que éstas se encuentran dentro de parámetros adecuados y que si la denuncia o el hecho es grave, como en el caso del conscripto de Challapata, el tema pasa a consideración de la justicia ordinaria.

Aunque conforme a normas internacionales, de las cuales Bolivia es signataria, la tortura a los prisioneros de guerra está prohibida desde hace casi medio siglo, según Saavedra, hasta hace tres años se impartía una clase denominada “prisionero de guerra” en la que se sometía a los conscriptos a prácticas de extremo rigor físico.

Pero, lo que está claro es que a pesar de este tipo de cambios que se han ejecutado en las Fuerzas Armadas, las denuncias suman y siguen.

El Defensor interino dijo que están realizando una evaluación sobre el funcionamiento del capítulo derechos humanos tanto en la Policía como en las FFAA, pero que el trabajo debe ir mucho más allá, “hasta lograr un cambio de conciencia en la oficialidad, para que verdaderamente la actitud distinta se exprese en el trabajo rutinario que realizan los oficiales en los cuarteles e institutos”.

Según el titular de Defensa, parte de las acciones que la institución castrense tiene planificado llevar adelante a futuro tienen relación con la introducción de la figura de la “disciplina consciente”, que no es otra cosa que el cumplimiento de las obligaciones militares, sin llegar a vulnerar los derechos de las personas.

*Artículo publicado en el semanario PULSO de Bolivia

 
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