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Sep-14-10 - por Ivan Olivares*
Más allá de los discursos y las declaraciones oficiales en el sentido de que el ‘bono solidario’ es una actividad entre particulares, y que es un tema que sólo compete a los nicaragüenses, la verdad es que el equipo económico que representa a Nicaragua en las negociaciones con el FMI, tendrá que hablar sobre (y defender) esa controversial decisión del presidente Daniel Ortega.
“El bono está fuera de la esfera gubernamental. No impacta las cifras oficiales, ni afecta al Presupuesto General de la República. No genera obligaciones ni es una partida de la que se pueda disponer en las reservas del país”, dijo en declaraciones al Canal 8, el Presidente del Consejo Directivo del Banco Central, Antenor Rosales.
Si en realidad está fuera de todos los ámbitos oficiales, entonces ¿para qué discutirlo?
Rosales explicó que el tema se maneja en las reuniones con el organismo multilateral, no sólo porque “el tema del bono preocupa al FMI”, sino también porque se admite que es necesario evaluar su posible impacto en los salarios, (tanto nominales como reales) de ambos sectores: privado y público.
En realidad, hay más razones para observar todas las variables afectadas por la decisión de repartir C$500 millones entre 130,000 trabajadores estatales en año preelectoral, y una de ellas es que rompe con el acuerdo de hacer que los salarios se muevan acorde con el crecimiento del producto interno bruto.
El Memorando de Políticas Económicas y Financieras que era parte de la Carta de Intención firmada en agosto del 2007 por el propio Rosales, junto al ministro de Hacienda, Alberto Guevara, asegura que “la nómina salarial completa crecerá en línea con el PIB nominal durante el periodo 2007-08”.
Un año después, ambos funcionarios firmaron una nueva Carta de Intención, en la que aseguran que “el Gobierno asegurará que la política salarial del sector público sea consistente con el crecimiento del PIB nominal”.
Rosales mismo recuerda que “el PIB decayó en 1.5% el año pasado”, lo que da pie a que sus interlocutores del FMI pregunten cómo al país se le ocurre aumentar los salarios en ese contexto.
Una fuente cercana al grupo negociador nicaragüense dijo a Confidencial que en realidad “el FMI ya internalizó que todo eso del bono es una donación de Venezuela”, por lo que el organismo estaría limitándose a decirle a Nicaragua “que mantenga en orden sus balances fiscales, de modo que en la eventualidad que Venezuela no lo pague más, el país sea capaz de seguir otorgándolo sin sufrir mayores afectaciones”.
Aunque en este momento el bono no afecta al presupuesto ni los niveles de masa salarial acordados con el Fondo, hasta en el momento en que llegara a ocurrir, “habría que comenzar la discusión”, que no se acomete en este momento, porque “es hipotético”.
Nicaragua busca dos ampliaciones
Desde luego, la discusión no estará centrada en el bono ni mucho menos.
Ambos equipos tienen que revisar una serie de temas que pueden resumirse en tres grandes grupos, como lo explicara el propio presidente Rosales: las metas y los compromisos cuantitativos; los compromisos que conllevan a la necesidad de definir una agenda complementaria, y los recursos que el Fondo se compromete a entregar al país una vez cumplidos los plazos y los compromisos.
La meta de Nicaragua es cerrar todas brechas hasta poder declarar que se han cumplido todos los compromisos asumidos en el marco de la cuarta y la quinta revisión del Programa, para poder presentarse ante el Directorio del Fondo, tal vez “a finales de noviembre o inicios de diciembre”, pese a que la meta hace unos meses era hacerlo en el mes de octubre, considerando que el presente Acuerdo vence el cuarto día de ese mes.
Rosales confirmó que al Ejecutivo le interesa “mantener el programa con el Fondo, como expresión de la responsabilidad financiera y económica del Gobierno”, por lo que buscarán cómo ampliarlo, y por partida doble.
El funcionario explicó que una de las ampliaciones es de carácter técnico, para que el país siga teniendo un Programa con el Fondo mientras el Directorio aprueba la cuarta y quinta revisión en noviembre o diciembre, pese a que el Programa termina la primera semana de octubre.
La segunda parte del hecho que “desde el punto de vista de los intereses nacionales, hemos manifestado que tenemos que tener un programa con el Fondo, para 2011, y en ese contexto, lo mejor es ampliar el actual, firmado en 2007, ajustándonos en lo que sea necesario para que vengan en este año los recursos que podamos negociar con ellos”, detalló Rosales.
Los otros grandes temas
El equipo negociador nicaragüense podrá presentar con orgullo a su contraparte del FMI, la ‘lista de tareas’ hechas, entre la que destaca la nueva Ley Orgánica del Banco Central, así como la que asegura una lucha más eficiente contra el fraude eléctrico.
Además de ver hacia el pasado, los negociadores también tendrán que vislumbrar en el futuro cercano para asegurarse que el Presupuesto 2010 esté completamente financiado, así como para asegurarse que el destino que se le vaya a dar a los más de C$1,400 millones de recaudación extraordinaria, no pongan en peligro la estabilidad macroeconómica mantenida a ‘sangre y fuego’ por el presente gobierno y sus predecesores.
Para ello habrá que presentar una propuesta de Presupuesto 2011, que ‘dibuje’ las líneas gruesas en que estará fundamentado, además de coincidir acerca de un nivel de déficit fiscal 2011 que resulte razonable, considerando que se trata de un año electoral.
Rosales dijo que también se buscarían acuerdos en torno a los niveles de reservas internacionales a acumular (o desacumular) en 2010 y 2011, así como el compromiso de efectuar un censo de trabajadores y empleados del Estado, “que nos permita firmar la carta de solicitud de ampliación técnica del programa vigente”.
*Artículo publicado en el Semanario CONFIDENCIAL de Nicaragua
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