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Bolivia: Ahora el MAS busca el enemigo en casa PDF Imprimir E-Mail

Sep-08-10 - por Daniela Espinoza (Pulso)*

Un ex Defensor del Pueblo y analistas políticos cuestionan la tendencia gubernamental a desautorizar las expresiones de disidencia y crítica, no sólo de miembros de la oposición, sino también aquellas que surgen en las propias filas del partido e instrumento político creado para acceder al poder.


Al Gobierno no le gusta que lo critiquen y cuando alguien lo hace, entonces pone en marcha una compleja maquinaria de persecución que termina por amedrentar y/o silenciar al responsable.

Ejemplos sobran. Recientemente un activista peruano, naturalizado boliviano, que defendió a los familiares de las víctimas de los sucesos de Caranavi y cuestionó el accionar de la Policía Nacional en esa circunstancia, fue objeto de una compleja represalia, que incluyó el allanamiento de su oficina y domicilio, supuestamente para buscar droga, pues, según las autoridades bolivianas, Jorge Quiroz habría sido procesado por tráfico de sustancias controladas en su país.

Pero el Gobierno también se ensaña con las observaciones de su propia gente. Poco después de haber concluido el conflicto en Potosí, algunos dirigentes del MAS propusieron la expulsión de los asambleístas potosinos que se habían sumado a las medidas de presión de sus coterráneos, supuestamente por haber incurrido en un acto de traición al denominado proceso de cambio.

Según el ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín, lo acontecido con dos activistas de derechos humanos es un síntoma muy preocupante y peligroso. “Que yo recuerde, fuera de los abusos que se cometían en dictaduras militares, atropellos directos contra organismos de derechos humanos y contra personas vinculadas a las mismas, sólo se dieron en forma contundente durante la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, precisamente con Sánchez Berzaín de Ministro de Gobierno. Me preocupa que en el actual régimen empiece a repetirse la historia, anteponiendo la idea de que ‘por el cambio todo vale’, sin analizar que la vigencia y garantía de los derechos humanos forman parte del objetivo altruista del cambio”.

La ex autoridad cree que la falta de una verdadera convicción y madurez democrática de parte de las autoridades de Gobierno hace que asuman las críticas de diferentes sectores como ataques del enemigo y, por ende, respondan a las mismas con soberbia y con un sentido de “criminalización de toda acción contestataria que puede venir de sectores afines o de opositores”.

“Las autoridades deben comprender –sigue Albarracín– que en un sistema democrático, es natural el surgimiento de críticas muchas veces constructivas desde instancias externas al Órgano Ejecutivo”, sin embargo “existe una especie de psicosis de ver en toda opinión que se vierte desde fuera del Gobierno un complot de la derecha o de sectores enemigos que, en rigor de la verdad, no lo son”, añade.

Para el analista Róger Cortez, la “paranoia política” del Gobierno surgió como consecuencia de las posiciones antagónicas de diferentes sectores durante el proceso de la Asamblea Constituyente, “muchas de las cuales tenían el objetivo de desestabilizar la gestión”; posteriormente surgieron actitudes similares de parte de sectores terratenientes que pretendieron colocarse a la cabeza de la oposición cívica regional. La actitud que tomó el Gobierno ante estos hechos tiene mucho que ver con la tradición sindicalista de algunos de sus miembros.

Otro es el fenómeno, señala Cortez, que se presenta en el último semestre –acompañado del proceso de elaboración de leyes–, que implica el traspaso de un Estado unitario, simple, a un Estado plurinacional “hipercomplejo”. Este proceso genera tensiones, más cuando choca con las tendencias todavía centralizantes del Gobierno nacional.

“Creo que no existe ningún tipo de grupo de poder que asimile rápida y fácilmente la inevitable dispersión del poder político que supone el funcionamiento del nuevo Estado. Esta dificultosa asimilación genera una actitud agresiva, que tiende a desautorizar de manera rápida cualquier intento de protesta, crítica o disidencia”, explica.

El miembro de Comuna Oscar Vega coincide en que las tensiones que estamos viviendo son formas de discutir el proceso de cambio. “Al Ejecutivo todavía le cuesta asimilar y adaptar su estructura a las transformaciones que se han registrado”. Asegura que el Gobierno no debe entenderse como grupo unitario sino como un equilibrio de fuerzas, no es una estructura orgánica, como lo era antes, por lo que no se puede pedir una disciplina partidaria a una forma de organización, a un conglomerado de organizaciones y afiliados.

Sin embargo, observa que la actitud de querer desautorizar rápidamente a militantes y participantes del proceso, sean críticos o no, muestra en realidad más que una fortaleza una debilidad del Gobierno. “Cuando no tienes contrapropuestas, desautorizas”, dice Vega.
Además de debilidad, añade Cortez, se puede evidenciar una “forma muy primitiva de asimilar el cambio. Aparentemente, la confusión lleva a estados de ira, de agresividad”.

Según Albarracín, da la impresión de que en sus evaluaciones, las autoridades gubernamentales “se autoconvencen de que lo están haciendo muy bien y, por tanto, llegan a la conclusión de que los malos son los demás, por eso hay que reprimirlos, eliminarlos o matarlos civilmente, incluso indagando su vida privada o su pasado y si no les encuentran algo cuestionable, les inventarán. Tienen todas las posibilidades materiales para hacerlo, su Policía, sus FFAA, sus fiscales y sus jueces”.

Aunque la argumentación oficial es distinta, no debe aislarse el caso de la reciente reversión de acciones de Soboce en la fábrica de cemento de Sucre, Fancesa, de un conjunto de acciones orientadas a neutralizar a los adversarios del régimen, en este caso el empresario y político Samuel Doria Medina.

Al igual que en el caso de Fancesa, donde se utilizan justificaciones vinculadas a cuestionamientos al neoliberalismo, la capitalización y la privatización, también se ha actuado en el frente de tierras, para realizar un ajuste de cuentas y de hectáreas, con familias cruceñas relacionadas con organismos cívicos o con medios de comunicación críticos.

La Conalcam, un vigilante

Aunque el Gobierno proclama que su poder se consolida cada vez más, producto de la supuesta adhesión popular a las medidas de cambio impulsadas desde el Ejecutivo, no deja de ser un síntoma de debilidad el hecho de que vean enemigos en todas partes, al extremo que se ha perfilado un instrumento legal para convertir a la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) en una suerte de vigilante para que el enemigo no se infiltre en las organizaciones sociales.

La idea, según se desprende de una investigación publicada por el matutino La Razón, es el adoctrinamiento político y preservación del proceso de cambio para encaminar a Bolivia a un Estado Socialista Comunitario.

El ex Defensor del Pueblo considera poco adecuado el procedimiento gubernamental de “sembrar el temor en la gente, con el copamiento de instancias estatales que se pretende convertir en instrumentos paragubernamentales, como los tribunales y el Ministerio Público”. Precisamente, añade, “esas dos entidades están siendo manipuladas para reprimir políticamente bajo un ropaje aparentemente jurídico, en la idea de convertir en delito o en delincuente a quien no comulga con ellos”. Insiste en la importancia de incorporar el respeto a los derechos humanos como parte integral en el proceso de cambio.

Según el documento oficial que propone el fortalecimiento de la Conalcam, los propios movimientos sociales, antes indistinguibles por su aparentemente contundente respaldo al Gobierno, han sido divididos entre buenos, incondicionales y malos, entre estos últimos los que eventualmente protagonizan protestas, como mineros, gremialistas, choferes, colonizadores, indígenas del oriente, etc., quienes, estarían encabezados por contrarrevolucionarios que deberían ser sancionados.

Si se concreta el proyecto de añadir atribuciones represivas a la Conalcam puede esperarse que en el futuro todo dirigente social o militante masista que incurra en faltas o acciones que vaya en contra del proceso de cambio recibirá un castigo.

El propio Presidente del Estado ha advertido, sin mostrar pruebas, que el imperio intenta penetrar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para crear condiciones de división interna. Lo cierto, al cabo de una larga lista de denuncias contra el “imperio” es que EEUU ha figurado siempre como una especie de fantasma al que se convoca con frecuencia para generar unidad interna frente al enemigo externo.

Cortez considera “gravísima” la tendencia a descontextualizar el control social y querer convertirlo en una especie de cogobierno. “Estas acciones pueden conducir a cortocircuitos muy peligrosos”, añade.

Según Oscar Vega, la Conalcam debe leerse como la búsqueda de formas de un sustento de legitimidad institucional de lo que son los movimientos sociales. “Recordemos que esta institución tuvo un papel decisivo cuando funcionaba el Conalde (Consejo Nacional Democrático) y también propició la nueva CPE. En ese sentido, creo importante su acompañamiento en el proceso de transición y de transformación estatal, principalmente como una entidad que acompañará la figura del Presidente”.

Albarracín, por su parte, afirma que los bolivianos estamos viviendo experiencias concretas de “criminalización de la crítica y del pensamiento disidente”. Muchas personas, dice a tiempo que explica que se incluye en el grupo, “no nos oponemos al proceso de cambio; pero no estamos de acuerdo con la intolerancia, con la vulneración de los derechos humanos, con esa forma tan anómala de medir con distintas varas la conducta de las personas, donde la pasará muy mal aquel que no está vinculado al MAS”.

Según Róger Cortez, los intentos de descalificar las críticas hacia el Gobierno no son una constante de todos los actores gubernamentales. “Algunos se sienten cómodos con ese tipo de actitudes, pero hay los que son concientes de los riesgos que puede traer para el propio proceso de cambio y de la tensión que ocasionan al interior del propio Ejecutivo”, añade.

Vega considera importante entender la realidad de una manera distinta, y no como una secuencia de conflictos tradicionales, sobre todo cuando se observa un intenso debate interno y un reacomodo de la correlación de fuerzas políticas y sociales en el país, condicionados por la propia naturaleza del proceso de cambio.

La aparente intolerancia del Gobierno, desde esa perspectiva, señala, “debe entenderse en un campo más amplio, es decir viendo que hay un cambio de correlación de fuerzas muy profundo en el país que, en el último año y medio, ha permitido que se genere y viabilice no sólo la promulgación de la nueva CPE sino su aprobación. Esto, nos enmarca en una nueva etapa, en una nueva fase, como país, en la que estamos atravesando un proceso de transición hacia el Estado plurinacional. Como en toda fase de transición o construcción hay ciertas formas de legalidad. Hay modificaciones y cambios en la composición del Estado”.

Cuando se habla de intolerancia, añade Vega, hay que hacer referencia a la enorme “torpeza de nuestros políticos, tanto de los que están dentro como de los que están fuera del Gobierno. Hay prisa por decir cosas, y hay impunidad al hacerlo, no sólo de las autoridades sino también de los medios de comunicación, se hace cada vez más fácil cambiar lo que se dijo realmente”.

Cortez cree que el nuevo diseño y las nuevas instancias subnacionales que suponen la conformación del nuevo Estado más temprano que tarde van a exigir su condición autonómica, entendida ésta como la esencia misma del Estado plurinacional.

*Articulo publicado en el Semanario Pulso de Bolivia

 
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