Ago-03-10 - por Carlos Salinas Maldonado*

Fue una escena surrealista. Una veintena de humildes personas exigían justicia ocupando la sala de reuniones de la Corte Suprema, ese sombrío auditorio donde se ha anunciado toda suerte de ardides legales. Los magistrados sandinistas allí reunidos observaban a los manifestantes con rostros compungidos, mientras en una esquina se apiñaban decenas de fólderes con sentencias estancadas. Eran, diría más tarde la magistrada Alba Luz Ramos, “el cúmulo de sentencias que la gente común y corriente de este país ha interpuesto”. Y que la Corte no ha resuelto por jugar a la política.

La comparsa de humildes que ocuparon por primera vez el salón de reuniones de la Corte, se convirtió en el capítulo tragicómico de una historia que ya dura meses y que parece no tener fin. El viernes las bancadas liberales y sandinistas de la Corte se reunieron de nuevo para negociar, y un par de horas más tarde se despidieron con una suerte de acuerdo que no resolvía la crisis. El nuevo trato establece que liberales y sandinistas conformarán grupos de cuatro magistrados para analizar los casos pendientes, pero no había acuerdo sobre si en esos grupos iban a participar los ex magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra. Las negociaciones continuaban en punto muerto.

La magistrada Ramos acusó a los magistrados liberales de estar “jugando” y no querer resolver la crisis. “Tengo la impresión, y siento mucho decirlo, que ellos están dándole largas al asunto y que realmente no quieren resolver esta situación”, dijo Ramos. La magistrada, que hasta ahora había usado un discurso conciliador, de negociación, el viernes aprovechó para criticar a sus compañeros liberales y echarles la culpa del estancamiento de la Corte. “Han venido durante una semana dando largas y largas como se las dan a (Marcos) Carmona en la CPDH (en referencia a las elecciones primarias de la oposición). Ese es un estilo de trabajo de ellos (los liberales)”, dijo Ramos.

“Una de las personas más duales en esto es el doctor (Sergio) Cuarezma. Te dice una cosa en un momento, en otro momento te dice otra; no es muy claro en sus planteamientos, no porque no pueda ser claro, sino porque no quiere serlo. Cuando se dio cuenta de que íbamos a exponer los expedientes para que todo el mundo los viera, todos los expedientes que él tenía guardados en su oficina los firmó en carrera y los mandó a la secretaria de la Sala Constitucional”, agregó Ramos.

La magistrada acusó a sus compañeros liberales de aprovechar los recursos de la Corte Suprema sin hacer su trabajo: “Aquí nos pagan para trabajar y nos pagan bien”, agregó. “Hay magistrados que tienen hasta cuatro asesores; cuando yo ingresé a la Corte no teníamos ni uno. (Sergio) Cuarezma tiene 4 ó 5, (Iván) Escobar tiene tres. ¡Hay que poner a trabajar a los asesores! (…) Hay que sacar los expedientes pendientes. Cuarezma se niega a recibir expedientes porque dice que tiene demasiados. Él tiene 53; hay magistrados que tienen 400. Lo que pasa es que hacen otras cosas que no son propias del Poder Judicial: hacen libros, dan clases. Algunos tienen instituciones académicas. A mí me han pedido que dé clases, pero digo que ya tengo suficiente trabajo en la Corte”.

Una crisis sin fin

En realidad la parálisis de la Corte Suprema es una responsabilidad compartida. La crisis inició en enero cuando el presidente Daniel Ortega emitió su cuestionado decreto 3-2010 con el que ordenaba a una veintena de funcionarios públicos mantenerse en sus cargos a pesar de que se les vencía su periodo constitucional.

Los magistrados Solís y Cuadra rehusaron dejar sus cargos, arropándose en el decretazo de Ortega y más tarde en una disposición constitucional “revivida” por el oficialismo: el segundo párrafo del artículo 201 de la Constitución que faculta a funcionarios a permanecer en su cargo hasta que se nombraran a sus sucesores. Una disposición creada en el crítico contexto político de finales de los ochenta.

Desde entonces los magistrados liberales se han negado a conformar Corte Plena para elegir a las nuevas autoridades de la CSJ, al terminársele su periodo como presidente al magistrado Manuel Martínez. Los liberales aducen que ellos son minoría (seis magistrados) frente a sus compañeros sandinistas (ocho, con los ex magistrados Solís y Cuadra), por lo que éstos podrían aprovechar el contexto para controlar las salas de la Corte y aprobar resoluciones controvertidas como un fallo que garantiza la reelección del presidente Ortega. La magistrada Ramos niega esa afirmación.

“Les hemos explicado hasta la saciedad que no tenemos absolutamente ningún interés en pasar sentencias políticas, no nos interesa. Lo que queremos es sacar el cúmulo de sentencias que la gente común y corriente de este país ha interpuesto. El doctor Martínez dijo que como íbamos a estar ocho a seis tenía el temor de que saliéramos con una sorpresa. Yo le di mi palabra: no va a suceder eso; no nos interesa”, afirmó Ramos.

“La culpa es de los diputados”

Los magistrados liberales parecen no confiar en la palabra de Ramos y la crisis se extiende. ¿Por qué? La magistrada sandinista tiene una respuesta: echa la culpa a los diputados de la Asamblea Nacional. “Han traído a esta institución un conflicto político que no es de aquí, que es de los partidos. A los diputados, irresponsablemente, se les ha ocurrido que es aquí donde se debe resolver y no donde ellos: es la Asamblea la que tiene que resolver ese conflicto. Ellos se fueron tranquilamente de vacaciones”, afirmó.

La magistrada sandinista acusa directamente a los diputados liberales de soplar el carbón que mantiene encendida la llama de la crisis. “Ha sido una cuestión muy clara: ellos han presionado a los magistrados, especialmente los diputados (José) Pallais y (Wilfredo) Navarro. Un grupo de diputados que han andado muy activos, pero no en resolver el conflicto, sino en presionar a los magistrados de tendencia liberal para que no resuelvan el problema”.

Ramos incluso dijo que en conversaciones con sus colegas liberales éstos han demostrado disponibilidad a negociar sin importar la presencia de Solís y Cuadra. “Algunos magistrados nos lo han dicho directamente: ellos ya quisieran haber resuelto esto, incluso algunos están muy molestos con los diputados; pero cuando lo llevan a las reuniones del CEN, ahí les echan la caballería y no dicen nada. El doctor Martínez dice: ‘no es interés de nosotros estar impugnando al doctor Solís y al doctor Cuadra. Lo tenemos que hacer porque no nos queda más remedio’”, explicó.

Y mientras la culpa va de un lado a otro, como una pelota en un torneo de voleibol, los expedientes y las resoluciones pendientes se acumulan en las cuatro salas de la corte. En la Sala de lo Civil hay 347 casos pendientes; en la Sala de lo Contencioso Administrativo están 40 casos estancados; en la Sala Penal son 66; los despachos de los magistrados cuentan con 254 expedientes en espera de estudio y firma…

--¿Hay una salida a esta crisis?

-- Muchos magistrados en privado reconocen que el artículo 201 de la Constitución, el párrafo segundo, está vigente y dicen que ésa sería la forma ideal de resolver este problema. Lo que pasa es que hay un problema político que han querido trasladar aquí. El problema se debe resolver en la Asamblea Nacional, no aquí.

Pero la Asamblea está de vacaciones hasta mediados de agosto: la tragicomedia de la Corte parece no tener fin.

*Artículo publicado en el semanario CONFIDENCIAL de Nicaragua