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Bolivia: Nueva batalla entre “centralistas y autonomistas” PDF Imprimir E-Mail

Ago-03-10 - por Danitza Pamela Montaño T.*

La promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización ha dado un motivo a los cívicos de la “media luna” para reunirse y hacer causa común contra el Gobierno. Reunidos en Tarija, decidieron reactivar las movilizaciones autonomistas para, si no cambiar la CPE, al menos la Ley Marco.

“Es una lucha entre autonomistas y centralistas”, “entre dictadores y demócratas”, anunciaban los cívicos de Santa Cruz, Beni y Tarija; luego de haberse reunido, el miércoles 28 de julio, en la tierra andaluz para exigir la modificación de 17 artículos en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), a pocos días de que el Presidente promulgara la norma. Argumentan que los artículos en cuestión estarían contradiciendo, en casos puntuales, a la actual Constitución Política del Estado (CPE). Los representantes de Pando no asistieron a la reunión pero manifestaron su total respaldo.

La controversial solicitud se basa en el conocimiento de que el próximo reto de las asambleas departamentales se concentra ahora en la adecuación de los Estatutos Autonómicos a la Constitución Política del Estado como requisito para que éstos entren en vigencia. De esta manera, “La contradicción que existiría entre los 17 artículos de la LMAD y la CPE” se convierte en la nueva bandera de lucha de los comités cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Este conflicto, sin duda, será empleado como emblema de lucha autonómica por parte de los opositores al Gobierno, al cual califican de centralista.

En este sentido, la resolución emitida para lograr las modificaciones se concentra en la realización de movilizaciones y cabildos programados, en su mayoría, en días históricos de las regiones. El cabildo a efectuarse en Tarija se proyectó para el 18 de agosto; fecha coincidente con el Bicentenario, en el que se celebra la adhesión del departamento a la Revolución de Mayo, suceso considerado como el primer grito libertario en Argentina. La presidenta de la casa cívica de Tarija, Patricia Galarza, sostuvo que la lucha continuará hasta el fin ya que, según sus palabras, con la LMAD, se estarían violando los logros autonómicos del pueblo tarijeño.

Felcy Guzmán Guardia, presidente del comité cívico beniano, anunció que el cabildo en su departamento está programado para el 10 de noviembre, fecha en la que el indígena Pedro Ignacio Muiba lanzó el “primer grito autonómico” y luego fue inmolado por parte de la corona española. Resaltó también que de no lograr que el Estado modifique los cuestionados 17 artículos de la LMDA, las modificaciones serán determinadas en los cabildos.

Entre tanto, el presidente cívico de Santa Cruz, Luis Núñez Ribera, anunció que el 24 de septiembre, en una asamblea de la cruceñidad, será definida la fecha del cabildo de esa región. Destacó la continuidad de la lucha por lograr “la verdadera descentralización” y subrayó que la disputa se concentra entre los “centralistas versus los autonomistas (…) quieren imponer a toda costa todo lo que significa el totalitarismo en Bolivia, es decir, demócratas versus dictadores”, manifestó.

Empero, esta anunciada lucha, que nace desde los mencionados comités, va más allá de los cabildos, debido a que los cívicos de Beni, Tarija y Santa Cruz resolvieron que a partir de la próxima semana un grupo de constitucionalistas se reunirá en la capital cruceña para elaborar una propuesta detallada sobre el régimen autonómico que será divulgada en el país, buscando lograr modificaciones en la CPE o en la LMAD.

Ante esta resolución, el senador tarijeño Darío Gareca (MAS) dijo que los cabildos estarían yendo en contra de la autonomía. “Son un burdo chantaje y sabotaje al proceso autonómico y de la implementación de las autonomías, pero confiamos en la madurez democrática del pueblo boliviano que sabrá evaluar y castigar aquellas decisiones que consideramos equivocadas de algunos actores políticos que tienen un trasfondo muy oscuro por detrás”, manifestó. Mientras que el vicepresidente García Linera resaltó que esas actitudes no condicen con los principios de los movimientos cívicos, manifestó que “están en otro planeta”, no obstante, señaló que el Gobierno no intervendrá en las reformas que se puedan plantear.

Artículos observados

Entre algunas de las incompatibilidades que señala el documento analizado por los cívicos en su reunión se menciona, por ejemplo, el Art. 68 de la LMAD donde indica que “…la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la facultad de establecer, por medio de ley, los principios necesarios para llevar a cabo la compatibilización normativa”, mientras que el Art. 272 de la CPE establece que: “La autonomía implica la elección directa de sus autoridades…, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción, competencias y atribuciones”.

Otro caso se refiere al Art. 144 de la LMAD, que establece que “Gobernadoras, Gobernadores, Alcaldesas y Alcaldes, Máxima Autoridad Ejecutiva Regional, Asambleístas Departamentales y Regionales, Concejalas y Concejales de las entidades territoriales autónomas podrán ser suspendidas y suspendidos de manera temporal en el ejercicio de su cargo cuando se dicte en su contra una Acusación Formal”, sin embargo, el Artículo 28 de la CPE, a la letra, dice que “El ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos, previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida: 1. Por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra. 2. Por defraudación de recursos públicos. 3. Por traición a la patria”, y en el artículo 116 de la CPE: “1. Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado”.

El artículo 133 de la Ley Marco de Autonomías prohíbe la federación de gobiernos autónomos departamentales “donde se tomen decisiones políticas de manera colegiada y vinculante para sus gobiernos, en contravención a la Constitución Política del Estado y las leyes. El incumplimiento de este precepto dará lugar a la aplicación de las medidas jurisdiccionales que correspondan”. Empero, el Artículo 26 de la CPE respalda que las ciudadanas y los ciudadanos “tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”.

Por otra parte, la disposición transitoria novena de la LMAD explica: “Los límites de gastos de funcionamiento de las entidades territoriales autónomas deberán ser establecidos por ley específica de la Asamblea Legislativa Plurinacional”, mientras que el Art. 272 de la CPE asegura que “La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y atribuciones”.

*Artículo publicado en el semansrio PULSO Bolivia

 

 
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