Jul-13-10 - por Mikel Uharte*

El Tribunal Constitucional ha fallado hace unos días sobre un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto Autónomo de Cataluña. Mientras los nacionalistas catalanes más extremos dicen “adeu España”, en Madrid se ha escuchado batir palmas. El rostro feo del modelo autonómico español.

El Tribunal Constitucional del Reino de España, tras más de cuatro años de deliberaciones en torno al nuevo Estatuto de Autonomía catalán, se pronunció recientemente a través de una sentencia que recorta aún más el autogobierno de este territorio y que probablemente traerá como consecuencia un ahondamiento de la brecha existente entre Cataluña y el resto de España.

Hay que recordar que en septiembre de 2005 una mayoría abrumadora del Parlamento catalán aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía con los votos de todos los partidos del arco parlamentario (120 sufragios), excepto los del nacionalismo español de derechas, el Partido Popular (15 votos). Posteriormente, el texto fue enviado a las Cortes españolas, donde tras sufrir varios recortes importantes fue aprobado, lo cual provocó que los sectores de centro-izquierda catalanes liderados por el partido Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) se abstuvieran, denunciando que el texto “había sido descafeinado”.

De cualquier manera, en junio de 2006, el nuevo Estatuto se sometió a la voluntad del pueblo catalán, que mayoritariamente le dio su visto bueno. Tras su entrada en vigor, el 18 de junio del mismo año, la derecha española, con el Partido Popular a la cabeza, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Nuevos recortes. Ahora, cuatro años después, un Tribunal Constitucional español con cada vez menos legitimidad y credibilidad en las naciones periféricas de la Península Ibérica (País Vasco, Cataluña…), ha recortado aún más el texto ya descafeinado por las Cortes españolas, incrementando considerablemente el conflicto político existente entre el nacionalismo español, por un lado, y el nacionalismo catalán, por el otro.

La sentencia del Tribunal Constitucional del Reino de España (TC) declara inconstitucionales 14 artículos del Estatuto de Cataluña y reinterpreta otros 23. Entre los artículos suprimidos destaca la prohibición de que el idioma catalán sea de “uso preferente” en las administraciones públicas. A su vez, todos los artículos referidos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al Consejo de Justicia han sido recortados o redefinidos, hasta hacerles perder su sentido original y neutralizar cualquier atisbo de soberanía jurídica.

Paralelamente, entre los 23 artículos que han sido reformulados por el TC, hay que destacar el referido a los derechos históricos, “que en ningún caso son equiparables a los vascos”. El deber de saber catalán no es considerado una “obligación jurídica exigible con carácter generalizado”. Pero lo que más controversia ha provocado, tanto en términos jurídicos como simbólicos, ha sido la inviabilidad del concepto de “nación catalana”, que demuestra la intransigencia del nacionalismo hegemónico español a la posibilidad de abrirle paso a una concepción del Estado más plurinacional, como sucede en otros lugares del mundo, como Bolivia, Ecuador, etc.

Reacciones en Cataluña. La reacción por parte de los partidos políticos catalanes ha sido crítica en general, sobre todo por parte de los sectores ubicados más a la izquierda, ya que éstos son los abiertamente más independentistas y combativos.

La respuesta más tibia ha provenido del actual presidente del Gobierno catalán, el líder del Partido Socialista José Montilla, que aunque “indignado”, ha anunciado que “nos corresponde acatar la sentencia, pero acatar no significa compartir ni renunciar”. Adelantó que solicitará una entrevista al Presidente del Gobierno español, de su mismo partido, para “rehacer el pacto estatutario” e intentar recuperar el “pacto constitucional”.

La derecha pseudo-nacionalista catalana, liderada por Convergencia I Unio (CIU), considera que el fallo del Constitucional no sólo le crea un “problema” a Cataluña, sino “también a España”, y ha advertido que si el Estatuto no “cabe en la Constitución”, habrá que “explorar nuevas vías”, diferentes al camino de la reforma.

Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), el partido independentista de centro-izquierda, manifestó su “indignación” con la decisión del Tribunal Constitucional. Su presidente, Joan Puigcercós, aseveró que ERC “no acata” la sentencia y que lo único que acata “es la voluntad del pueblo de Cataluña” expresada en las urnas. En consecuencia, propuso poner en marcha “una transición hacia la independencia”, ya que tras el “fracaso del modelo autonómico”, este “es el único camino que queda”. En su comparecencia ante los medios de comunicación, lanzó un nuevo lema: “adeu España” (adiós España).

Pero la respuesta más contundente la han dado las diversas agrupaciones populares que engloban a la izquierda independentista catalana. La Candidatura d’Unitat Popular (CUP), por ejemplo, emitió un comunicado señalando que la sentencia del Constitucional supone “la muerte del autonomismo”, e insistiendo en la necesidad de la independencia. Según la CUP, “quienes creían de buena fe que la Constitución española tenía en su aparente indefinición la virtud de poder contener diferentes modelos, topan hoy con la cruda realidad de comprobar que su modelo territorial es la indisoluble unidad de España y el ejército como garante, un estado unitario con descentralización meramente administrativa”.

Satisfacción en España. Las reacciones en Madrid han sido de franca satisfacción, por parte de los dos grandes partidos nacionalistas españoles, aunque sirviéndose de argumentos contrapuestos. El PSOE de Rodríguez Zapatero asegura que ha sido “una buena sentencia” y que ha supuesto un “castigo al Partido Popular”, escudándose en que una parte sustancial de los artículos recurridos por el PP no han sido derogados.

El líder de la derecha española, Mariano Rajoy, por el contrario, interpreta que la sentencia “mejora aspectos muy importantes” del Estatuto e hizo un llamamiento a “recuperar los grandes consensos de la Transición”.

Manifestación unitaria. La primera respuesta de unidad a la sentencia del Tribunal Constitucional español se materializó el sábado 10 de julio en las calles de Barcelona, con la manifestación multitudinaria que tuvo el respaldo de todos los partidos catalanes y de los sindicatos, a excepción, como suele ser habitual, del Partido Popular y de la plataforma ultranacionalista española denominada “Ciutadans”.

¿Fin del autonomismo? Diversos analistas y personalidades políticas y culturales de Cataluña coinciden en definir este momento histórico como el del “fin del autonomismo”, e incluso algunos aseguran que la opción federal en el marco del Estado español tampoco tiene futuro. Montserrat Gibert Llopart, ex alcaldesa del municipio de Sant Boi, ubicado en el cinturón metropolitano de Barcelona, a pesar de su militancia en el partido de Zapatero considera que el federalismo no tiene futuro: “en este último año me he dado cuenta que el federalismo no es posible, porque la otra parte con la que nos tenemos que federar no nos quiere”.

En este contexto de crisis del autonomismo y de cualquier otra vía de convivencia común con España, el auge del sentimiento independentista en Cataluña ha sido sumamente notable. Según el analista Txente Rekondo, “el auge sociológico del independentismo es evidente –ha crecido del 15 por ciento hasta el 40 por ciento en los últimos años–, aunque no se traduce en una articulación político-electoral”, pero, seguramente, “según vaya madurando la situación, las expectativas aumentarán”.

Lo que parece innegable es que la poca inteligencia de los grupos que detentan el poder político en España, y su obsesión por articular un Estado bajo el principio de lo mono-nacional, frente a opciones plurinacionales, puede acelerar el proceso hacia la independencia de catalanes y vascos.

*Artículo publicado en el Semanario Pulso de Bolivia