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Honduras: a un año del golpe de Estado PDF Imprimir E-Mail

Jul-05-10 - por Pulso*

Un año después de que Manuel Zelaya fuera derrocado de la presidencia de Honduras, el país sudamericano sigue sumido en la incertidumbre. Un frente popular se propone lograr una Asamblea Constituyente. Mientras, continúa la violencia política que afecta incluso al actual presidente, Porfirio Lobo.

El lunes 28 de junio de 2010, se cumplió un año del golpe de Estado contra el gobierno constitucional hondureño presidido por el líder del Partido Liberal José Manuel Zelaya, popularmente conocido como “Mel”. Al más puro estilo de las asonadas de la década del setenta del siglo pasado, el mandatario centroamericano fue secuestrado por los militares y obligado a subir a un avión que lo trasladó a Costa Rica, después de realizar una parada “táctica” en la base militar estadounidense de Soto Cano, ubicada en territorio hondureño.

Zelaya acusa a EEUU. En el primer aniversario del golpe militar, el legítimo presidente hondureño, exiliado en República Dominicana, acusó al Departamento de Estado de estar detrás de su derrocamiento. “Hoy ya sabemos que lo que entonces sospechamos se ha confirmado: los Estados Unidos estuvieron detrás del golpe de Estado”. Zelaya asevera que “todo indica que el golpe fue planificado en la base militar de Palmerola” (Soto Cano, Honduras). Señala al “Comando Sur de los Estados Unidos” y considera que “los autores intelectuales de este crimen obedecen a una asociación ilícita de los viejos halcones de Washington con hondureños, propietarios de capitales y sus socios de subsidiarias norteamericanas y agencias financieras”.

¿Normalidad? A pesar del esfuerzo que el Gobierno –surgido de unas elecciones celebradas en un contexto dictatorial– ha hecho en los últimos cinco meses, la situación política del país dista mucho de un clima de normalidad.

El indicador más relevante en este sentido fue la movilización masiva convocada por el denominado Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que, tras un año de lucha política permanente, consiguió reunir a miles de personas en Tegucigalpa. “Esto es una prueba de que estamos vivos, de que a pesar de todos los ataques, de la represión, no han podido parar a este pueblo”, declaró el dirigente campesino Rafael Alegría, figura relevante de la dirección de la resistencia.

El FNRP, que ha logrado aglutinar a importantes sectores de las clases subalternas de Honduras, se plantea dos objetivos estratégicos a medio plazo: el regreso de Manuel Zelaya y la activación de un proceso constituyente. Aseguran que ya han conseguido recolectar más de 600 mil firmas para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Causas del golpe. Resulta significativo que esta dinámica social que pretende impulsar un proceso constituyente se plantee como objetivo prioritario aquello por lo que fue derrocado Zelaya. Hay que recordar que el golpe de Estado se produjo, según sus defensores, por la insistencia del Presidente hondureño de convocar un referéndum que abría la posibilidad de una reelección presidencial y una Asamblea Constituyente.

Efectivamente, la potencialidad de un proceso que podía redefinir sustancialmente la estructura del Estado y reeditar el trayecto de los “gobiernos bolivarianos” (Venezuela, Bolivia y Ecuador), aterraba profundamente a las clases dominantes del país y a sus aliados del Norte. Por esto, rescatando la “Doctrina de la Seguridad Nacional” tumbaron a Zelaya e instauraron un “gobierno de facto” liderado por el empresario y político Roberto Micheletti.

La asonada militar tenía también una finalidad geopolítica, que se traducía en dos objetivos complementarios. Por un lado, asestarle un golpe al eslabón más débil de la cadena y debilitar el proyecto de integración latinoamericano menos funcional a los intereses de Washington, la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Por otro lado, lanzar un “aviso a navegantes” para el resto del continente, principalmente algunos gobiernos de corte moderadamente progresista, como el de Fernando Lugo, de Paraguay, para que evaluasen seriamente el riesgo de un posible giro a la izquierda.

Éxito del golpismo. Las clarividentes y recientes declaraciones de Zelaya contrastan con sus primeras reacciones y acciones políticas, francamente ingenuas en lo que al papel de Estados Unidos se refiere. En 2009, todavía ensimismados con el nuevo perfil seductor de Obama, algunos –entre ellos el propio mandatario hondureño–, no tuvieron la capacidad de advertir que la política del Pentágono y del Departamento de Estado es precisamente eso: “política de Estado”.

El presidente de Honduras cometió dos errores estratégicos que convirtieron el golpe en un hecho irreversible, a pesar de la histórica postura firmemente anti-golpista de la mayoría de los gobiernos de la región, y de la presión de la Unión de Naciones Sudamericanas. La aceptación de la propuesta de la secretaria de Estado Hillary Clinton, para que el presidente costarricense Oscar Arias desempeñase la labor de mediador, fue un fallo, teniendo en cuenta que el político centroamericano es un viejo aliado de la Casa Blanca, desde los tiempos de la Revolución Sandinista.

El segundo error fue dar el visto bueno a la propuesta de siete puntos elaborada por Arias ya que, entre otras cuestiones, exigía “renunciar al proyecto de la cuarta urna o cualquier consulta popular”, cerrando así la vía a la Asamblea Constituyente y a la posibilidad de transformación del Estado. No resulta extraño, en consecuencia, que un año después el Frente de la Resistencia insista en que uno de sus objetivos fundamentales es poner en marcha el abortado proceso constituyente.

Quiebra económica. Uno de los quebraderos de cabeza del actual Gobierno presidido por Porfirio Lobo es la situación catastrófica en materia económica. A fines del año 2009, la CEPAL aseguró que el golpe “amplificó los efectos de la recesión global”, provocando una contracción del Producto Interno Bruto del 3 por ciento. Paralelamente, “el déficit fiscal alcanzó el 4,5% del PIB y fue cubierto con un aumento del 80 por ciento del endeudamiento público”.

Por su parte, el Banco Central de Honduras certificó que “la suspensión del flujo de financiamiento por parte del G-16 (Grupo de Países y Organismos Cooperantes) provocó una contracción de las entradas de capital del 40 por ciento”.

Asesinatos selectivos. Pero la principal preocupación del pueblo hondureño en la actualidad son los altos niveles de represión que se sufren desde hace un año, lo cual ha sido denunciado por diversas organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una visita reciente, identificó amenazas “contra maestros y organizaciones sociales”, además de casos de asesinatos, particularmente de periodistas.

En lo que va del año, nueve periodistas de oposición han sido asesinados, además de las muertes no esclarecidas de dirigentes políticos de la resistencia. Renato Amador, sindicalista hondureño que se acaba de exiliar tras recibir constantes amenazas de muerte, asegura que “bajo el mandato de Lobo se producen asesinatos selectivos”.

Sin embargo, los sectores más reaccionarios del país parece que no están contentos con Lobo y lo acusan de “blandengue” y de no tener coraje para “enfrentar a Mel ni a la resistencia”. Éste ha denunciado que existe una conspiración en su contra y advierte que algunos quisieran que él fuese el próximo en ser expulsado del poder.

Mientras tanto, el dinamismo de la resistencia sigue sorprendiendo día a día, en un país tradicionalmente muy conservador y férreo aliado de Estados Unidos. Por ello, algunos analistas consideran que el golpe provocó una “maduración política de una parte sustancial de los sectores populares”.

*Artículo publicado en el Semanario PULSO de Bolivia

 
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