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Autonomia, el principal adversario de Evo PDF Imprimir E-Mail

Jul-05-10 - por Daniela Espinoza*

La aplicación de un nuevo modelo de organización del Estado ha generado una serie de problemas para el Gobierno; primero fue con las regiones y ahora le toca con los indígenas. ¿Exceso de ofertas electorales o “dolores” propios del proceso de cambio? Dos especialistas analizan el momento político.


Por primera vez en lo que va de las dos gestiones de Gobierno de Evo Morales, aparecen adversarios que no pueden ser estigmatizados como k´aras, neoliberales, terratenientes, derechistas y/o separatistas, regionalistas y demás adjetivos que utilizó el oficialismo para acentuar un esquema de polarización que le favorecía, porque optaba por ubicarse siempre del lado de los supuestamente débiles.

El adversario visible ahora son los indígenas del oriente que, agrupados en torno a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), reclaman el cumplimiento de la nueva Constitución Política del Estado, que otorga a los pueblos indígenas la potestad de definir por usos y costumbres sus estatutos autonómicos. El Gobierno sostiene que un referéndum debe aprobar o rechazar los estatutos y asegura que las demandas están reñidas con el texto constitucional.

Además, la marcha de, hasta el fin de semana, casi 700 indígenas, pertenecientes a ocho de los 11 pueblos afiliados a la CIDOB, reclama el derecho a autorizar el paso de la carretera Cochabamba-Beni y la construcción de una hidroeléctrica en la localidad de Cachuela Esperanza.

El Gobierno ha optado por una estrategia de desprestigio no sólo de la CIDOB y de sus dirigentes, sino también de organizaciones no gubernamentales, como el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), tradicionalmente vinculadas a demandas de tierra y territorio, y alineadas en torno a proyectos de izquierda.

Los voceros oficiales han acusado a estas organizaciones de recibir financiamiento de la agencia de cooperación del Gobierno estadounidense, USAID, a la que también se responsabiliza por los hechos de violencia ocurridos hace varias semanas en la población de Caranavi.

Paradójicamente, CEJIS es la organización a la que en el pasado pertenecieron destacados militantes de MAS, como el actual ministro de Autonomías, Carlos Romero, la ex ministra de Desarrollo Rural Susana Rivero y otros dirigentes y parlamentarios del oficialismo.

Tanto la ONG como la CIDOB han rechazado las acusaciones del Gobierno y han asegurado que, ante la falta de argumentos y la nula vocación de diálogo, el Ejecutivo opta por desarrollar, sin resultado, una estrategia orientada al desprestigio.

El sociólogo Roberto Ibargüen, sobre el particular, cree que la acusación es desmedida y, aparentemente, pretende distraer para no encarar el tema de fondo y muestra una incapacidad para entender el proceso que estamos viviendo. “USAID, al igual que otras instancias de cooperación internacional, ha apoyado una serie de proyectos de desarrollo, entre los principales los del Chapare. Cuál sería la diferencia de ese apoyo si viene de parte de Europa, por ejemplo. No creo que se estaría tratando de estigmatizar a nadie. Además hay que tener en cuenta que desde los 70’ el aporte de las cooperaciones ha venido vía ONG”.

“Por la vía de la acusación el Gobierno no logrará escapar al conflicto. Y lo que le toca hacer ahora es explicar al país por qué tenemos un Estado Plurinacional, por qué los cambios, por qué una nueva CPE y muchos otros temas que tocan al momento”, añade.

El miembro de Comuna, Oscar Vega, coincide en que las acusaciones a la CIDOB son infundadas y parecen querer eludir el debate de los temas de fondo. Pero insiste en la necesidad de establecer mecanismos adecuados de diálogo, con una visión nueva que refleje una mentalidad distinta del Gobierno y una capacidad de comprensión también distinta de parte de los movimientos sociales, todo ello con una mirada no estructurada desde la concepción tradicional.

“Desacreditar a una organización como la CIDOB no tiene peso ni validez. Pero el Gobierno, como dijo Adolfo Chávez, también debe aclarar por qué pide apoyo a esa organización; al parecer se contradice. Lo que se ve es que no se quiere discutir los temas de fondo. Las propuestas que tienen que ver con la autonomía indígena”, señala.

Explicaciones

Roberto Ibargüen explica que hay que ubicar el conflicto en un contexto histórico, en el que la Asamblea Constituyente desempeña un papel determinante, porque fue allí que se levantó “una ofensiva grande para incorporar a pueblos y organizaciones indígena originarias. Es entonces que se le entrega una serie de derechos al movimiento indígena: a la consulta, al aprovechamiento de recursos naturales renovables, a la representación parlamentaria, el derecho de aplicación de la justicia indígena originaria y el derecho de contar con representación en el Órgano Judicial”.

Según el analista, al Gobierno ahora le cuesta mucho lidiar con problemas cuyo origen está en sus propias acciones diseñadas para consolidar por cualquier medio una alianza con actores sociales, como los indígenas del oriente, que por lo menos hasta el 2002 no tenían una relación orgánica con el MAS.

“Aparentemente la oferta fue muy grande para este sector. Hoy le incomoda al Gobierno, principalmente porque quiere tener un control del espacio territorial para construir Estado. Las ofertas que se les hicieron, sin embargo, están constitucionalizadas”, añade.

Al respecto, Oscar Vega dice que pensar que el tema pasa por una amplia oferta electoral no cumplida puede ser una lectura desde un marco tradicional de la política, “pero en este momento lo que vamos a ver no sólo es en qué medida el Gobierno va a cumplir lo ofrecido, sino en qué medida es consistente con lo que ha establecido, ya no sólo como discurso electoral sino en la nueva CPE”.

Ibargüen recuerda que las autonomías no eran una bandera del MAS, sino más bien de los grupos que se ubicaban en el otro extremo, “los denominados oligárquicos”, pero el Gobierno tuvo que “virar su posición para aceptar las autonomías. En ese viraje trató de introducir elementos que incluyen una visión de autonomía con un modelo federalista de Estado, es decir un Gobernador, una Asamblea, una representación parlamentaria, todo ello bajo nuevas condiciones también económicas”.

Según el sociólogo, se ha desvirtuado el concepto original de autonomía, sin acertarse a diseñar un modelo alternativo. “Eso ha ocurrido con el Chaco, que involucra a tres departamentos, ¿qué va a pasar con las demandas que nacieron en las regiones? Se configura de manera distinta el tablero de la división política del país”, dice.

Estamos viviendo, asegura Ibargüen, el inicio de un proceso que puede ser particularmente caótico, en el que muchas cosas se van a tener que reajustar a su verdadera dimensión o hacia la construcción de nuevas alternativas en función de las nuevas demandas. Los riesgos a futuro, sin embargo, pueden ser serios, sobre todo porque se ha jugado a la desinstitucionalización en el país. “Si a esto se suma la incapacidad para plantear alternativas sólidas de parte del Gobierno, el problema parece aún mayor”, añade.

Vega insiste en que desde una perspectiva tradicional de la política, la situación actual podría entenderse como una forma desordenada de realizar los cambios, pero la CPE da elementos para entender que hay componentes de toda una tradición de lucha y reivindicación social y cultural de distintos momentos y de distintos proyectos. “Estamos viviendo y vamos a vivir un largo periodo de coordinación y creo que esa es la mejor expresión de una sociedad en movimiento, quiero decir en proceso de cambio: identitario, cultural, productivo, etc.”, añade.

En este marco de cambio, explica, el país atraviesa por un proceso que requiere completar más propuestas con legitimidad y consenso, pero no desde la perspectiva del siglo XX, sino de una manera nueva y acorde a los movimientos.

“Este es un momento importante para un partido mayoritario como el MAS, un momento para replantearse lo que serían las temporalidades políticas. Lo ha sido el tema de Caranavi, siguió el de la COB y ahora toca tratar el de la CIDOB”, añade Vega a tiempo de explicar que el Gobierno deberá demostrar si tiene capacidad o no para consensuar posiciones en base a un mismo proyecto “porque estamos hablando de sectores a los que no se les puede acusar de ser opositores o enemigos del proceso de cambio, sino todo lo contrario”.

Afirma que sería un error mediático creer que todo está solucionado sólo por el hecho de tener una nueva CPE, nuevas autoridades, nueva autonomía, ya que no hay que olvidar que somos un país con demandas ancestrales. “En Caranavi se vio que el conflicto no fue sólo por la planta industrializadora de cítricos, sino que por detrás de ese pedido había una lista de solicitudes, entre ellas carreteras y otros.

¿Divorcio de intereses?

Para el sociólogo Roberto Ibargüen, el conflicto Gobierno – CIDOB muestra el inicio de un divorcio entre el proyecto gubernamental y los intereses de los pueblos indígenas, particularmente de aquellos de tierras bajas, que si bien desde 2005 son parte del movimiento de apoyo al MAS, mantuvieron una diferenciación con organizaciones de carácter más sindical como la CSUTCB y CPIB, entre otras.

Se ve la imposibilidad de compatibilizar la intención del Gobierno de hacer megaproyectos, carreteras, represas, proyectos industriales si es que éstos van a afectar los espacios territoriales de las comunidades indígenas establecidas en dichas regiones.

Estas comunidades, sin embargo, podrían aceptar esos megaproyectos si se les paga por el uso del territorio.

Según Oscar Vega, entender los últimos sucesos como el reflejo de una ruptura o fractura del Gobierno con los movimientos sociales significaría hacer una mala lectura del “proceso de cambio”, “más acertado es decir que hay posicionamientos diferentes sobre un mismo punto”.

El miembro de Comuna sugiere leer el problema como un síntoma antes que como un hecho, como distintas perspectivas que se ponen en juego sobre un tema que necesita una definición. “Este síntoma no se termina de entender si no se ve el giro que ha dado la estrategia partidaria del MAS, un giro sorpresivo incluso para la gente de adentro; el mismo que se ha reflejado en el tipo de candidatos que se han incluido en los últimos comicios –Jessica Jordan, Roberto Fernández particularmente–. A partir de ello se puede evaluar un avance o un retroceso”.

Sin embargo, continúa, los síntomas se encuentran no sólo en el Ejecutivo, sino en todas las formas de plantearse el proceso de cambio, es decir ocurre en el Congreso, en las organizaciones, en la población, que tienen una necesidad de adaptarse a lo nuevo.

“Eso es a lo que nos vamos a enfrentar de aquí en adelante, más cuando actualmente no tenemos, como país, grandes problemas, como estabilidad económica, social, entre otros”, dice.

La marcha de la CIDOB hace una especie de retórica sobre un tema que cobró actualidad desde los años 80’, con su punto más alto en el 90’, pero con necesidades distintas. Esta marcha en particular, señala Vega, muestra la urgencia de tierra, pero ya no concebida como un espacio de propiedad como fue en el siglo pasado, sino de territorialidad, que es otra visión, una especie de capacidad de establecer formas de relacionamiento entre grupos culturales, con ámbitos de medio ambiente, donde sus propios ciclos tienen una larga trayectoria.

A ello se suman dos temas de fondo: la representación y las capacidades de uso de su territorio, “y no estamos hablando de un problema local, ya que la CIDOB ha sido una de las organizaciones que ha posibilitado el proceso de cambio y, además, ha sido protagonista del problema indígena originario campesino”, explica.

En qué medida esas autonomías incluyen o no las capacidades de esos sectores deberá ser una discusión con el Gobierno, dice. “En lo departamental ya tienen voz, representación, habrá que ver qué pasará con lo nacional. Al parecer todavía deberán ganar muchas luchas para conquistarla. Estas organizaciones saben que los derechos no se otorgan, se conquistan con la movilización, las marchas, que responden a su propia trayectoria, a su propia historia”.

Finalmente, Vega asegura que muchos de los problemas se dan por el hecho de que el MAS actúa como una izquierda tradicional, que quiere leer todo a partir de un programa y solucionar todos los problemas desde una sola perspectiva, y lo hace con la convicción de que su propuesta es la más acertada y verdadera. Desde esa perspectiva, lo que el Gobierno está tratando de hacer es traducir la autonomía cuando debiera ser al revés, debiera demostrar la capacidad de autodeterminación, de autogestión social.

*Artículo publicado en el Semanario PULSO de Bolivia

 
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