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Bolivia: Autonomías sí, pero bajo control PDF Imprimir E-Mail

May-26-10- por Daniela Espinoza (Pulso)*

La vocación autonomista del Gobierno fue puesta en duda esta semana, luego de que el oficialismo en la Asamblea Plurinacional acelerara la aprobación de una controvertida Ley Transitoria de Autonomías, instrumento que, en sus artículos más resistidos, abre la posibilidad de suspender a los gobernadores en caso de que se demuestre su culpabilidad en un proceso judicial, por cualquier causa.

La llamada “Ley Corta” no habría llamado la atención de nadie, de no haber sido porque, “casualmente”, los únicos gobernadores contra quienes existen procesos abiertos en la justicia son los de Beni, Ernesto Suárez, Santa Cruz, Rubén Costas, y Tarija, Mario Cossío, los tres ex integrantes del desarticulado Conalde y representantes de la oposición regional.

Mientras que el Gobierno asegura que se trata de una Ley consistente con normas que se aplican en el caso de los alcaldes y otras autoridades y que, por lo tanto, no debería llamar la atención de nadie, las organizaciones cívicas de las regiones involucradas se han declarado en emergencia y comenzado a ejecutar una serie de medidas de protesta que podrían conducir a una huelga de hambre.

Tarija llevó a cabo el jueves pasado un cabildo con masiva asistencia en contra de la Ley; y Santa Cruz y Beni convocaron, también, a masivas concentraciones en rechazo de la medida que consideran atentatoria para las regiones y para el voto popular obtenido en las últimas elecciones.

El prefecto interino cruceño, Roly Aguilera, critica el hecho de que con la mencionada Ley el Gobierno esté “violando su propia Constitución” y dice que resulta paradójico que hoy sean las regiones las que defiendan la Carta Magna por la que tanto luchó el MAS. Asimismo, acusó al Gobierno de generar las condiciones para un “golpe” en las regiones. “Están quitando al pueblo boliviano el derecho a elegir a sus propias autoridades y ello significa la pérdida del Estado de Derecho y vamos a luchar por recuperarlo”, añade.

Asimismo, señala que los mismos oficialistas no se dan cuenta que esta Ley, una vez promulgada, va a ser aplicada para todos aquellos que no cumplan con lo que dictamine el Poder Ejecutivo. Ahí está el riesgo para cerca de 2.600 autoridades electas en todo el territorio nacional, no sólo para gobernadores sino también para alcaldes”, añade.

El también prefecto interino de Tarija, Mauricio Lea Plaza, señala que lo que el Gobierno quiere con la norma aprobada es “imponer a sus propias autoridades” en las gobernaciones donde no ganó el MAS. En Beni también se preparan nuevas medidas de presión.

Los analistas consideran que el Gobierno ha creado una suerte de espada de Damocles que penderá sobre la cabeza de los gobernadores de oposición en cuanto juren a sus cargos a fines de este mes.

El constitucionalista Carlos Alarcón dice que “el nivel de sabotaje y escamoteo que se hace a las autonomías no sólo va contra las autoridades, sino contra el régimen autonómico en general. El Gobierno demuestra que está decidido a manejar desde el nivel central todo lo que tiene que ver con las autonomías de los gobiernos departamentales”.

Pero no todos parecen pensar así. En una solicitada publicada el viernes en varios medios a nivel nacional y firmada por los gobernadores electos de los departamentos de Oruro, Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, La Paz y Pando –todos afines al partido de Gobierno– éstos ratifican su apoyo a la Ley Transitoria asegurando que mediante sus disposiciones no sólo se garantiza la implementación de las autonomías sino también la lucha contra la corrupción.

“Los gobernadores elegidos en las últimas elecciones estamos dispuestos a someternos a cualquier suspensión temporal que se determine en el marco de la lucha contra la corrupción, pues no es posible que aplicándose esta medida a las autoridades municipales, judiciales y al Fiscal General, no se aplique a los gobernadores”, señala la publicación.

Según Alarcón, es importante que en todo este conflicto se tome en cuenta el hecho de que dos grupos de valores deben ser armonizados: la decisión soberana del pueblo de elegir a sus autoridades por la vía del voto junto a la presunción de inocencia, uno de los derechos consagrados no sólo en la Constitución boliviana, sino en la toda la legislación internacional; y la estabilidad de gobiernos municipales y departamentales.

La nueva CPE modifica el Juicio de Responsabilidades para prefectos. La norma que viene a reemplazar ese mecanismo de equilibrio es el Art. 243 de la CPE, una “norma sabia que viene a armonizar esos dos grupos de valores, que establece que para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere no tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendiente de cumplimiento…”.

Queda claro, explica Alarcón, que “no dice para acceder al cargo, sino al desempeño de funciones. Con lo que el artículo mencionado garantiza que dichas autoridades se mantienen en el desempeño de funciones, mientras no exista una sentencia condenatoria que debe estar ejecutoriada y pendiente de cumplimiento”.

Por el otro lado, está la aplicación de justo castigo en los casos en que, judicialmente, se demuestre la comisión de delitos.

Invadiendo espacio autónomo

Alarcón aclara que la norma impulsada por el Gobierno, en sus artículos 8 y 9, invade el campo normativo de las Asambleas Departamentales, que deberían ser las que regulen todo lo que tiene que ver con su organización y funcionamiento interno.

“Esta Ley en lugar de dejar que una vez que se constituyan las Asambleas y tomen sus propias decisiones, establece en su articulado una serie de instrucciones. ¿Entonces de qué autonomía estamos hablando?”, añade a tiempo de afirmar que el único objetivo de la Ley “corta” era aprobar el Art. 8, que se refiere a la posibilidad de suspender a los gobernadores, porque el resto de la norma incluye disposiciones establecidas ya en la Constitución, que no era necesario repetir.

Al respecto, en la solicitada que publican los seis gobernadores electos afines al partido de Gobierno, se afirma que la mencionada Ley “garantiza el funcionamiento de las Asambleas Departamentales como principal pilar de las autonomías” y aclaran que la mencionada Ley “no vulnera ninguna norma del ordenamiento jurídico vigente y por el contrario da estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 300 de la CPE”, que hace referencia a las competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos.

La senadora oficialista Gabriela Montaño defiende la cuestionada norma, señalando que es igual a la que existe en el caso de los alcaldes “y nadie se queja”, dice. Carlos Alarcón, en cambio, afirma que no es correcto sumar un segundo vicio a uno ya existente, sino corregir la ley de municipalidades y establecer que los alcaldes elegidos no podrán ser destituidos de sus funciones mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento.

Montaño señala, además, que no es correcto creer que la norma está destinada a descabezar a los tres gobernadores de oposición “si mañana se presenta un juicio contra uno de los seis gobernadores del MAS, sin duda, estos serán sometidos a la justicia, y de comprobarse su responsabilidad, deberán dejar el puesto”, añade.

Durante el debate de la norma en la Cámara de Senadores, Montaño sugería que se tome en cuenta el Art. 6, que establece que los gobiernos departamentales pueden ejercer sus competencias exclusivas. “La oposición, esos grandes autonomistas por qué no hacen referencia a este artículo que viabiliza de manera inmediata a las Asambleas Legislativas a hacer leyes para sus regiones”.

Para Alarcón dicho artículo es innecesario, pues la CPE ya otorga, claramente, esas atribuciones. “No se necesita una ley inferior cuando ya está establecido en una superior como la Carta Magna. En ese sentido, esa norma es innecesaria e inconstitucional y conlleva un grave peligro, al intentar ganar en la tribuna un partido que fue perdido con el voto del pueblo en la cancha”, dijo.

*Artículo publicado en el semanario PULSO de Bolivia

 
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