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Grandes proyectos mineros en riesgo PDF Imprimir E-Mail

May-04-10 - por Daniela Espinoza*

La minería vuelve al centro del debate. El uso de aguas fósiles y el consiguiente daño ambiental por parte de la Minera San Cristóbal fueron el detonante de un conflicto regional que involucra otras demandas. En el oriente, el proyecto siderúrgico del Mutún está nuevamente en riesgo por supuesto incumplimiento de la Jindal Steel.

La continuidad de dos de los más importantes proyectos mineros podría estar en riesgo. La empresa de capitales indios, Jindal Steel & Power, que opera en el yacimiento del Mutún, y Minera San Cristóbal (MSC), de propiedad de la japonesa Sumitomo Corporation, que explota una mina a cielo abierto en el este de Potosí, han advertido, por distintas razones, que podrían suspender sus operaciones en Bolivia.

Jindal estudia los términos del contrato de riesgo compartido que suscribió con el Gobierno boliviano, pero rechaza la ejecución de boletas de garantía por más de 18 millones de dólares por supuesto incumplimiento de las cláusulas contractuales.

Si bien las medidas de presión iniciadas por los pobladores de Nor Lípez han sido suspendidas, al menos, hasta el 11 de mayo, la situación entre la Minera San Cristóbal con el Gobierno y con los pobladores de la región de Nor Lípez se mantiene delicada, aún así, el presidente de la subsidiaria de Sumitomo Corporation, Harvo Matsuzaky, descartó que la empresa esté pensando en retirarse del país y aseguró que su trabajo continuará desarrollándose normalmente, aunque un comunicado publicado por la empresa, la semana pasada, dejó abierta dicha posibilidad.

El mismo comunicado señalaba que MSC no saquea los recursos naturales, que el agua que utiliza no sirve para consumo humano o animal y tampoco para riego. Reconoce que, al igual que otros concesionarios, la empresa no paga por el uso del agua que utiliza porque no está establecido en la legislación boliviana de minería. MSC aclara que los casi 50.000 metros cúbicos de agua fósil que utiliza por día representarían un monto de 10.5 millones de dólares, frente a los 3.6 millones que Chile pretende pagar por el uso de las aguas del Silala. Asimismo, señala que desde el 2000 hasta la fecha, ha pagado 358 millones de dólares en tributos al Estado boliviano, a un promedio de 35 millones de dólares anuales.

El Gobierno, por su parte, mantiene firme su posición de adecuar el contrato suscrito hace años con MSC a las nuevas disposiciones de la Constitución Política del Estado (CPE). El ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, señala que la posición del Gobierno es clara respecto a hacer cumplir la Ley. “Lamentablemente hemos heredado del neoliberalismo una Ley Minera que no contempla gravámenes contra el uso del agua u otros aspectos que, sin duda, incluiremos al momento de reformar la disposición legal en la Asamblea Legislativa Plurinacional”, dice.

Intereses político–regionales

A diferencia de lo que ocurre con Jindal –donde la tensión obedece fundamentalmente a un impasse entre el Gobierno y la empresa en torno al efectivo cumplimiento del contrato de riesgo compartido suscrito entre ambas partes–, en San Cristóbal están en juego diversos tipos de intereses, incluso de orden político-electoral, pues algunos de los dirigentes cívicos involucrados en la controversia fueron candidatos en las pasadas elecciones municipales.

El ministro Pimentel ha asegurado que de por medio hay temas político regionales que tratan de ganar lugar aprovechando las circunstancias.

En efecto, los comunarios de Nor Lípez, que aceptaron el pasado jueves levantar sus medidas de presión hasta el 11 de mayo próximo, hicieron conocer a través del secretario de relaciones del Comité de Huelga, Freddy Gonzáles, que si en la fecha determinada las autoridades gubernamentales de la MSC y de la Administración Boliviana de Carreteras (ABC) no se presentan en la región, las medidas se radicalizarán.

Respecto del bloqueo protagonizado por los comunarios de tres provincias, Nor Lípez, Enrique Valdiviezo y Daniel Campos, el comunicado difundido por la MSC señalaba su “repudio a toda acción basada en el amedrentamiento, la violencia y el abuso de las personas”.

El Gobierno espera que la migración de los contratos suscritos con la Minera San Cristóbal, de la modalidad de “concesión” a la de “trabajo” (en la que el Estado recupera la propiedad del yacimiento), una vez que sea aprobada la Ley Minera a fines de este año, servirá para aplacar los ánimos de las poblaciones involucradas en el conflicto y, de paso, le permita demostrar una actitud aparentemente más “dura” con relación a la empresa.

Pimentel señala que las concesiones mineras, deberán pasar a partir de ahora a un régimen de contratos que establezcan la participación del Estado sobre las ganancias, además de los derechos que tienen sobre dicha explotación las regiones.

El ex ministro de Minería Dionisio Garzón asegura que cambiar las reglas de juego provocará, sin duda, inseguridad jurídica, y recuerda que las empresas mineras del ámbito mundial se manejan por mensajes y por lo que se denomina como competitividad. En ese sentido, explica, las inversiones mineras básicamente buscan dos cosas: tasas de retorno aceptables y seguridad jurídica, dos aspectos que, por lo que establece la nueva CPE, se ven afectados por una serie de requerimientos que burocratizan la situación entre ellos: la coparticipación, la reinversión, la consulta pública y otros.

Lo básico en minería, añade Garzón, es definir reglas de juego que duren por lo menos 20 años, tomando en cuenta que un proyecto minero necesita, aproximadamente, 10 años para desarrollarse y otros 10 años para lograr un retorno a la inversión.

“Las reglas deben ser claras, y sea cual sea la situación no deben variar. La nueva Ley de Minería que el Gobierno ha anunciado –sea de características duras o no– no debe servir para una coyuntura, sino permanecer por varios años”, añade.

Una de las opciones que ha quedado por completo descartada es la nacionalización de la empresa. En declaraciones al diario La Prensa, el ministro Pimentel afirmó que eso es “imposible, estamos en una economía plural y sólo queremos mejorar la Ley”.

Impacto ambiental de la minería

El tema San Cristóbal, particularmente en lo que hace al impacto ambiental de las operaciones, sintonizó con debates vigentes en la Conferencia Mundial del Cambio Climático que se realizó en la localidad de Tiquipaya, Cochabamba, y que concluyó con una declaración que se espera sirva como referencia para la cumbre que se realizará en México, a fines de año.

Los comunarios de las poblaciones aledañas al complejo minero de San Cristóbal aseguran que, como resultado de las operaciones, se ha producido un daño ambiental en cultivos y animales. Sin embargo, no existe evidencia contundente que respalde ese tipo de acusaciones.

MSC no había tenido problemas relevantes hasta el momento. Es más, tanto la construcción de un nuevo pueblo para los habitantes de San Cristóbal, en la fase inicial del proyecto, como las acciones que se llevaron adelante para satisfacer las expectativas de las comunidades en materia de desarrollo de infraestructura caminera y de servicios, así como otro tipo de acciones en materia social, parecían haber marcado positivamente la relación de la empresa con la gente.

Sin embargo, una vez que se iniciaron las operaciones de explotación y exportación, y que comenzó a hablarse sobre las utilidades anuales de la empresa, el debate sobre las regalías y su destino comenzó a generar más controversia entre los municipios de la zona y la Prefectura departamental.

Garzón, al respecto, afirma que lo que los comunarios quieren son más regalías, más bonos o mayores gastos en infraestructura. “Considerando que la rentabilidad de San Cristóbal es baja –puesto que se trata de un proyecto minero de baja ley– creo que se va a afectar los intereses de los inversores. Veo negativo el futuro de ese proyecto si se sigue por este camino”, añade.

Cualquier operación minera, explica el ex ministro, implica contaminación, en la medida en que sus acciones modifican el medio ambiente. Sin embargo, las empresas mineras tienen la tecnología para controlar la contaminación que generan, como es el caso de la MSC.

Sin embargo, añade, “plantear que las aguas que se usan son aguas salinas no aptas para consumo humano es hablar de memoria, ya que para comprobar que se trata de aguas fósiles se requiere de un estudio minucioso que así lo pruebe, el mismo que no se ha hecho aún en la región donde la compañía minera interviene”.

Respecto a la Jindal, Garzón señala que considerando que el Gobierno no ha cumplido con algunos puntos del contrato suscrito con dicha empresa, es difícil que se le exija, de manera tajante, el cumplimiento de la parte que ahora se reclama como incumplida. “Haber ejecutado una boleta de garantía puede ser, desde el punto de vista legal, aceptable, pero como un mensaje a la comunidad internacional y a las empresas transnacionales creo que es negativo y riesgoso”.

Si la situación llega a agravarse con la Jindal, podríamos llegar a un punto cero del proyecto o a que el Gobierno opte por transferirlo a manos de la COMIBOL, lo que, según advierte Garzón, sería muy negativo para las inversiones en el país.

Jindal Steel & Power 

Jindal, considerado uno de los grupos líderes del sector de acero, energía, minería, petróleo, gas e infraestructura, mueve anualmente $us 2.000 millones.

La siderúrgica tiene más de 15.000 empleados y los compromisos de inversión en energía, petróleo y gas y minería superan los $us 30.000 millones, consolidándose como la mayor inversionista en el estado de Chhattisgarh (India).

En Bolivia la empresa prevé invertir $us 2.100 millones en ocho años.

El conflicto

El Gobierno asegura que desde 2007 a la fecha la empresa sólo ha invertido 12 millones de dólares.

Jindal asegura que invirtió 20 millones de dólares y que el Estado incumplió con su parte del contrato, particularmente en la entrega de terrenos donde se debe instalar la planta, electrificación, instalación de gas, entre otros.
Puerto Suárez inició un paro y bloqueos en busca de solución al problema.

Minera San Cristóbal S.A. 

MSC es subsidiaria de la compañía Sumitomo Corporation del Japón, después de que Apex Silver le traspasara sus acciones.

Realiza actividades mineras de explotación y comercialización de concentrados de minerales.

Está ubicada a 90 kilómetros al sudeste de Uyuni, provincia Nor Lípez, Potosí.

La instalación de la mina implicó el trasladó del antiguo pueblo, previa compensación a los propietarios.

Sus operaciones comenzaron en agosto de 2007, luego de 12 años de exploración y con una inversión aproximada de 1.400 millones de dólares desde el inicio de sus operaciones.

Procesa diariamente 40.000 toneladas de roca mineralizada, extrae 1.600 toneladas de concentrados de zinc-plata y plomo-plata al día.

El mineral es trasladado hasta el puerto de Mejillones, de donde se envía a diversas fundidoras del mundo.

En 2009 su exportación alcanzó los 860 millones de dólares (sin contar costos).

Tributó el año pasado 106 millones de dólares y desde 2000, un total de 358 millones de dólares.

El conflicto

El Gobierno asegura que MSC no paga por el uso del agua que usa, aproximadamente 50.000 litros diarios.

MSC reconoce que no paga por dicho uso porque no está establecido en la Ley Minera vigente.

El agua de San Cristóbal 

Entre las demandas de los pobladores de Nor Lípez a la minera San Cristóbal se encuentra el pago de un impuesto al agua. Sobre la base de datos proporcionados por el estudio “Minando el agua: la Mina San Cristóbal, Bolivia”, en la edición 546 de Pulso se señalaba que este inmenso emprendimiento minero extrae diariamente alrededor de 50 mil metros cúbicos de aguas subterráneas para aprovisionar sus procesos y otras necesidades. En una solicitada de prensa, la minera dio a conocer que, al tratarse de depósitos subterráneos de gran profundidad, el agua extraída es “de muy mala calidad y no apta para el riego o el consumo humano o animal. El único uso económico y técnicamente factible de estas aguas es su uso industrial”.

El informe mencionado señala que, efectivamente, los acuíferos profundos, que se extienden generalmente entre los 50 y 200 metros, son progresivamente salinos en función a la profundidad e inapropiados para el uso doméstico, de riego o ganado. Sin embargo, Robert Moran, autor del estudio, advierte que a largo plazo, “el bombeo de agua del acuífero profundo puede causar fugas de aguas superficiales hacia el acuífero superior, reduciendo así el flujo hacia el río Jaukihua y el río Grande de Lípez, y en última instancia los flujos hacia el Salar de Uyuni, que en la actualidad es hábitat para flamencos y otra fauna y flora”. Es decir que el drenado de aguas subterráneas de la Mina San Cristóbal durante los 20 años de vida útil previstos para el proyecto puede causar el secado de muchos de los manantiales y acuíferos superficiales, fuentes invalorables de vida. Actualmente, varios pobladores vienen advirtiendo sobre la disminución del nivel de bofedales y manantiales.

En ese sentido, más que el pago justo o injusto por el uso de recursos naturales, está en juego la supervivencia o extinción de comunidades y animales en una región extremadamente árida. (GJL)

*Artículo publicado en la revista PULSO de Bolivia

 
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