Mar-11-10 - por Daniela Espinoza M*

Desde hace muchos años, en cada paro de transporte, los gobiernos se esforzaban por demostrar que la medida no había sido exitosa y quienes paraban en confirmar lo contrario. Parece paradójico definir a un paro con el adjetivo de exitoso, pero así fue en el pasado y así es ahora.

Acabamos de asistir al segundo paro movilizado del transporte público en lo que va de las dos gestiones de Evo Morales y las declaraciones no cambiaron.

Como antes, los ministros descalifican a los dirigentes y los dirigentes cuestionan a los ministros. Como antes, las negociaciones duran días enteros y, de vez en cuando, son interrumpidas por los famosos “cuartos intermedios”, eufemismo que sirve para que los medios no hablen de fracaso.

Como antes, cuando ya ni los ases bajo la manga sirven, el paro llega y con él los chicotazos, las filas de gente esperando una movilidad, el horario continuo en el sector privado, la suspensión de las actividades escolares, los reportes desde el lugar de los hechos y todo el ritual tradicional que se arma en torno a este tipo de hechos.

A diferencia de otras épocas, sin embargo, cuando los transportistas paraban en rechazo a los ‘gasolinazos’ o para subir sus tarifas –una razón que hasta cierto punto podía ser comprensible y encontrar eco en algunos sectores– ahora lo hacen para que las sanciones no sean tan duras cuando conducen en estado de ebriedad y arriesgan la vida de los pasajeros. Algo absolutamente indefendible.

En los primeros dos meses del año más de 90 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito, la mayoría en vehículos de transporte público interdepartamental conducidos por choferes, con niveles no permitidos de alcohol en la sangre.

Las imágenes de buses destrozados en las carreteras, de cuerpos cubiertos con frazadas a la orilla de los caminos, de policías operando entre los fierros retorcidos, de familiares llorando por la muerte de sus seres queridos se han convertido en parte de la rutina de información mediática. Doloroso, pero cierto.

Quizá por eso en los días del paro de la semana pasada, la reacción de la gente fue de rechazo y de dura crítica a los transportistas. “Trabajen, borrachos”, les dijeron en diferentes puntos de la ciudad de La Paz.

Preocupado por dicha situación, el Gobierno emitió el 3 de febrero el Decreto Supremo 420 que sanciona drásticamente –con la pérdida de la licencia de conducir– a los choferes en estado de ebriedad, al propietario del vehículo y a la empresa responsable. En el caso del servicio interdepartamental, toda la línea de buses es sancionada.

El transporte interdepartamental no se dejó esperar y, tras conocer la nueva norma –considerada atentatoria para sus fuentes de trabajo- optó por realizar un paro, que se llevó a cabo el 10 de febrero. Los otros sectores intentaron una negociación para cambiar, al menos, el artículo 19 del DS; recurriendo incluso a su representación parlamentaria en la Asamblea Legislativa, pero se toparon con la tajante decisión gubernamental de no modificar nada.

El mismo presidente Evo Morales fue enfático al señalar que “así hagan paro todo el año, no se modificará el DS” y advirtió con la posibilidad de implementar una “Ley seca” para los conductores. Pero no sólo eso, el Gobierno fue más allá y cumplió su amenaza de sancionar a todo aquel que, en los días de paro, interfiriera bloqueando el libre tránsito. Como resultado, 22 empresas de transporte interdepartamental fueron multadas y más de medio centenar de miembros de sindicatos, detenidos.

El máximo ejecutivo de los choferes, Franklin Durán, aclaró en varias oportunidades que no están en contra de la sanción a quienes manejan en estado de ebriedad, sino que reclaman por la aplicación de tres castigos para una misma falta: “la medida castiga al chofer, al propietario del bus y a toda la línea sindical”. También fue enfático al señalar que su sector no está en contra del Presidente ni del proceso de cambio que lleva adelante el Gobierno, pero aseguró “no permitiremos que nos sometan o que nos ofendan”.

Léxico con tufo

Alcohol, borrachera, ebriedad, farra, chupa y demás palabras que se asocian con ese hábito lamentablemente arraigado en la sociedad boliviana eran de uso común en la crónica policial, pero ahora también lo son en la nota política y hasta en el análisis más sesudo, especialmente después de que el ex ministro de Aguas, Abel Mamani, y el ex candidato a la Prefectura de La Paz, Félix Patzi, truncaron su carrera luego de ser “pescados con las manos en el vaso”.

Varios días duró, por ejemplo, el debate sobre el castigo a Félix Patzi. Algunos dirigentes, incluso ministros, aparecieron como defensores de la moral. ¿Un borracho candidato? ¡Jamás!, como si nunca hubieran pronunciado la palabra ¡salud! en una recepción o en una concentración política y luego conducido sus vehículos como si nada.

La polémica llegó a la justicia. ¿Qué es más justo: castigar a un conductor ebrio, por la vía comunitaria, a una pena de trabajos forzados con la obligación de elaborar 1.000 adobes o quitarle la licencia? Una controversia que no deja de inquietar a los juristas.

Que está mal conducir en estado de ebriedad, por supuesto que sí. Sólo los choferes lo ponen en duda. Pero de ahí a que la prueba de la alcoholemia se aplique como parte del estatuto del funcionario público, suena por lo menos excesivo.

Pero así estamos. Un tufillo a alcohol se desliza en buena parte de la información política y sindical.

Más sanciones ¿más corrupción?

Entre sus observaciones, los transportistas reclamaban el hecho de que el DS 420 no contemple sanciones para la Policía ni para la Administración Boliviana de Carreteras (ABC) responsables, en muchos casos, de los accidentes de tránsito.

Si bien el paro no significó una “ganancia” para los transportistas, sino más bien todo lo contrario, el Gobierno anunció, a la culminación del mismo, la elaboración de una política nacional de seguridad vial que involucrará a todos los sectores: transporte, ABC, Policía y otros. Un debate en el que, sin duda, los transportistas podrán exponer parte de sus inquietudes.

Pero la preocupación es aún mayor por el hecho de que el Decreto no contempla sanciones para aquellos responsables de Tránsito que podrían encontrar en la norma una nueva “veta” para la corrupción. Cabría preguntarse ¿qué sanción impondrá el Gobierno a aquellos policías que, aprovechando las nuevas medidas, opten por solicitar o aceptar “coima” para evitar el retiro de la licencia? ¿Podrá el ciudadano apoyarse en alguna medida para denunciar este tipo de casos?

Al respecto, el viceministro de Régimen Interno, Gustavo Torrico, ha asegurado que el DS 420 establece, de manera implícita, que los posibles hechos de corrupción serán pasados a la justicia ordinaria. De todas maneras, el Ministerio de Gobierno tendrá “gente encubierta” como informantes para estos casos e implementará los controles necesarios para evitar que se abra una nueva puerta para la corrupción.

Los resultados

Después de dos días de paro, con algunos bloqueos, detenciones de sindicalistas y sanciones a una serie de buses, la pulseta de fuerzas entre el Gobierno y los transportistas parece tener un ganador. El Gobierno y los dirigentes de los choferes sindicalizados firmaron un acuerdo que garantiza la vigencia del resistido Decreto y prevé su reglamentación en un plazo de 30 días, y la conformación de una comisión para la redacción de un proyecto de Ley de Seguridad Vial que, tras debate y consenso con los diferentes actores, será enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.

El viceministro Torrico considera que el principal éxito del Gobierno tras la medida de los transportistas no sólo es la consolidación del DS 420, sino la imposición de un principio de autoridad sobre las determinaciones adoptadas al respecto.

El Decreto no se modifica en nada y la propuesta de “Ley seca” para los transportistas, planteada por el Presidente, será enviada en breve a la Asamblea.

El sector del transporte, añade el Viceministro, salió debilitado del paro “no sólo fueron en contra del DS sino que se hicieron odiosos a ojos de la población y terminaron con gente detenida y con deudas que pagar por los excesos en los días de paro”.

El representante de los transportistas, Franklin Durán, por su parte, ha expresado que con la medida su sector ha logrado la posibilidad de participar en la elaboración de la reglamentación del DS, que según el nuevo documento estipulará “el concepto y los límites de corresponsabilidad de conductores, propietarios, operadores, Tránsito, Policía Caminera, ABC, Vías Bolivia, entre otras”.

Paros y bloqueos, el antes y el después

Algunos dicen que el Gobierno está probando de su propia medicina. El presidente Morales ha dicho siempre que era un experto en paros y bloqueos, y que extraña esos “buenos tiempos” de dirigente sindical, cuando encabezaba las famosas seis federaciones del trópico y se oponía a la erradicación de la coca ilegal.

En esos tiempos, la fuerza del bloqueo y la movilización se utilizaba también para frenar disposiciones legales, como la draconiana Ley 1008, que en última instancia estaba diseñada para combatir un flagelo: la droga. Ahora, el poder del transporte, directa o indirectamente, defiende un vicio y se opone a disposiciones igualmente duras para castigar el consumo de alcohol en los transportistas. Cosas que pasan.

Para el Gobierno, obviamente no son temas comparables, pero no deja de ser evidente que ver las cosas a través del cristal del poder es radicalmente distinto que hacerlo desde la “heroica” lucha sindical. No es lo mismo instruir el uso de gases lacrimógenos que sufrirlos. Eso lo han probado en ojo propio varios de los que hoy son poderosos.

El viceministro Torrico asegura que el MAS nunca bloqueó por una medida que afectara al pueblo, sino por temas que iban en contra de éste. “Bloqueamos contra la capitalización, contra una erradicación forzosa que dejó siete muertos y por otras razones de similar importancia”.

Un sindicato único

Por muchas razones, los transportistas bolivianos integran un gremio único. Veamos por qué:
Son, efectivamente, un sindicato de propietarios, antes que de asalariados.

Durante la historia, fueron decisivos para asegurar el éxito de los golpes de Estado, pero también para derrocar dictadores.

Combinan dos mecanismos de representación: el formal, junto al MAS en la Asamblea Legislativa, donde cuentan con al menos seis diputados de diferentes regiones del país, y el propiamente sindical. Levantan la mano para aprobar leyes gubernamentales, mientras en las calles sus compañeros lo hacen para gritar consignas antigubernamentales.

Hacen paros para subir tarifas cuando se incrementa el precio de los combustibles, pero miran hacia otro lado cuando el precio de la gasolina o el diesel baja, como ha ocurrido en los últimos años.

Son muchos los transportistas que para ahorrar en combustible instalan bombas de tiempo, las garrafas de GLP, en sus vehículos y muchos también los que consiguen, corrupción policial mediante, rosetas de inspección técnica de sus movilidades, sin acudir a ninguna inspección.

Debe recordarse también que al principio rechazaron el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), que precisamente fue diseñado para que las víctimas de accidentes de tránsito y los propios conductores tuvieran un respaldo financiero para atender el problema; y se opusieron a la emisión de facturas y el pago de impuestos para el transporte interdepartamental establecidos en el DS 23346 de abril de 2006.

Por eso, no llama la atención que se opongan a un Decreto Supremo como el 420 e incluso organicen un paro en protesta.

El Decreto del conflicto

El Gobierno emitió el pasado 3 de febrero el Decreto Supremo 420 que señala:

Artículo 1.- (Objeto). El presente Decreto tiene por objeto aprobar mecanismos de control, fiscalización y seguridad vial, en el sector de transporte automotor público terrestre de pasajeros, para disminuir el riesgo de accidentes de tránsito en las carreteras y caminos del Estado, estableciendo las infracciones y sanciones ante el incumplimiento de los mismos.
Artículo 3.- (Acreditación de conductores)
I. En el plazo de seis (6) meses, los operadores del transporte automotor público terrestre de pasajeros tienen la obligación de presentar listas con los nombres completos de sus conductores adjuntando fotocopia simple de la cédula de identidad y de la licencia de conducir a las dependencias de la Policía Boliviana.
Artículo 7.- (Del pasajero seguro). Tránsito designará para cada viaje un pasajero, quien deberá completar un formulario mediante el cual exprese su percepción en relación al equipo de conducción bajo los siguientes criterios:
a) Conducir el vehículo en estado de embriaguez o bajo la influencia de estupefacientes.
b) Transportar equipaje y/o carga en los asientos desocupados del bus.
c) Transportar pasajeros en los pasillos, buzones y cabina del bus.
d) Realizar paradas no programadas o desviar el vehículo de su recorrido oficial o abandonarlo en plena carretera.
Artículo 14.- (Prueba de alcoholemia)
I. En cualquier punto del trayecto, los efectivos policiales deberán efectuar pruebas de alcoholemia al equipo de conducción, mediante alcoholímetro portátil. La negativa de conductores, relevos y ayudantes a someterse a las pruebas será sancionada.
Artículo 19.- (Infracciones y sanciones).
I. Queda terminantemente prohibida la conducción en estado de embriaguez de todo vehículo de transporte automotor público terrestre de pasajeros.
El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a las siguientes sanciones administrativas, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondan...

*Artículo publicado en el semanario Pulso de Bolivia