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Ascensos y retiros en las Fuerzas Armadas PDF Imprimir E-Mail

Feb-19-10 - por Rosendo Fraga

La decisión del Ministerio de Defensa de pasar a retiro al General de Brigada Hernán Prieto Alemandi, permite una reflexión sobre cómo se están manejando en este momento los ascensos y retiros en las Fuerzas Armadas. 

En este caso particular, se ha publicado que la causa de este pase a retiro es que mantuvo reuniones con el Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, y en consecuencia incursionó en política. Tanto el Vicepresidente como el General han negado haberse encontrado, más allá de las ceremonias oficiales en las cuales les tocó participar juntos.  

De acuerdo a ello, el episodio puede ser interpretado como un capítulo más de la campaña del oficialismo para provocar la renuncia de Cobos, ya que en una conspiración, como el matrimonio presidencial ha denunciado que encabeza el Vicepresidente, los reflejos del pasado hacen conveniente incluir un General para darle impacto.  

Pero más allá de la causa real sobre el pase a retiro de este General, hay una serie de situaciones que se vienen planteando y que merecen reparos en la política de personal de las Fuerzas Armadas, cuya fase más relevante es la determinación de los ascensos y retiros.  

Una de ellas es que en los últimos años las Juntas de Calificaciones, que son las que proponen los ascensos, han perdido su rol. Se ha dado el caso en el Ejército que la mitad de los Coroneles ascendidos a General de Brigada no provienen de una propuesta de la Junta de Calificaciones, sino que son elegidos por el poder político, más allá de los criterios profesionales con los cuales propone dicha Junta.  

El criterio de selección ha sido político, por el grado de relación o conocimiento que miembros del oficialismo han tenido de ellos. Cabe recordar que cuando el Presidente Néstor Kirchner designa sus primeros Jefes de Estado Mayor en 2003, elige a quienes conoce personalmente por haber prestado servicios en Santa Cruz o en la zona geográfica próxima.  

Esta situación está haciendo que quien quiera ascender, contemple la posibilidad de buscar contactos en el ámbito político, más que a concentrarse en sus méritos profesionales.  

En segundo lugar, en los últimos años ha comenzado a eliminarse de las propuestas de ascensos a oficiales superiores provenientes de las juntas de calificaciones, a aquellos que son hijos de militares que han tenido actuación en gobiernos de facto. Comenzó con los hijos de quienes estaban presos y después los denunciados; luego se extendió a quienes tuvieron algún tipo de función del tipo que sea -aunque no tuvieran causa- y se extendió no sólo al último gobierno de facto, sino que en algunos casos a hijos de quienes tuvieron cargos en el gobierno de facto anterior (1966-1973). 

Se trata de un criterio claramente discriminatorio, que probablemente busque impedir la solidaridad entre el personal en actividad y el de retiro.  

Finalmente, en los últimos tiempos se han registrado varios casos de intrigas internas, como el mencionado de Pietro Alemandi -también días atrás fue publicado que un General en actividad se reunió con el ex Presidente Eduardo Duhalde-, que revelan la utilización de mecanismos de espionaje interno dentro de la Fuerza. Las experiencias históricas de este tipo de situaciones han dejado secuelas negativas en cuanto a la relación humana que debe existir dentro de las Fuerzas Armadas. Hay amargas experiencias en el conflicto entre peronistas y antiperonistas, al perder la carrera por esta causa numerosos oficiales con buena aptitud profesional. En el último gobierno de facto, 33 oficiales fueron excluidos del Ejército con el argumento de que no compartían la posición de la Institución y en este caso perdieron su carrera varios oficiales de destacada competencia profesional.  

Este tipo de fenómeno se da con mayor intensidad en el Ejército, luego en la Armada y en menor medida en la Fuerza Aérea. Pero ello es lógico, dada la cantidad de personal en cada una de las Fuerzas.  

Estas, como el cuerpo diplomático o el personal del Poder Judicial, son una burocracia del estado, que debe tener sus sistemas de ingreso y ascensos en base al mérito profesional y no a las vinculaciones políticas. Eso hace no sólo al funcionamiento profesional eficaz, sino que quienes ejerzan estas funciones no estén pendientes de las vinculaciones políticas con el poder de turno para ascender o alcanzar determinado cargo.  

En el caso de las institucioines militares, hay un pasado particular que puede generar reservas puntuales por el rol político que han tenido en los sucesivos golpes militares. 

Pero cabe recordar que hoy sólo el 3% de quienes están en actividad lo estaban en 1983, al finalizar el último gobierno de facto. Es decir que casi la totalidad se ha incorporado después de esa fecha. Además, la realidad política, tanto local como regional y mundial, muestra que en todo el mundo los militares han dejado de tener el rol político que tenían en el pasado. 

La Argentina lo vivió en la crisis 2001-2002, la más grave en lo económico-social de su historia y la peor en lo político-institucional desde el reestablecimiento de la democracia. No sólo los militares no intentaron actuar ni como protagonistas ni como árbitros, sino que además nadie se preguntó qué es lo que pensaban, porque la realidad es que ellos han dejado de ser el factor de poder político que fueron en el pasado.  

El Presidente tiene la facultad de pasar a retiro a un oficial de las Fuerzas Armadas, función que ha delegado en el Ministerio de Defensa.  

Pero el uso tanto de esta facultad como de cualquier otra debe ser razonable, porque en caso contrario se transforma en injusticia y en este caso surge la politización, al percibirse que sin un padrino político no se hará carrera.

 
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