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La lucha contra el narcotráfico en Bolivia, más fracasos que éxitos PDF Imprimir E-Mail

Ago-12-09 - por Fernando Salazar*

El 24 de julio pasado, el Gobierno, junto con UMOPAR, celebraba el éxito de la lucha contra el narcotráfico en Bolivia, basado sobre todo en los resultados históricos de incautación de 15,5 toneladas de cocaína y la detención de 1.600 narcotraficantes entre los meses de enero a julio de 2009.

Esta situación llevó a plantear al presidente Evo Morales que “no necesitamos (como nación) de agencias internacionales para detectar o perseguir a los narcotraficantes” (Los Tiempos, 22 de junio de 2009). Morales afirmó además que “es obligación de todos los países, especialmente de los Estados Unidos, aportar incondicionalmente en la lucha en contra del narcotráfico” (Los Tiempos, 24 de julio de 2009).

Al respecto, se puede decir que los datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico son bastante elocuentes. Sin embargo, cuando se analiza el problema desde las políticas de Estado, resulta todo lo contrario. Los resultados más bien son negativos, y casi un fracaso si tenemos en cuenta las propuestas planteadas por el gobierno del MAS en el programa denominado “Lucha contra el narcotráfico y revalorización de la hoja de coca, 2007-2010”.

Los alcances del plan del MAS

El plan quinquenal del gobierno del Movimiento al Socialismo define, en su programa, el siguiente alcance: “se plantea estabilizar la producción (de coca) en un rango de unas 20.000 hectáreas aproximadamente hasta el año 2010, con un rango de unas 8.000 hectáreas por encima de la actual ley” (fuente: “Estrategia de lucha contra el narcotráfico y revalorización de la hoja de coca, 2005-2010”). Y en cuanto a lo referente a las 20.000 hectáreas se considera el siguiente destino: 51 por ciento para el consumo legal; del 12 al 18 por ciento para la industrialización; entre el 23 y el 29 por ciento asociado a las incautaciones; y una reducción progresiva (sin especificar) de coca ilegal.

Por tanto, la base del éxito del programa del MAS se basa en la capacidad de control de 20.000 hectáreas de producción de coca, lo que, tras los tres años y medio de Gobierno, no se ha podido lograr. Por el contrario, la tendencia y presión del mercado del narcotráfico tienden a elevar la producción, habiéndose pasado de las 27.500 hectáreas producidas en 2006 hasta las 30.500 hectáreas de fines de 2008, con una fuerte tendencia al incremento, que en el último año superó el 6 por ciento.

En este contexto, cabe recordar que este despegue de la producción de coca tuvo como base legal un convenio de octubre de 2004 suscrito entre el gobierno de Carlos Mesa con los productores de coca en el trópico de Cochabamba, en el que se legalizó el cultivo de un cato de coca (1.600 metros cuadrados) por familia hasta un cupo de 3.200 hectáreas. Beneficio que incluía únicamente a los campesinos que no recibieron el apoyo de los programas de desarrollo alternativo.

Sin embargo, en los hechos, este acuerdo fue aplicado de forma universal. Por otro lado, en enero del 2006, tras el Congreso de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, fue ampliado a un cato por afiliado sindical, situación que incrementó finalmente la superficie de producción de coca.

Algo similar, además, ocurrió en los Yungas de La Paz, región que intensificó la producción de cultivos de coca ampliando su frontera agrícola. Asimismo, se dio también el caso de la legitimación de otras zonas de producción, como se puede apreciar con los casos de San Germán y de algunas comunidades en Yapacaní.

Una situación que ha desembocado en el crecimiento del número de productores de coca, que en 2008 se estimaba en unos 71.000 (Los Tiempos, 29 de septiembre de 2008), de los cuales correspondían al sector del Trópico de Cochabamba alrededor de 55.000. Esto sin contar a los 5.449 comerciantes detallistas.

El programa del MAS, frente a los de los gobiernos liberales

Sin duda alguna que la propuesta de control social aplicada por el MAS a la producción y a la erradicación concertada fue un elemento de pacificación dentro del trópico de Cochabamba, quedando atrás la violencia y el alto costo humano provocado por los ocho programas de erradicación forzosa diseñados e implementados entre 1981 y 2005, cuyo trabajo, tras 25 años, logró estabilizar la producción de coca en alrededor de 25.400 hectáreas, con una inversión superior a los mil millones de dólares, destinados a la erradicación, interdicción al narcotráfico y desarrollo alternativo.

Pero, en este marco, y a pesar de este avance cualitativo gracias al programa de control social, quedan muchas dudas sobre el esfuerzo gubernamental y sobre la propia dirigencia de los productores de coca, sobre todo al observar el incremento de 5.100 hectáreas de coca en tan solo tres años (ver cuadro uno).

Por otra parte, es necesario destacar que este incremento en la superficie de producción de coca tiene como base la demanda ilegal por parte del narcotráfico, ya que aún no se logró implementar la industrialización de coca planteada, que absorbería entre el 12 y el 18 por ciento de la coca producida. Y tampoco se cuenta con el estudio de demanda legal del cultivo de coca que fue acordado en octubre de 2004 y que, pese a que se cuenta ya con más de un millón de euros de financiamiento por parte de Unión Europea, todavía no se efectiviza.

Recordemos que la propuesta fue llegar a una producción legal de unas 20.000 hectáreas; y en 2008 la producción alcanzaba las 30.500 hectáreas, sobrepasando de esta manera la meta fijada en más del 52 por ciento. Un hecho que demuestra que el MAS no pudo cumplir con su propia propuesta.

Por otro lado, hablando en términos comparativos respecto a otros programas neoliberales, se demuestra que el MAS no pudo superar a los otros programas en cuanto a cumplimiento de resultados. Y, de mantenerse la tendencia de crecimiento de coca en 2009, la siguiente cifra puede superar las 32.000 hectáreas, lo cual nos llevaría a una situación muy peligrosa de controlar, ya que se tendría una cantidad de coca similar a la de 1993, cuando el narcotráfico hacía gala de la violencia, involucraba a familias pobres e incluso llegó a establecer grupos y carteles de narcotraficantes que dominaron sectores institucionales claves de la democracia, tanto al interior de los partidos políticos como de los poderes importantes del Estado.

En contra de eso se levantan algunas posiciones radicales de grupos de productores de coca, que plantean incluso legalizar la producción de coca hasta 30.000 hectáreas, sin tomar en cuenta el estudio de demanda legal de coca que el Gobierno impulsa. El incremento a 30.000 hectáreas de coca implicaría, de facto, la legitimidad de la actual producción de cultivos de coca, con una fuerte tendencia hacia un despegue mayor, que rondaría las 40.000 hectáreas en menos de un año (en caso de mantenerse el actual crecimiento), lo cual nos llevaría a una situación similar a la vivida en la década de los gobiernos militares vinculados al narcotráfico.

El narcotráfico hoy, ¿un mito o una realidad?

Retomando el récord histórico de las 15,5 toneladas de cocaína incautada en medio año (2009), y si consideramos la tendencia constante del resultado de los operativos, podríamos alcanzar las 31 toneladas de droga intervenida a fines del presente año, lo cual daría, en términos generales, el decomiso del 27 por ciento de la potencial producción de droga existente en el país, que llega a las 113 toneladas.

Ahora bien, para estimar la cantidad de cocaína incautada producida con coca de Bolivia debemos considerar los informes oficiales del Viceministro de Defensa Social, que en abril de 2009 sostenían que, “de cada siete toneladas de cocaína incautadas, el 41 por ciento es droga peruana” (Los Tiempos, 3 de abril de 2009).

Pese a ello, la producción nacional de cocaína aún se mantiene en niveles considerables, ya que, en términos hipotéticos, del total de cocaína incautada hasta fin de año (31 toneladas), el 60 por ciento (19 toneladas) sería cocaína producida en nuestro país.

Este dato hipotético ayuda en la comprensión de la situación actual del narcotráfico en el país, el cual, según los reportes de la propia FELCN, tiene un considerable incremento o visualización, tal y como se observa en el cuadro dos.

Entre tanto, los operativos e incautaciones reflejados en esta información complementaria describen una considerable presencia del narcotráfico, en niveles y formas muy complejas, que van desde la posible presencia de grupos regulares de narcotraficantes, como son los representantes de bandas de intermediarios, hasta el más que probable inicio de avanzada de clanes o carteles de droga, que aplican tecnología industrial de procesamiento de pasta base, así como medios tecnológicos altamente desarrollados, como son los recicladores de precursores, los laboratorios de fabricación de precursores y los métodos móviles de transporte y producción de cocaína en zonas dispersas.

Y resulta igualmente destacable la presencia de un nuevo tipo de narcotráfico, que se basa sobre todo en los grandes clanes familiares nacionales y en pequeños clanes vinculados a las comunidades campesinas, cuya presencia y magnitud dan lugar al temor de un rebrote de narcotraficantes locales, que han empezado a tomar el control comunal (los casos que sustentan esta tesis se observan en el cuadro tres).

Un fenómeno violento

Por otro lado, también es imprescindible resaltar en este informe que el narcotráfico no fue ni nunca será pacífico. Éste, por su carácter ilegal, es violento y peligroso, ya que su accionar requiere de protección, la cual se intensifica de acuerdo al grado de complejidad o consolidación.

De esta manera, el círculo de violencia va creciendo a través de la adquisición de armamento y de la conformación de grupos armados de protección de la producción, el transporte y la comercialización, los cuales actúan normalmente en contra de los pobladores no vinculados y ejercen presión sobre las comunidades para hostigar a las fuerzas de seguridad de manera cada vez más agresiva (ver cuadro cuatro).

¿Qué hacer?

Para terminar, cabe señalar que, si bien es importante resaltar los logros conseguidos por el Gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico, igualmente es importante poder realizar una evaluación desde los propios objetivos planteados como política de Estado.

Y un primer análisis, en línea gruesa, nos lleva a afirmar que el programa de lucha contra el narcotráfico planteado por el MAS corre el serio riesgo de ser un fracaso, ya que su propuesta plantea 20.000 hectáreas de coca como alcance para el año 2010, y los resultados en materia de producción de coca sobrepasaron esta cantidad, dando lugar además a un incremento disperso y atomizado del narcotráfico, que hasta la fecha viene ganando a los esfuerzos de la FELCN y del Gobierno.

Por ello, y por el bien de Bolivia, es importante que el Gobierno replantee la estructura institucional de lucha contra el narcotráfico. Quizá es tiempo de reconocer que no basta la sola presencia de ex dirigentes cocaleros en la dirección de las instituciones encargadas del control social para la racionalización de coca, industrialización y lucha contra el narcotráfico. Y el Gobierno, además, tiene la tarea de escuchar el reclamo general de los bolivianos, que observan que “no es posible ser juez y parte en un conflicto” o, como manifiesta la oposición, que “no es posible colocar a un ratón a cuidar el queso”.

Lo propio ocurre con los datos de incautación, ya que la observación generalizada afirma que “es fácil cazar ratones en una ratonera”, o que “es fácil para un oso hormiguero cazar en hormiguero”. Por ello, se insiste en que es necesario dar mayor vigor a la institucionalidad y profesionalidad en la conducción de las tareas de producción de coca y lucha contra el narcotráfico.

Este cambio podría dar un mayor dinamismo institucional y credibilidad a los organismos internacionales, a quienes no se les puede exigir “aportar incondicionalmente en la lucha contra el narcotráfico del Gobierno”. La tarea de fiscalización, entre tanto, debería recaer en manos de organismos multilaterales en los que el país se encuentre plenamente representado, de tal manera que la planificación y fiscalización abarque además espacios regionales y globales. Ésta debe ser una de las tareas claves, que implica ir más allá del anterior monopolio por parte de los Estados Unidos, y sobrepasar la propuesta actual de monopolio interno para entregar la responsabilidad plena a la cooperación internacional.

Por otra parte, sobre el rol de la Comisión de la Unión Europea en Bolivia cabe decir que esta entidad regional juega en la actualidad un papel clave en la política de la producción de coca y lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Ya que apoya en forma económica directa a las políticas de control social de la producción de la hoja de coca (10 millones de euros), al estudio de demanda legal de la hoja de coca (un millón de euros) y al programa de desarrollo integral (más de 50 millones de euros). Y esta participación activa hace que su influencia reemplace a la de la embajada norteamericana. Por tanto, su tarea asumida en el marco de la “responsabilidad compartida” también le lleva a ser uno de los co-responsables de los resultados en la lucha contra el narcotráfico del gobierno del MAS.

Finalmente, bajo ningún argumento, es aceptable la legalización de las 30.000 hectáreas de coca en Bolivia, sin contar con los estudios sobre la demanda legal de la coca e industrialización. Cualquier mecanismo de aprobación, como un referéndum departamental o nacional, sólo puede alcanzar a dar una legitimidad política superficial, que en corto plazo afectará no sólo a la imagen del gobierno, sino también a la credibilidad de la cooperación internacional.

*Fernando Salazar O. es docente e investigador del Instituto de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba - Artículo publicado en el semanario PULSO de Bolivia

 
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