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Reformas constitucionales y reelección en América Latina PDF Imprimir E-Mail

Jul-29-09 - por la Lic. Milagros López Belsué*

En los últimos años varios países latinoamericanos han pasado por procesos de reforma constitucional; en los 90, la agenda estaba centrada en la estabilidad económica pero ya para fines de dicha década el eje pasaría a ser la agenda social. En muchos casos, las reformas o enmiendas a la Carta Magna tienen la intención de prolongar los mandatos de los presidentes que las impulsan.  

Los casos más recientes de reforma constitucional nos remiten a los efectuados en Venezuela (diciembre de 1999, con su posterior enmienda aprobada el 15 de febrero de este año), Ecuador (28 de septiembre de 2008) y Bolivia (25 de enero de 2009). Estos se enmarcan en un contexto de crítica al modelo económico neoliberal, frente a la cual lo social adquiere preponderancia: en estas nuevas Constituciones el sistema económico es social y solidario, se reconoce al ser humano como sujeto y fin, la naturaleza es considerada como sujeto de derecho y la propiedad colectiva es reconocida junto a la propiedad privada. Por otra parte, en los mencionados países, las Asambleas Constituyentes surgen en un momento de crisis, en que se generan coyunturas políticas, sociales, económicas, culturales que implican cambios o transiciones.  

En Venezuela, Hugo Chávez asume el poder en 1999 en un contexto de crisis socioeconómica y un fuerte debilitamiento institucional. Para fines de los años 90 el sistema político venezolano estaba caracterizado por una marcada polarización, agravada por el derrumbe del sistema bipartidista establecido mediante el Pacto de Punto Fijo y mantenido durante 40 años por los partidos de AD y COPEI. Dichos partidos, que durante décadas habían impulsado la modernización del país, al menos desde los años 80 dejaron de atender los valores y las necesidades de amplios sectores de la población. La fractura profunda de la sociedad tuvo su más nítida expresión en el Caracazo de febrero de 1989 -producto del incremento de los precios del transporte público-, su consecuencia más evidente fue la inestabilidad política y la posterior modificación del programa neoliberal. De cara a los comicios presidenciales de 1998, Hugo Chávez anunció la necesidad de promover profundos cambios constitucionales para superar el debilitamiento del modelo político. La promulgación de la nueva Constitución marcó las pautas de una transición hacia una democracia que se pretende participativa y protagónica. Supuso también la transformación del Congreso en una Asamblea Nacional Unicameral, el cambio del nombre del país por "República Bolivariana de Venezuela", la supresión del control civil de las Fuerzas Armadas y la extensión del período presidencial a seis años, permitiendo la reelección inmediata. Por otra parte, de acuerdo a la Carta Magna, el Estado queda facultado para reservarse determinadas actividades empresariales, principalmente, en el sector minero y petrolero. En cuanto a los derechos de carácter social, derechos humanos y derechos políticos, se consagra el principio de democracia sindical, la ampliación de los derechos de los pueblos indígenas, y la incorporación de una normativa ambiental. 

Ecuador desde el año 1982 ha transitado un ciclo caracterizado por el modelo económico neoliberal y el Estado de Partidos: hubo modernización pero también inequidad social. Consecuencia de ello en lo años 90, el movimiento indígena realizó el primer levantamiento nacional que paralizó al país y en 2005-2006 el mismo movimiento se posicionó para frenar la suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Desde 1997 se sucederán en el poder casi diez mandatarios dando cuenta de la inestabilidad institucional del país, con la llegada de Rafael Correa al poder en enero de 2007, se iniciará una etapa de transición en la cual la Asamblea Constituyente -una de sus promesas electorales- será uno de sus principales protagonistas. En términos generales, la Constitución propone la ampliación y reformas a los derechos de grupos considerados "vulnerables", reconoce derechos a los inmigrantes y a la naturaleza. Se prohíbe la tercerización por entenderse como práctica de precarización de las relaciones de trabajo. Por otra parte, se otorga al presidente la facultad de poder disolver la Asamblea Nacional por una sola vez, lo que obliga a un llamado adelantado de elecciones presidenciales. 

En Bolivia, la convocatoria a la Asamblea Constituyente por parte del presidente Evo Morales también sobrevino luego de una crisis social muy fuerte, de una división regional, étnica y social, aunque la misma había sido un pedido de los sectores indígenas en los 90. La redacción y aprobación del texto de la nueva Carta Magna estuvo precedida de violentas protestas y a punto de naufragar en varias ocasiones. Con la nueva Constitución el Estado adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, se incluye a los indígenas -que constituyen el 60% de la población boliviana- y campesinos en las estructuras de poder y el liderazgo del Estado en la economía nacional. 

Si bien los procesos políticos en Venezuela, Bolivia y Ecuador tienen raíces diferentes y resultados distintos (la concentración de poder es mayor en Venezuela y Ecuador que en Bolivia, las Fuerzas Armadas permanecen más ajenas al proceso político y a los conflictos en estos dos últimos países, entre otros aspectos), en los tres casos se trata de refundar el Estado a través de un liderazgo populista con tendencias nacionalistas -Bolivia- o socialistas -Ecuador y Venezuela-, en oposición a los Estados Unidos y al proceso de globalización. Los mandatarios venezolano, ecuatoriano y boliviano han aprovechado su popularidad, el desprestigio de los viejos partidos y la crisis institucional para crear un nuevo ordenamiento jurídico-político. 

Aunque las nuevas Constituciones permitieron pasar de la reelección alterna a la inmediata en los casos vistos, lo cierto es que la prolongación de los mandatos presidenciales no fueron el eje de las reformas constitucionales, como sí el factor social. No puede decirse lo mismo de la enmienda a la Carta Magna venezolana aprobada mediante referéndum el pasado 15 de febrero, que abrió las puertas a la reelección indefinida en Venezuela, (recordemos que el presidente Chávez intentó que se aprobara la reelección ilimitada en el 2007, en el marco de una reforma constitucional más amplia, pero el oficialismo perdió con el 49% de los votos). Tampoco puede decirse lo mismo del fallido intento del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien terminó siendo ilegalmente destituido el 28 de junio por intentar realizar una consulta popular -también ilegal- con vistas a iniciar en el país un proceso de reforma constitucional que permitiera reformar los artículos pétreos, entre ellos los vinculados a la reelección presidencial -prohibida en la actual Constitución- y a la forma de gobierno.   

La reelección en América Latina

Sin Reelección Reelección transcurrido un período presidencial Reelección consecutiva Reelección indefinida
Guatemala Costa Rica Argentina Venezuela
Honduras Chile Brasil  
México Perú Bolivia  
Paraguay El Salvador Ecuador  
  Nicaragua Colombia  
  Panamá República Dominicana  
  Uruguay    

En otros países también se busca reformar la Constitución para lograr la prolongación del mandato presidencial.  

En la República Dominicana se está discutiendo una reforma a la Constitución mediante una Asamblea Revisora. En agosto del año pasado, el presidente Leonel Fernández, que iniciaba su tercer mandato y segundo consecutivo gracias a una reforma constitucional de 2002, presentó al Congreso un plan de modificación constitucional con el fin de ampliar sus posibilidades de reelección, reconocer nuevos derechos y reformar el Estado. El elemento de la reelección es el principal tema de debate. Para estas enmiendas Fernández se valió de 13 juristas, que dirigieron una consulta nacional sobre los temas que se desean modificar: la mayoría votó por una reforma en la que el presidente sólo pueda ser reelegido una vez y nunca más. En este sentido, el pasado mes de junio, la Asamblea Revisora de la Constitución aprobó la prohibición de la reelección presidencial consecutiva, pero dejó abierta la posibilidad de que un ex presidente pueda volver en un futuro, cuando pase el período no permitido -la decisión se adoptó un mes después de que los dos principales partidos dominicanos, el oficialista Liberación Dominicana (PLD) y el opositor Revolucionario Dominicano (PRD), convinieron eliminar de la Constitución la reelección presidencial consecutiva-. El mandatario dominicano justificó la firma del  pacto en ese sentido con el argumento de que colocó el interés nacional por encima de su concepción. El texto final de reforma se prevé estará listo a mediados de septiembre. 

Incluso en Brasil, la mayor democracia de la región, se formalizó en el mes de mayo la propuesta de una reforma constitucional que abriría las puertas para una nueva reelección del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. La misma fue presentada por el diputado oficialista Jackson Barreto, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PSDB), considerado el principal aliado político del gobernante Partido de los Trabajadores (PT). Lula -que goza de más del 80% de respaldo popular- se ha manifestado en contra y garantizó que no aspirará a una nueva reelección el año próximo, aún si le fuera permitido. Lo cierto es que la propuesta de enmienda de la Constitución para permitir un tercer mandato presidencial consecutivo se encuentra archivada, ya que a comienzos de este mes de julio fue rechazada por la Cámara de Diputados de Brasil.  

En Colombia la Constitución fue modificada en el 2004 para permitir que el Presidente Álvaro Uribe pueda ejercer dos mandatos consecutivos, y en el 2006 ganó la reelección. Desde el año pasado sus partidarios impulsaban otra enmienda que le permitiría buscar un tercer mandato en el 2010; de hecho, el pasado 19 de mayo, el Senado aprobó la ley que convoca a un referéndum para decidir si se abre tal posibilidad para el año que viene -y no en el 2014 como lo había aprobado la Cámara de Representantes-. Sin embargo, en estos momentos ello es poco probable ya que los uribistas ahora se encuentran divididos frente a la re-reelección, y el referéndum se halla estancando en la Cámara, en momentos en que recientemente se eligieron dos opositores para presidir dicha Cámara  y el Senado. 

El último intento reeleccionista proviene de Nicaragua, en donde el pasado 20 de julio, en el marco del 30º aniversario de la revolución sandinista, el presidente Ortega insistió en una reforma constitucional que le permitiría la reelección -que abiertamente persigue- y abrió las puertas al establecimiento de la figura de la "democracia directa" y el referendo revocatorio. La Carta Magna de Nicaragua prohíbe la reelección presidencial consecutiva, pero no la alterna. Las reformas a la misma deben ser aprobadas en dos legislaturas y con al menos dos tercios de los 92 diputados que integran la Asamblea Nacional, sin embargo, los sandinistas y sus aliados aún no alcanzan dicha cifra, ya que reúnen al menos a 47. A ello se agrega que 5 de cada 10 niracagüenses considera que Ortega es un gobernante autoritario que busca instaurar una dictadura en el país (reciente sondeo de M&R Consultores). 

El presidente Hugo Chávez en Venezuela ha sido el primero en inaugurar una reforma constitucional centrada en la agenda social, casi una década más tarde sería el turno de Ecuador y Bolivia. En la tradición constitucional hay dos experiencias de cómo llamar a estas reformas constitucionales. El ejemplo que debería seguirse es el caso español, en donde los "Pactos de la Moncloa" llevaron a un acuerdo entre todos los españoles para generar un proyecto compartido de país. Sin embargo, en los países mencionados se ha reformado la Carta Magna en medio de grandes tensiones políticas y no necesariamente se respetó a los sectores discrepantes, generando una polarización de la sociedad, muy notoria en el caso venezolano. Por otra parte, la tendencia de las reformas a las Constituciones en América Latina durante los últimos años es claramente favorable a la reelección, fomentando el presidencialismo ya característico en la región. La reelección se busca en pos de la continuidad de la obra de gobierno, pero lo cierto es que ésta nunca acaba y las sociedades constantemente alteran el orden de sus prioridades. La buena noticia es que los últimos intentos de prolongación de mandatos presidenciales parecen no avanzar.

* Directora de Investigaciones del CENM.

 
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