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Crónica y perspectivas del conflicto peruano PDF Imprimir E-Mail

Jul-16-09 - por Norma Domínguez

Los enfrentamientos entre comunidades indígenas y las fuerzas policiales peruanas en la zona de la Amazonía, a principios de junio, precipitaron la crisis que hoy enfrenta el presidente Alan García y que ha provocado el cambio de su gabinete y la caída de su popularidad a los niveles más bajos de su gestión.

A días de cumplir el tercer año de su segundo mandato presidencial, el socialdemócrata Alan García juramentó su tercer gabinete de ministros.

Tras los enfrentamientos en la Amazonía peruana entre indígenas y policías que terminaron con varias decenas de muertos, alrededor de 200 heridos y denuncias de desaparecidos, el mandatario se vio forzado –en medio de un paro de 72 horas pidiendo la salida de sus ministros- a separar a los ‘responsables’ del polvorín social con el objetivo de encausar su gestión y recuperar su popularidad que se encuentra en caída libre y apenas alcanza el 21% (según la encuesta nacional urbana de Ipsos-Apoyo, la imagen del Presidente cayó 9 puntos a partir del conflicto).

Su primera medida fue apartar vía renuncias –forzadas y voluntarias- a figuras como Yehude Simon Munaro (un político independiente de izquierda que aceptó ser Primer Ministro tras el escándalo del Petrogate que salpicó a altas figuras oficialistas); la ministra del Interior y archi-apriísta Mercedes Cabanillas (quien ordenó el desalojo por la fuerza de la carretera y que motivó el estallido) y el titular de Defensa, Antero Flores (criticado por la muerte de soldados en atentados y emboscadas durante ofensivas militares contra Sendero), entre otros.

Carmen Vildoso, ministra de la Mujer, renunció al cargo en desacuerdo con el manejo gubernamental frente al tema que ‘alborotó el avispero’.

El nuevo gabinete bajo la lupa

En su nuevo gabinete García se aseguró una cuota de incondicionales y a la cabeza nombró como Premier al presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, quien levantó nuevas críticas de la oposición y de asociaciones civiles por considerar que no facilitará la concertación.

Quienes cuestionan su designación argumentan que como presidente del Congreso, Velásquez Quesquén abogó siempre por dilatar la votación de la derogatoria de las leyes consideradas anticonstitucionales por no respetar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, y que el día previo al estallido en Bagua dio prioridad a una moción para postergar por una semana el debate de los decretos que ocasionaron el paro amazónico.

Reforzando la idea de un “conflicto ideológico sudamericano” García dijo durante la jura de los flamantes ministros que “la agitación crece, perturbando la tranquilidad y la seguridad de los hogares de nuestro país”.

Dicha afirmación va en línea con el nombramiento del ex director de la Policía Nacional del Perú, Octavio Salazar, como ministro de Interior, quien entre 2007 y 2008 impulsó acciones contra la Coordinadora Continental Bolivariana que llevó a la cárcel –sin resultados- a media docena de personas acusadas de querer atentar contra la Cumbre Unión Europea-América Latina (AL-CUE) que se realizó en Lima en mayo del año pasado.

Respecto de la política económica, aún cuando el mandatario aseguró un cambio y sostuvo que “es imperativo para la gobernabilidad de largo plazo incentivar el gasto público en infraestructura y programas sociales a fin de saciar las necesidades de la población" y habló de “inclusión social” en su discurso, la permanencia del ministro de Economía Luis Carranza augura más continuidad que cambios en un país que, si bien viene reportando altas tasas de crecimiento, también aumentó la desigualdad social.

Según los expertos, la economía peruana crecería este año entre 2 y 2,5%, luego de que en 2008 se expandiera un 9,8%, la tasa más alta en 14 años, cifra que, paradójicamente, no alcanzó para bajar la pobreza que golpea al 36% de los peruanos.

El detonante de la crisis

El tema que provocó el estallido peruano no es nuevo y tiene que ver con los recursos naturales, las comunidades indígenas y la globalización. Mil doscientas comunidades de la selva peruana, que superan las 200.000 personas, comenzaron en abril a protestar cortando carreteras por la promulgación de un paquete de decretos legislativos que vulneran lo que los indígenas consideran sus ‘derechos ancestrales’ sobre el territorio que habitan, y que responden –según lo expresado por el gobierno- a no hacer peligrar el TLC con EEUU.

Dichos decretos fueron dictados en 2008 por García haciendo uso de las facultades especiales que le otorgó el Congreso en el marco del proceso de implementación del TLC.

Parte de lo que piden los indígenas awajún (los antiguos guerreros Jíbaros), es la derogatoria de unas normas legales gracias a las cuales un 60% de los bosques de la Amazonía peruana podrían ser vendidos a multinacionales para la extracción de hidrocarburos o para el cultivo de biocombustibles.

Entre las normas cuestionadas figura una que regula el manejo de los recursos hídricos y otra que establece los parámetros de gestión del patrimonio forestal.

Los recursos naturales en el ojo del huracán social

Según la Defensoría del Pueblo, la mitad de los casi 250 conflictos sociales no resueltos en Perú tiene su raíz en las consecuencias de las actividades mineras o petrolíferas en zonas andinas y amazónicas, y se han visto agudizados por el rechazo de la población al manejo por parte del gobierno de la crisis amazónica.

Una crisis que tras los episodios de junio alcanzó repercusión mundial y motivó críticas y pronunciamientos de organismos internacionales, sobre todo de América Latina y Europa. En un reciente documento firmado por Intelectuales del Mundo condenan "el genocidio cometido en la selva amazónica" y señalan que "la necesidad de vaciar los territorios indígenas para beneficio del capital ha llevado al presidente del Perú a cometer un crimen contra quienes pedían, con base en el derecho internacional, simplemente ser consultados para disponer de sus tierras".

Más del 70% del Amazonas peruano está dividido en concesiones para la exploración y la explotación petrolera y gasífera y las estadísticas oficiales indican que hay alrededor de 100 compañías mineras a cargo de 600 proyectos en Perú.
 
Alan García bajo presión

Al iniciarse la semana el Presidente juramentó al nuevo gabinete en medio de conflictos multisectoriales (además del conflicto indigenista el gobierno enfrenta protestas y reclamos de médicos, docentes y transportistas), renovando al Primer Ministro y las carteras de Justicia, Interior, Defensa, Trabajo, Comercio Exterior, Agricultura y Producción.

Mientras García pide a los ciudadanos mayor confianza en su gobierno ante los momentos de incertidumbre que se viven para fortalecer el crecimiento económico y el modelo democrático, voces opositoras se levantan, como la de Fredy Otárola, congresista del Partido Nacionalista, quien asegura que la seguidilla de protestas que se viven son porque “el pueblo peruano le está exigiendo al Presidente que cumpla con sus promesas de campaña y adicionalmente es un rechazo rotundo al régimen neoliberal”

 

 
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