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Honduras: un grave retroceso PDF Imprimir E-Mail

Jul-08-09- por Jaime Ordóñez*

Los problemas de la democracia tienen que se resueltos por el propio sistema democrático. Y, nos guste o no, el presidente Manuel Zelaya de Honduras es un funcionario electo por medio del sufragio civil. En ese contexto, el Golpe de Estado que le infringió el pasado fin de semana el Ejército de Honduras, deteniéndolo y sacándolo del país a la fuerza, constituye un error y un peligroso hecho por muchas y diversas razones.

Sus repercusiones pueden ser nefastas tanto para la sociedad hondureña como para la precaria y dificultosa construcción democrática de América Latina. Si la Organización de Estados Americanos (OEA) y la comunidad internacional —incluyendo la Administración Obama y la Unión Europea— no actúan con velocidad y contundencia en estos próximos días, se podría estar generando un escenario con graves consecuencias, no sólo para Honduras, sino para otros países del Continente americano. Podría ser la piedra de toque para la erosión en la región latinoamericana de un elemento básico de la democracia moderna: la separación entre el gobierno civil y los militares. Una noción básica que nos costó muchas décadas aprenderla.

El proceso de construcción democrática en América Latina ha sido complejo y difícil. Desde 1970 y hasta inicios de los 80, una buena parte de los países de nuestra América Central y del Cono Sur estaban regidos por gobiernos militares y dictaduras castrenses. El complejo retorno a la democracia empezado en América del Sur de 1980 a 1983 (con las transiciones democráticas de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile) fue seguido por las también difíciles transiciones de Bolivia, Perú y Ecuador. A la propia Centroamérica le tomó muchos años salir de sus gobiernos militares y, a partir de los Acuerdo de Esquipulas, empezar el complejo proceso que llevó a los Acuerdos de Paz de 1992 en El Salvador y Guatemala en 1996, en otros términos también para Honduras y Nicaragua.

En esa larga y oscura noche de los gobiernos militares, uno de los más lamentables argumentos usados históricamente por los ejércitos latinoamericanos fue, justamente, esa pretendida función correctiva, que ahora está invocando el Ejército de Honduras. Es decir, erigirse en censores y en jueces últimos de la legalidad y la constitucionalidad de un país, decidiendo cuando un gobierno civil debe ser abortado por medio de un cuartelazo. Ello significa la ley del tanque y la bayoneta. Significa el valor de las armas por encima de la constitución política, la razón y las leyes.

Uno de los principales logros de América Latina en las últimas décadas había sido, justamente, enviar a los militares a los cuarteles —adonde tienen que estar en épocas de paz— y dejar que los gobiernos civiles se encargaran del manejo del Estado y de los asuntos públicos. Ese había sido un gran avance de la región. Los hechos del pasado fin de semana en Honduras son graves pues con ellos retrocedemos prácticamente a fines de 1970, cuando se dieron los últimos cuartelazos en América Latina. Lo grave del caso es el efecto dominó que esto puede generar en América Latina y el envalentonamiento que le puede generar a otros militares de la región.

Los posibles desmanes —y violaciones a normas del sistema constitucional y legal hondureño— por parte del presidente Zelaya parecen estar allí, y constituir serios vicios que ciertamente han entrado a deslegitimar su gestión de gobierno. Esos problemas y vicios jurídicos son varios. Por ejemplo, su pretensión de una consulta plebiscitaria, realizada por una institución sin competencia para ello, la cual pretendía realizar el pasado domingo 28 de junio y que daría base para convocar a un referendum de reforma a la Constitución Política en mes de noviembre, buscando su reelección permanente a la presidencia y desconociendo —además— la próxima elección presidencial, ya convocada, candidatos incluido. Una pretensión de ese tipo parece ser, a todas luces, totalmente imposible desde el punto de vista jurídico, justamente con motivo de las llamadas inconstitucionalidades sistémicas. Además, están las violaciones al principio de equilibrio de poderes, y los graves casos de opacidad en la gestión de fondos de la administración pública.

Sin embargo, todos esos casos tienen que ser resueltos por el propio sistema democrático hondureño. La propia Constitución Política prevé en su artículo 205, inciso 20, la aprobación o improbación de los actos del Presidente y los otros miembros del Poder Ejecutivo y, ciertamente, una orden del Poder Judicial declarando la ilegalidad de sus actos, o un proceso de interdicción sobre su probidad para gobernar, son mecanismos legales que tienen que llevarse a cabo con todos los procedimiento del caso, incluidos lo que prevé la Constitución Política y el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y ser ejecutados por la policía civil. Los vicios de la democracia tienen que resolverse con procedimientos de la propia democracia, pero nunca llamando al Ejército.

Por esas razones, no es aceptable el argumento utilizado en las últimas horas por varios sectores hondureños, según el cual la expulsión de Zelaya es legítima pues se trataría de una decisión del Poder Judicial o de la Corte Suprema de Justicia ejecutada por los militares. La razón es muy simple: el Ejército no puede ser el brazo de ejecución de una resolución del Poder Judicial. Viola el principio de autonomía del Poder Civil, y viola además la Carta Democrática Interamericana, un instrumento internacional ratificado por el Estado de Honduras y toda la comunidad regional. Por eso, este golpe ha sido un error.

Lo curioso del caso es que —con este burdo proceder— los sectores que han impulsado este cuartelazo, podrían paradójicamente más bien estar impulsado un proceso de victimización y canonización de quien, hasta hace pocos días, era objeto de crítica por gran parte de la sociedad hondureña, incluidos los miembros de su propio partido político. —Las paradojas y las contradicciones que vienen de la mano con los grandes errores.—

*El autor es abogado y politólogo costarricense. Director del Observatorio de la Democracia en Centroamérica - Artículo publicado en el semanario CONFIDENCIAL de Nicaragua

 
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