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¿Votan los senadores contra las provincias? PDF Imprimir E-Mail

Ene-01-09 - por Rosendo Fraga

En la madrugada del 17 de julio el voto del vicepresidente de la Nación Julio Cobos desempató en una sesión histórica, en la cual por primera vez la Cámara Alta quedaba empatada con la totalidad de sus miembros presentes -el otro antecedente de desempate del Vicepresidente no contaba con la totalidad de los senadores presentes-, marcando así un antes y un después en cuanto al rol del Congreso frente al Ejecutivo.

Por primera vez en más de un lustro de hegemonía política del kirchnerismo, el Ejecutivo sufría el primer límite a su modelo hiperpresidencialista y era el Senado que representa a las provincias quien lo imponía.  

Pero al poco tiempo ese mismo  Senado volvió a la situación anterior, aprobando diversos proyectos del oficialismo como el de solidaridad previsional, la estatización de Aerolíneas, el presupuesto, la prórroga de la emergencia económica, los superpoderes y el impuesto al cheque, la estatización de las AFJP y el llamado "Plan Anticrisis" que incluye el polémico blanqueo, entre otros.

El oficialismo recuperó así su control sobre la Cámara Alta, sin que hayan mejorado sus índices de aprobación o consenso en la opinión pública, que siguen siendo similares a los de julio.  

Pero hay dos votaciones en particular que revelan la paradoja de que los senadores pueden estar votando incluso contra los intereses de las mismas provincias que representan, en su afán de acompañar al oficialismo sin cuestionamientos.

Al tratarse la estatización de las AFJP, se votó un despacho en disidencia que proponía pasar a las provincias el 15% de los fondos que se estatizaban, de acuerdo al planteo del gobernador Hermes Binner de provincializar dichos fondos.

Paradojalmente, 41 senadores votaron en contra de esta alternativa, mientras que sólo 23 votaron por hacerlo. Sólo en dos provincias  (Santa Fe y Salta) los tres senadores que las representan votaron de acuerdo al despacho en disidencia que aumentaba los recursos para las provincias.  

A su vez los tres senadores de Tierra del Fuego, Misiones y Neuquén votaron en conjunto contra el interés federal de provincializar los recursos.

La mayoría de los senadores que votaron contra la transferencia de fondos a las provincias respondían a los gobernadores, mientras que quienes votaron por hacerlo eran en su mayoría opositores a nivel provincial.

Al tratarse la prórroga del impuesto al cheque volvió a votarse un despacho en disidencia -también impulsado por Binner- que proponía provincializar el 100% de la recaudación de este tributo que actualmente se distribuye 70% para el gobierno nacional y 30% para las provincias. En esto caso sólo 20 senadores votaron por transferir los recursos a las provincias, mientras que 45 votaron por no hacerlo, nuevamente contra el interés federal.

En esta oportunida, la única provincia cuyos tres senadores ya fueran opositores a nivel nacional como Rubén Giustiniani o justicialistas como los casos de Carlos Reutemann y Roxana Latorre, votaron por la provincialización, defendiendo la vigencia del principio federal.

En el otro extremo se repitió el caso de las mismas tres provincias (Tierra del Fuego, Neuquén y Misiones), votando los tres senadores contra el principio federal. Volvió a suceder que quienes votaron por la provincialización en general eran opositores en el ámbito provincial, mientras que los que votaron contra ella respondían al oficialismo local.

¿Que hace que los senadores que el 17 de julio dieran una muestra de independencia singular ahora voten en contra de los mismos intereses explícitos del principio federal que tanto proclaman?

Puede argumentarse que negociaciones poco transparentes entre el Ejecutivo y determinados gobernadores hace que estos hagan que sus senadores voten en contra del principio federal, porque a cambio recibirán determinados beneficios para la provincia.

También puede decirse que algunos gobiernos provinciales, ahogados financieramente como puede ser el caso de Tierra del Fuego, tienen que someterse al gobierno nacional para recibir fondos discrecionales del mismo.

Pero, en mi opinión, la clave está en que los senadores al votar contra el principio federal no pagan costo político alguno en sus provincias, como sí lo hacían al votar sobre la Resolución 125, cuando la opinión pública en cada distrito seguía atentamente cómo iba a votar cada uno de sus senadores y ello fue decisivo para el resultado del 17 de julio.

En cambio ahora un senador puede votar contra provincializar recursos estatizados de las AFJP y la recaudación del impuesto al cheque y en las provincias no se presta la menor atención al tema, con lo cual el senador que vota de esta manera sabe que puede optar por seguir políticamente al Ejecutivo aun en contra del interés federal, sin que ello vaya a ser tenido en cuenta por sus coprovincianos.

En este sentido también puede aducirse que los senadores que votaron de acuerdo al interés federal, aun a costa de enfrentar acciones adversas del gobierno nacional, tampoco reciben reconcimiento alguno.

Aunque no entre en juego la cuestión federal, lo sucedido recientemente con el blanqueo es elocuente. Los sondeos mostraban que nueve de cada diez argentinos estaba en contra del mismo. Sin embargo, 39 senadores votaron a favor del mismo y sólo 28 en contra.

¿Alguien ha reparado en quienes votaron de una u otra manera una medida que tanto el GAFI -el organismo internacional sobre las normas para evitar el lavado de dinero- y la embajada de los EE.UU. señalaron como peligrosa porque podía ser utilizada por el narcotráfico?

En este caso volvió a darse que los tres senadores de Santa Fe -y lo mismo sucedió con los de Salta- votaron contra el blanqueo, mostrando una marcada independencia respecto al gobierno nacional. En el otro extremo, los tres de Neuquén y de Misiones lo hicieron a favor. En el caso de los tres senadores de Tierra del Fuego, que en las dos votaciones que pusieron a prueba el principio federal habían votado contra el mismo, en este caso se dividieron: uno votó en contra, otro a favor y el tercero se abstuvo.

En el blanqueo se revirtió lo que había sucedido con la Resolución 125, cuando en Diputados el oficialismo se impuso por 129 votos contra 122 mientras que en el Senado fue derrotado. En cambio con el blanqueo el oficialismo obtiene una discutida cifra de 128 votos mientras que en el Senado se impuso por 6 votos.

La conclusión es clara: mientras el ciudadano sea indiferente a cómo votan sus legisladores, estos pueden llegar aun a votar contra el interés provincial porque no pagan costo político con ello. Sólo si el voto funciona como un lógico sistema de premios y castigos, de acuerdo a como han votado los legisladores en la visión de los votantes, el Congreso recuperará el rol y el prestigio que debe tener.

 
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