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Obama, McCain y el gobierno de Uribe PDF Imprimir E-Mail

Oct-30-08 - por Edmundo González Urrutia

Recién iniciada su gestión, el presidente George W. Bush anunció con grandes bombos que haría de América Latina una prioridad en su agenda de política exterior. Pasados casi ocho años sólo quedan sinsabores y resentimientos que lo exhiben como uno de los presidentes más impopulares que ha pasado por la Casa Blanca. De esa agenda inicial, la consolidación de una estrecha relación político-militar con Colombia ha sido uno de los puntales de la acción internacional estadounidense en la región. Dicha estrategia estuvo definida básicamente por el Pentágono para el combate de la narcoguerrilla colombiana, una línea esencialmente militarista en detrimento del enfoque político diplomático promovido por el Departamento de Estado. Algunos observadores opinan que en un próximo gobierno, Uribe podría "pagar caro" por el apoyo que le ha brindado Bush.

En ese contexto militarista, comenzaron a acentuarse las tensiones con Venezuela y a perfilarse con mayor claridad el eje de países (Bolivia, Nicaragua, Ecuador) que, influidos por Caracas, incrementan su discurso antiestadosunidense. A ello se agregan los señalamientos de Washington acerca de conductas permisivas del gobierno del presidente Hugo Chávez hacia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, al tiempo que el mandatario venezolano acelera su estrategia de la llamada "guerra asimétrica" y el ala dura del Partido Republicano cierra filas con el gobierno de Uribe.

A pesar del respaldo que tanto Barack Obama como John McCain han brindado al Plan Colombia, algunas iniciativas recientes del presidente Uribe indicarían que está tomando previsiones ante eventuales cambios que pudiesen ocurrir en Estados Unidos, particularmente en la correlación de fuerzas del Congreso, que puedan comprometer el respaldo incondicional que mantenía la Casa Blanca a la lucha contra la narcoguerrilla.

La estrategia colombiana apunta a convencer a algunos países europeos sobre las bondades de la lucha contra las drogas, con miras a asegurarse el respaldo financiero necesario en caso de que se produzcan cambios sustanciales en la política de Washington.

Lo que si resulta claro es que sólo aquellos países con quienes se han mantenido unas relaciones particulares -en términos de estrechas alianzas político militares, como es el caso de Colombia, o de reconocimiento a su liderazgo continental como el de Brasil, o de México- han ocupado cierto espacio en la actual campaña electoral.

En realidad, con ligeros matices, ambos candidatos han expresado su respaldo al Plan Colombia y a la cooperación con México en materia de combate a las drogas. Más aún, en la propuesta de gobierno demócrata conocida como "Una nueva asociación para las Américas" se señala a Brasil, México y Colombia, como los países con los cuales "se forjarán nuevos vínculos en el plano político, económico y de seguridad".

Con estos tres países hay justificadas razones para sentar una política más asertiva. En Colombia se libra una batalla contra la narcoguerrilla que es la principal responsable de los envíos de drogas al territorio estadounidense. El peso político de Brasil lo convierte en el interlocutor natural con la región y lo perfila como el país con quien habrá de articularse una política que vaya más allá de lo estrictamente bilateral, para ejercer un papel de contención a las desmesuras y prácticas intervencionistas que impulsan algunos gobiernos con sus abultados recursos financieros.

Sin descontar a México que por su dimensión geográfica, su vecindad territorial y el peso creciente de sus inmigrantes residentes en Estados Unidos, está llamado a ser otro país con el que necesariamente habrá de desarrollarse una relación más constructiva.

Estratégico.

En el caso de Brasil, desde la gestión del entonces secretario de Estados Henry Kissinger durante la década de los setenta, se señalaba que debía ser el interlocutor de Estados Unidos para América Latina y así ha continuado siendo hasta ahora. No fue por azar que el ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, expusiera previamente a Washington la iniciativa de constituir un consejo de defensa suramericano, ni el acuerdo sellado entre los presidentes George W. Bush y Luiz Inácio Lula da Silva para promover la producción mundial de etanol. Con estos dos ejemplos se confirma aquella máxima de que los intereses hablan más alto que las divergencias ideológicas.

Pero independientemente de las alianzas, como sostiene el ex canciller mexicano Jorge Castañeda: "Reparar la desastrosa política heredada de Bush no será un tarea fácil para el próximo gobierno".

 
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