El Dr. Jorge Batlle, en la práctica, ha llegado a la mitad de su mandato como Presidente del Uruguay. Si bien cumplió sólo dos de los cinco años del mismo, las disposiciones constitucionales de 1996 hacen que, el último año de un período presidencial esté dedicado casi totalmente al proceso electoral de renovación del parlamento y el gobierno. En esta primera mitad de su presidencia Batlle ha tenido que sortear constantes sobresaltos y crisis y poco fue lo que pudo lograr en lo referente a reformas estructurales.

Desde la devaluación del Real brasileño en 1999, Uruguay vive en constante recesión, aumentada fuertemente por la crisis de Argentina muy manifiesta luego de diciembre del 2001. Enfrentar los efectos de esta dependencia regional, de este "corralito" uruguayo, superar los efectos de un brote de aftosa que tuvo efectos muy adversos sobre la ganadería y asumir otra vez que el Estado debía salvar a Bancos que no podían hacer frente a los reclamos de sus depositantes, han estado entre las

preocupaciones principales de su presidencia. El ajuste sucesivo en los gastos del estado ha sido constante en estos dos años, pero siempre con una nota característica: tratando de preservar la estructura estatal existente, dado el temor a profundizar la crisis en el ámbito social.

En lo estructural se ha intentado profundizar el proceso de cambio del estado, pero nuevamente se ha topado con una población resistente al cambio. En el presupuesto quinquenal aprobado en el año 2001 se incluyeron dos artículos para permitir mayor participación privada en la telefonía celular. Una parte de la misma la maneja ANCEL, una sociedad colateral de la empresa estatal telefónica ANTEL (Administración Nacional de Teléfonos). Utilizando el mecanismo constitucional del referéndum contra leyes, por la vía de la recolección de firmas de un cuarto de la ciudadanía, el movimiento sindical con el apoyo de la izquierda política logró que, prácticamente, el proyecto abortara. Durante un año se recogieron esas firmas y las mismas fueron presentadas ante el organismo electoral. Ante ese hecho y ante la casi segura derrota que sufriría el proyecto al efectuarse el plebiscito, el gobierno ahora busca abrogar los dos artículos de la ley de presupuesto que al permitir crear ANCEL como sociedad privada provocaron esa resistencia. Juegos políticos menores todavía no han desactivado totalmente el problema, pues el Partido Nacional estaría interesado en que se realice el referéndum para que el Partido Colorado pague el precio de la derrota, por lo cual el gobierno depende de la coalición opositora de izquierda, que junto al movimiento sindical promovió el referéndum para derogar los artículos en cuestión. La oposición presentada no es específicamente por el tema de la telefonía celular, sino por la actitud contraria de buena parte de la población frente a las privatizaciones.

Mientras, se ha aprobado por medio de artículo incluido en una ley de urgencia un proyecto para desmonopolizar la refinación de combustibles de modo de comenzar a cambiar la estructura de ANCAP, la empresa estatal que hasta el momento tiene esta prerrogativa. Nuevamente y apenas aprobada la norma, los sindicalistas anunciaron que comenzarán el proceso para recoger firmas durante un año para impedir el proceso que consideran terminará con una importante fuente de trabajo y de recursos para el país. La posibilidad de conseguir las firmas es alta, por lo que el gobierno se verá obligado a batallar por otros medios. Ya se hecho correr una versión, no oficial, acerca de comenzar a importar combustibles refinados, que saldrían más baratos que hacerlo en la planta montevideana de la compañía estatal, con lo cual de todos modos se lograría el propósito de lograr la pérdida de monopolio. Las consecuencias de una medida de este tipo serían importantes, pues seguramente el movimiento sindical se vería obligado a recurrir a medidas de fuerza fuertes (...)