Las denuncias sobre el supuesto pago de sobornos al Senado por parte del Ejecutivo, formalizadas en la justicia por el vicepresidente en agosto y que son creíbles para la gran mayoría de la opinión pública, ponen al presidente Fernando de la Rúa en una situación política compleja.

Pero a su vez en la sociedad, si bien se registra una caída importante en la imagen presidencial durante los últimos meses, parece subsistir una actitud favorable hacia De la Rúa, tratando de no vincularlo a los casos de sobornos e incluso esperando argumentos para afirmar esta creencia.

Para comprender este fenómeno vale la pena recordar dos casos de la política norteamericana de los últimos años.

El primero es el del presidente Nixon frente al llamado "Watergate". Una operación de inteligencia menor, que tenía como blanco escuchas telefónicas vinculadas al proceso electoral interno, es denunciada por la prensa. Frente a la acusación, el Ejecutivo intenta diversos tipos de defensa tratando de limitar el daño, reduciéndolo a supuestas responsabilidades de funcionarios intermedios. Pero la opinión pública rechaza una y otra vez los argumentos y maniobras que apuntan a desvincular al presidente del episodio. Es así como la situación termina finalmente con la caída de Nixon, que era reclamada por la opinión pública norteamericana desde el inicio de la crisis, como lo mostraron los sondeos de opinión desde el primer momento.

Es que la sociedad política quería una renovación después del síndrome de Vietnam y veía en la caída del presidente como una suerte de proceso de autodepuración.

Una década más tarde, el presidente Reagan enfrentó el llamado "Irangate" o también el caso "Irán-Contras". Desde el Consejo Nacional de Seguridad se registra una triangulación en el comercio de armas, mediante el cual se buscaba financiar el movimiento de los "contras" nicargüenses que luchaban contra el gobierno sandinistas con el apoyo abierto de la administración Reagan. El caso toma estado público y se plantea la denuncia de que se estaban utilizando medios ilegítimos para financiar una política oficial. Las investigaciones se centran en un teniente coronel de los Marines, Oliver North, quien cumplía funciones de segundo nivel en el Consejo Nacional de Seguridad y estaba vinculado al caso.

La situación fue muy diferente a la que se había registrado una década antes con el anterior presidente norteamericano del Partido Republicano. Esta vez la opinión pública, que se siente optimista y satisfecha con los inicios de la administración Reagan, no quiere aceptar la posibilidad de que el presidente pueda tener algún tipo de vinculación con el hecho e incluso prefiere exculpar a los funcionarios intermedios, cuya participación podría afectar a la imagen presidencial.

Es así como Oliver North asume la responsabilidad por una decisión política que parecía escapar a su nivel de decisión y la opinión pública lo acepta en función de un estado de ánimo previo tendiente a exculpar al presidente.

Comparando ambas situaciones con la crisis del Senado en la Argentina, es claro que pese a la caída en la imagen del Presidente, la opinión pública argentina se encuentra hoy frente a De la Rúa, como se encontraba frente a Reagan y no frente a Nixon la opinión pública norteamericana. Es decir que no se quiere afectar la imagen presidencial al comienzo de un mandato.

Pero si en nuestro caso, el Ejecutivo no logra crear rápidamente su Oliver North, es decir el funcionario o los funcionarios sobre los cuales la opinión pública centre su percepción de responsabilidad, la crisis puede dilatarse deteriorando más al gobierno.