Nuestro país vive la recesión más prolongada desde los años treinta y el desempleo más alto de su historia.

Es en este marco que entra en crisis el crédito público y el país se ve obligado a vivir sólo con lo que recauda.

La Argentina enfrenta esta situación con un salario promedio en todo el país -considerando trabajadores formales e informales, públicos y privados- que está en 550 pesos. Pero las diferencias sectoriales son muy pronunciadas. Mientras en el sector público dicho promedio es de 750 pesos, en el privado es de sólo 400.

A esta fuerte diferencia mencionada se agrega el hecho de que durante los últimos tres años, el salario en el sector privado ha caído el 20%, mientras que en el público ha descendido sólo el 5%.

En estos tres años la tasa de desempleo se ha incrementado más de 4 puntos. Es decir que el aumento de desempleados, desde que se inició la recesión, supera al medio millón. Mientras el sector público no ha disminuido sus puestos de trabajo, en el privado se han perdido cientos de miles.

En este ajuste quienes más han sufrido son los que menos tienen: los trabajadores informales o en negro, cuyo salario promedio es de sólo 300 pesos. Cada aumento de impuestos, se termina trasladando sobre el salario y el consumo del sector privado y es quien en consecuencia paga el ajuste.

Es en este marco que pedir un esfuerzo a los trabajadores del sector público, frente a la crisis que enfrenta el país, tiene en cuenta los valores de la solidaridad y la equidad social, en momentos en que quienes menos tienen y quienes más han sufrido son los trabajadores del sector privado, a quienes no se les puede exigir más.

Sin el recorte del sector público, la única alternativa seguiría siendo ajustar más al sector privado vía nuevos aumentos de impuestos, que además de profundizar la recesión aumentarían el desempleo.

El ajuste de los jubilados se ha hecho inevitable, ante la negativa de sectores políticos a reorganizar los gastos en organismos públicos como el ANSES y el PAMI.

Aprobándose la extensión del ajuste a los trabajadores de los poderes legislativo y judicial, se reduciría el recorte a los jubilados y si se aceptara reorganizar el ANSES y el PAMI, ningún jubilado tendría reducción alguna.

Una visión solidaria y equitativa del problema debe llevar a la reflexión a la dirigencia nacional, de que es posible evitar el ajuste de los jubilados si en forma inmediata se emprenden estas reformas.

Así mismo es necesario advertir que dentro del sector público nacional hay sectores como las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que ya vienen realizando un ajuste sistemático desde hace más de una década y hoy sufren una nueva reducción, en el mismo porcentaje que aquellos sectores que recién ahora enfrentan la necesidad de racionalizar sus gastos.

Las medidas que apuntan a implementar el déficit cero son costosas pero inevitables. Es que si la Argentina no lo hace, la pérdida del crédito público implicaría que en pocas semanas, el desempleo se incrementaría en el 50% por la parálisis económica que ello acarrearía sobre una economía que ya lleva tres años de recesión.

Sin estas medidas, un millón de argentinos perderían sus puestos de trabajo y el desempleo que hoy se acerca al 17%, se ubicaría abruptamente entre el 25 y el 27%, como sucedió con las economías que a fines de los años noventa entraron en default en América Latina, Europa y Asia.

Quienes hoy resisten las medidas que se están adoptando deben comprender que la solidaridad y la equidad implican tomar medidas sin las cuales muchos argentinos perderán su trabajo rápidamente con el drama social que ello implica y que sin ajustar el sector público, la consecuencia será profundizar el mismo en los trabajadores del sector privado y en particular de los informales, que son quienes más han sufrido.