El terremoto político, ha traído abajo varios edificios. Y es que el adelanto de elecciones, anunciado por Alberto Fujimori, no es otra cosa que la caída del gobierno. Esto debido a que un gobierno no cae sólo porque uno de sus funcionarios -en este caso informal- es encontrado en franco acto de corrupción. El gobierno cae porque este personaje es parte de un gobierno que nace y crece a su amparo. Es decir, Montesinos, es el poder que, con aliados como el presidente Fujimori y sectores de las Fuerzas Armadas, se desmorona.

Este poder, construido sobre la base de mecanismos antidemocráticos y corruptos, aspiraba, desde el golpe de 1992, a mantenerse, convirtiéndose en un fin en sí mismo. Este objetivo, pasaba, sin embargo, por usar las instituciones democráticas, vaciarlas de contenido y atarlas al ejecutivo, con lo que se conseguía la concentración del poder. Para defender este esquema, de cualquier oposición, se necesitó una policía política, que no era otra cosa que el SIN, con Montesinos a la cabeza.

La reelección presidencial se convirtió en el mecanismo indispensable para los objetivos del poder. Así ocurrió, en la primera reelección de 1995 y se repitió este año. El problema, para conseguir estos propósitos, era que sectores importantes de la sociedad -quizá los más dinámicos-, se oponían. Para vencerlos, debieron realizar una campaña y elecciones altamente cuestionadas. Aquí radicó la victoria pírrica de Fujimori, en abril último, pues un gobierno que nace de elecciones cuestionadas, es un gobierno con déficit o nula legitimidad, que sólo lo otorga la ciudadanía cuando acepta libremente un mandato. Este no fue el caso.

En efecto, el tercer gobierno de Fujimori era -aunque aparentaba lo contrario- débil por su origen. Un gobierno que debía vivir 60 meses, soportaba en mes y medio el rechazo de un importante sector ciudadano y en su seno se libraban, como antes no ocurría, una lucha de sectores por ganar espacios de poder. El problema es que el gobierno en su conjunto estaba erosionado y su parte más enferma por la corrupción, se extendía.

El anuncio de elecciones ha abierto una crisis de proporciones y aún ahora nadie controla totalmente el poder. Pese a la demanda nacional del apresamiento y juzgamiento de Montesinos, éste se ha recluido en el local del SIN y no acepta un retiro en condiciones que no sean negociables. En esta pugna se encuentran Fujimori, Montesinos y las Fuerzas Armadas, tejiendo alianzas para el desenlace final.

La ventaja de Fujimori es que ya señaló el fin del gobierno, en el plazo más corto. A Montesinos no le queda otra cosa, que luchar por su supervivencia. Fujimori tendría todas las posibilidades de imponerse, entregando a Montesinos para que sea juzgado. El problema es que mientras más muestre de él, se puede ver comprometido, dado que difícilmente un gobernante convive diez años sin conocer o comprometerse en sospechosos manejos. Es más, ese es supuestamente el arma de chantaje que tenía Montesinos.

Por lo pronto, la transición es el tema pendiente. Aquí se levantan algunas preguntas. Si las elecciones se realizarán, como casi todos coinciden, alrededor de abril del próximo año y se entrega el mando el 28 de julio del 2001, ¿quién encabeza la transición?, ¿en qué condiciones?. Nada de esto está resuelto. El gobierno quiere una transición controlada y protegida. La lucha política abre así muchas posibilidades de desenlace en el que se juega el futuro próximo del Perú.