En este escenario llegó la Misión de Alto Nivel de la OEA. El organismo hemisférico, luego de la Asamblea en Windsor (Canadá), no quiere repetir la experiencia de 1992, que por desidia o simpatía encubierta dejó que Fujimori se asentara e iniciara un proceso de concentración de poder que, ocho años después, lo ha hecho más poderoso y desafiante.

Sin embargo, pese a las declaraciones y buenas intenciones, la propuesta que trajo la Misión de la OEA no fijó su atención en un punto central que dio origen a su propia visita: las discutibles elecciones. Es decir, la decisión de aceptar la política de los hechos consumados desarrollada por Fujimori avala, en la práctica, su inconstitucional tercer mandato. Esto generará un reconocimiento internacional, hasta ahora esquivo, restando armas a la dinámica opositora y abrirá espacio a la legitimidad interna, que no consiguió en las urnas. Desde esta perspectiva es un punto a favor para el gobierno y uno en contra para la OEA, pues demuestra su incapacidad y debilidad para frenar atentados contra la democracia latinoamericana, por lo que figuras como las de Fujimori se le escapan de las manos.

Pero pensar que la llegada de la Misión de la OEA es pura y simple música de distracción política, es una ligereza. Pues si bien la Misión no discutirá la legitimidad de este gobierno, cuestionando las elecciones y promoviendo unas nuevas, como lo demanda la oposición, ha traído una incómoda agenda-inventario con cinco temas de discusión, que tienen que ser canalizados a través de una reforma legal y constitucional y cuyos resultados sean comprobables. Los 29 puntos que contiene la propuesta de temas, están conformados por el listado de demandas que se le han exigido al gobierno a lo largo de estos años. El gobierno ha señalado que acepta discutir, pero nada más.

Más allá de ello, estos serán los temas de discusión obligatorios en los próximos meses, cuestión que no daña a la oposición y sí al gobierno. En cambio, los plazos no precisos molestan a la oposición y alientan al gobierno. Este quiere ganar tiempo convocando comisiones de trabajo a partir de la oficialista Comisión Democratizadora, cuando la OEA ha propuesto que en los temas de discusión estén presentes además de dicha Comisión, la oposición, representantes de la sociedad civil y, en los casos que corresponda, con asesoría de Comité Jurídico Interamericano y representantes de la prensa.

Es decir, los temas, los componentes y los plazos son parte de la discusión. Pero, más allá de eso, la OEA ha impuesto un marco en el que se canalizará el conflicto político. En base a ello, la oposición ha exigido pruebas de voluntad política de cambio, a un gobierno que ha demostrado lo contrario. Ha exigido cuatro requisitos para conversar (entre los que se encuentra destituir al asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos), pues no quiere ser burlada con discusiones que no terminan, temas que se deforman, mecanismos que se debilitan y plazos que no se cumplen.

El gobierno, por el contrario, con la actitud de las FFAA de reconocer como presidente a Fujimori 58 días antes de su juramentación, el nombramiento como Contralora General de la República a una militante oficialista y la política escandalosa de compra de parlamentarios de otras bancadas para obtener mayoría en el Congreso a instalarse el 28 de julio, parece que utilizara otra arma más allá de la declarada voluntad de diálogo con la oposición.

Todo lo anterior no hace sino recordarnos que nos encontramos en una profunda crisis de las instituciones políticas, víctimas de un gobierno que en su afán de permanecer en el poder, las ha debilitado cuando no destruido. La reforma de éstas será una tarea fundamental para allanar la realización de elecciones limpias, que permitan el nacimiento de un verdadero gobierno legítimo.