Radicalmente opuestos al carácter "originario", fundacional y plenipotenciario de que se dotó la Asamblea el pasado viernes, en base de la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) los prefectos de Santa Cruz (este), Pando (norte), Beni (nordeste) y Tarija (sur), además de organizaciones civiles con vínculos empresariales, perfilan un referendo en estas mismas regiones.

"Impulsaremos la convocatoria a un referéndum en nuestros departamentos para consultar la voluntad de nuestros pueblos en torno a si están dispuestos a aceptar la pretensión que existe de crear un nuevo Estado sin respetar las decisiones democráticas del conjunto de los bolivianos", dice un manifiesto firmado por las autoridades y líderes regionales publicado en todos los medios escritos del país.

Los gobernadores reunidos la noche del lunes al martes en la agropecuaria región de Santa Cruz, la más rica del país, bastión de la oposición y donde el presidente Evo Morales intenta aplicar su revolución agraria, también exigieron respeto a la decisión mayoritaria de sus poblaciones para dotarse de un régimen autonómico con respeto al poder central de La Paz, en un referendo en julio pasado.

"Consideraremos la declaratoria de departamentos autónomos cumpliendo el mandato de nuestros pueblos expresado en el histórico referéndum del 2 de julio pasado, en caso de que esta aspiración histórica que busca reafirmar la unidad y solidaridad nacional, sea burlada en la Asamblea Constituyente", advierte el manifiesto publicado.

También demandaron que la nueva Constitución sea aprobada por al menos dos tercios (170) de los 255 miembros de la Asamblea, al tiempo de oponerse a la mayoría absoluta (50%+1) que intenta imponer en el deliberante el MAS, del presidente Morales.

"En caso de persistir el irrespeto a ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente y de aprobarse una reforma constitucional al margen de ella, expresamos nuestra decisión de no acatar el texto de la nueva Constitución Política", dice el manifiesto.

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, el más fiero opositor del mandatario izquierdista, denunció que "hay una minoría fundamentalista que quiere imponerse" en la Asamblea, en alusión al MAS.

La sola posibilidad de llamar a una consulta popular en el territorio de la jurisdicción de esas cuatro provincias, que conforman una suerte de media luna geográfica, desató una retahíla de demandas para que sus gestores sean procesados por delito de sedición.

Por medio de su asambleísta Raúl Prada, el MAS pidió al Ejecutivo "ponerlos en su lugar".

Denunció que los opositores regionales "están tratando de acentuar definitivamente el desconocimiento de la Asamblea Constituyente".

Su correligionaria Rebeca Delgado, calificó a los políticos empresariales comités cívicos de estos cuatro distritos bolivianos, de "radicales al servicio de las oligarquías".

Por su parte un vocero de la matriz Central Obrera Boliviana, Sósimo Paniagua, denunció que esta política "es una forma de dividir (territorialmente) al país".

En la misma línea, Edgar Patana, dirigente sindical de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, pidió frenar el "movimiento secesionista" con policías y militares".

Analistas locales calificaron de "muy peligroso" para la unidad del país el manifiesto de las regiones alzadas contra Morales.

"El planteamiento de la media luna puede dividir al país en dos partes, los que acatan y no acatan la Constitución", estimó al abogado Benjamín Miguel.

Su colega Farid Rojas advirtió también que "se trata de algo bastante peligroso" para la unidad de la nación.

El constitucionalista José Gutiérrez criticó que "se cuestione un texto constitucional que nadie conoce aún", mientras que el gobernador de La Paz, José Paredes urgió una reunión entre las autoridades de las 9 regiones bolivianas y Morales.