La crisis por la desregulación energética en California
 
por Gastón Folcher* (Abr-16-01)


¿Qué puede ocurrir cuando un Estado, nacional o provincial, decide intervenir para eliminar el control de grandes compañías generadoras de energía con el objetivo de bajar los precios al consumidor final? Lo ocurrido en la desregulación del sistema energético en el Estado de California, Estados Unidos, puede ser un ejemplo de que las teorías para beneficiar a los que tienen menos, puede generar un efecto absolutamente opuesto.

La desregulación en el sector energético californiano ha generado resultados inesperados. EL objetivo de la desregulación era lograr la apertura del mercado, producir más energía a precios finales más reducidos y no generar riesgos para el medio ambiente. Sin embargo, terminó produciendo sólo un aumento en los precios finales al consumidor.

La desregulación implementada por el gobierno provincial funcionó entre 1998 y el año 2000, cuando el nuevo sistema colapsó. En un mercado de 220 billones de dólares, la desregulación implementada por las autoridades parece tener más que una falla. Según el diario Los Angeles Times, la apertura del mercado de la electricidad es uno de los errores más caros de las políticas públicas de California.

El ejemplo vale para la Argentina. En el proceso económico de la década del 90 la idea era desregular, pero esa política quedó inconclusa porque el final de esa cadena, el mercado de trabajo siguió con sus regulaciones de medio siglo. La falla del proceso argentino de los noventa consistió en lo que se dejó de hacer, no en lo que se hizo.

En el ejemplo de California también se buscaban tres objetivos: (a) que las empresas y el mercado fueran eficientes, (b) que cayeran los precios al consumidor y (c) que aumentara la producción.

La desregulación dividió al mercado energético en dos sectores, que antes de 1996 conformaban uno solo. Las compañías de electricidad, que producían y distribuían, debieron vender obligatoriamente sus plantas a compañías que se iban a ocupar sólo de producir. Los funcionarios desreguladores iban a defender la libertad del consumidor, perdida por el poder de las grandes empresas que controlaban el mercado.

Hoy existen, por un lado, las centrales generadoras que producen energía y la venden a las compañías distribuidoras (utilities). Esta acción hizo nacer un mercado mayorista con precios libres. Por el otro lado, se formó un mercado minorista, en el que las distribuidoras venden la electricidad a los usuarios (familias y empresas) a un precio fijo.

La desregulación introdujo la competencia en el mercado de precios mayoristas, pero no liberó los precios minoristas. ¿Por qué?. Las empresas que habían construido sus plantas en la década del 80 negociaron un congelamiento de precios minoristas, que eran considerados altos, por un período de transición. No se pudo prever que los precios mayoristas subieran tanto, y las distribuidoras quedaron presas de ese congelamiento. A partir de ahí el costo de las "utilities" ya no tuvo relación con el costo de generación, sino por el precio que los productores les cobraban en el mercado al por mayor.

La crisis subió a la superficie a mediados de 2000, cuando efectivamente los precios mayoristas aumentaron, y las distribuidoras no pudieron trasladar esa alza al consumidor. El colapso del sistema no se exteriorizó por la aplicación de una idea alocada de nadie, se produjo de la misma manera que el de la Argentina al final de la década del ochenta: se apagó la luz porque el sistema era inviable. Ocurrió en la primavera californiana del año anterior, por primera vez desde el comienzo de la desregulación y también, por primera vez, desde diciembre de 1941, cuando las ciudades se oscurecían esperando el ataque imprevisto de los japoneses.

Lo curioso es que, hasta ese momento, California era por las noches uno de las regiones más iluminadas de los Estados Unidos. La desregulación, armada en los escritorios de los funcionarios, consiguió el milagro de apagarla. Pero trajo otra consecuencia: ningún usuario final ahorró energía porque los precios minoristas no subían y la exitosa economía que lideraba el Presidente Clinton incitaba todos los días a consumir, entre otras cosas, electricidad.

Pero los apagones existen porque frente al aumento de los precios spot, la compañías distribuidoras – Pacific Gas & Electric y Southern California Edison - anunciaron que sus quiebras serían inminentes. Para evitarlas y violando la ley, amenazaron con aumentar el 30% la tarifas. Este cuadro tiene un final más atractivo: las distribuidoras han acumulado enormes deudas con las centrales productoras de energía, las que a su vez, han amenazado con no vender más energía por miedo a que no se les pague.

Como en el contrato de trabajo en la Argentina, el mercado mayorista era libre de fijar sus precios pero los distribuidores lo tenían regulado. En los Estados Unidos los distribuidores fueron a la quiebra y en la Argentina, la falta de flexibilidad laboral aumentó, por lo menos en diez puntos, el índice de los desocupados.

Las oportunidades para solucionar los problemas existen, pero la atención está puesta en quién se hace responsable por las pérdidas y problemas del pasado. La solución inmediata estaría en las transferencia del aumento a los precios minoristas, que a su vez debería estar al tanto de las fluctuaciones en el mercado de electricidad al por mayor, como lo están con el de la naftas.

Tanto el gobierno nacional como el de California trabajan para poder terminar la crisis. Sin embargo esto no evitará de inmediato los cortes y la escasez de energía. Lo que ha ocurrido tendrá efectos directos sobre ese Estado inmenso y alejará la posibilidad de nuevas inversiones.

Los recursos disponibles que se han puesto en marcha para solucionar el problema en California, no podrían aplicarse a una economía con más de treinta meses de recesión como la Argentina.

  • El gobierno del Estado ha estudiado el problema de las líneas de transmisión de Southern California Edison, y ayudarla por un valor aproximado a los dos billones de dólares.
  • EL gobernador Gray Davis ha declarado el estado de emergencia y, obligado, en febrero, a través de la Orden ejecutiva D19-01, que se reduzca el gasto de energía. De no realizarse, desde el 15 de marzo se multaría a aquellos que no cumplan con la orden.
  • Simultáneamente, Southern California Edison declaró no poder afrontar el pago de deudas para "preservar efectivo". Han acumulado créditos por 13 billones de dólares desde 1996.
  • Pacific & Gas Electric se ha declarado en quiebra, en este mes de abril, con una deuda de 9 billones de dólares
  • Se permitió un aumento para ayudar a las empresas distribuidoras, de un 10% en los precios minoristas, por tres meses.
  • La Federal Energy Regulatory Comisión (FERC), ha obligado a las centrales generadoras a rembolsar dinero a las distribuidoras.
  • El gobierno del Estado de California debe intervenir directamente en el negocio y compra de energía para poder mantener la provisión de la misma, a través de la California Independent System Operator, que es la encargada de comprar y distribuir electricidad por parte del Estado.
  • La Comisión de Servicio Público del Estado (California Public Utilities Commission) aprobó un proyecto, para que las generadoras realicen contratos a largo plazo y permitan un aumento de hasta 46%, en las tarifas que aplicarían Pacific Gas & Electric y Southern California Edison San Diego Gas & Electric.
  • Lo único verdadero es que políticos y reguladores, quienes imaginaron el sistema que generó esta crisis, tardaron demasiado tiempo en aceptar que el problema existía y que, además de los cortes de luz, se estaban produciendo pérdidas por varios billones de dólares.

El gobierno del Presidente Bush ha autorizado a cancelar programas que obligaban a disminuir el uso de energía en fábricas y edificios. En vez de fomentar medidas restrictivas y caída de demanda, busca otras salidas a la crisis de energía que enfrenta la nación, diferentes a la propuesta por Clinton. Mientras el gobierno anterior incentivaba la búsqueda de fuentes de energía alternativa, como el sol y el viento, el Presidente quiere volver a la utilización de combustibles.

Esta crisis, de una magnitud inmensa, ha ocurrido en la primera potencia económica del mundo. ¿Están preparados los dirigentes políticos argentinos, los miembros de la Comisión Parlamentaria Bicameral Vinculada con la Reconversión de la Industria Eléctrica y las autoridades de la Secretaría de Defensa de la Competencia y el Consumidor, para manejar y solucionar un caso parecido? ¿Cuántos de los funcionarios públicos argentinos, miembros de éstas áreas, posibles involucrados en una crisis como la de California, tienen conocimiento detallado – y profesional – para comprender la enseñanza que produjo apagones sorpresivos y reiterados en un Estado como California, que si fuera un país independiente sería la octava economía del mundo.

* Investigador del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría


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