El fracaso del proyecto de ley de reforma migratoria en el Senado de Estados Unidos es un duro revés para millones de inmigrantes en Estados Unidos y para su comunidad hispana que esperaban que el gobierno federal le diera una respuesta a la creciente crisis generada por una década de flujos migratorios sin precedentes en la historia del país.
Hoy en día, el porcentaje de residentes nacidos en el extranjero supera el 13% de la población, es decir más de 37 millones de personas, nivel que no se veía desde las primeras décadas del siglo pasado. De estos, unos 15 millones son latinoamericanos. Se calcula que 12 millones de extranjeros viven en el país en forma ilegal, de los cuales 60% podrían ser mexicanos.
El proyecto se derrumbó cuando el grueso de los senadores republicanos no apoyaron una moción para terminar con el debate y someter el proyecto final a votación, moción que requería del aval de 60 de los 100 miembros de la Cámara Alta. La estrategia republicana, hostil al acuerdo que habían estructurado senadores moderados de ambos partidos, era de insistir en presentar enmiendas adicionales tendientes a destruir el frágil consenso que contempla dos elementos claves: un camino para regularizar la situación legal de inmigrantes indocumentados, al tiempo que estructura mecanismos para legalizar la mano de obra extranjera con programas de trabajo temporal y nuevos criterios para la inmigración legal.
Para la mayoría de los republicanos, cualquier mecanismo de regularización de la situación de los indocumentados que contempla posibilidades de postular a una residencia permanente o a la ciudadanía es equivalente a una "amnistía" para delincuentes y no merece de apoyo, sin considerar los complejos problemas logísticos que se presentarían con cualquier esfuerzo tendiente a expulsar a millones de indocumentados del territorio nacional, para no hablar de los atropellos a los derechos fundamentales de las personas que de seguro ocurrirían si se contemplara tal acción, y el enorme vacío que generaría en la fuerza laboral de la nación la ausencia de personal en sectores claves de la economía.
Con el fracaso de la ley también desaparecen iniciativas que son de especial importancia para la comunidad hispana más allá del tema crucial de la regularización del estado legal de los emigrantes -como el Dream Act- que permite que hijos de indocumentados que han sobresalido en sus estudios secundarios puedan seguir estudios universitarios. También quedan en el tintero reformas al sistema de trabajadores temporales y cambios al sistema de calificaciones para obtener residencia.
Los optimistas creen que el proyecto de ley podría revivir en los meses venideros. Ellos señalan que no son sólo los hispanos que apoyan la reforma sino que también los sindicatos ligados al Partido Demócrata que han cambiado en forma dramática su política en temas migratorios -de hostilidad al inmigrante por amenazar plazas laborales de ciudadanos- a una bienvenida al inmigrante que ha pasado a ocupar un lugar prominente en los grandes sindicatos de una economía de servicios, que han reemplazado a los desaparecidos sindicatos de una otrora economía industrial que se ha visto transplantada a otras latitudes del mundo. Al mismo tiempo, el sector privado, más cercano al Partido Republicano, ve con consternación el serio déficit que enfrenta el país con una población laboral que envejece.
Pero por muy potentes que sean estas fuerzas políticas es dudoso que se pueda avanzar antes de la elección presidencial en este tema por crucial que sea por dos razones. En primer lugar, el colapso del paquete migratorio es una gravísima derrota para el presidente Bush, que esperaba que con ella podría mejorar un legado histórico empañado por la guerra en Irak y una percepción generalizada de incompetencia política. Pero es precisamente porque Bush, con grados de aprobación de apenas 30%, ha perdido su liderazgo que no pudo disciplinar a su propia bancada para lograr lo que él mismo dice que es una medida de vital importancia. Es probable que los historiadores del futuro no sean muy caritativos con este presidente.
Él pudo y debió presentar la reforma migratoria cuando tenía un alto grado de popularidad y un fuerte ascendiente en su propio partido y cuando podía argumentar que la solución al tema de 12 millones de indocumentados era necesaria por razones de seguridad nacional después del 11 de septiembre. Pero por ser tan partidista y rígido nunca quiso correr el riesgo de embarcarse en un proyecto donde tendría que ejercer verdadero liderazgo doblegando a su propio partido, al tiempo que procuraba armar una coalición mayoritaria con el grueso del muy vilipendiado partido opositor.
Y eso nos lleva al segundo factor. Al privilegiar a los sectores duros de su propio partido en desmedro de un esfuerzo por crear consensos más amplios de centro, Bush contribuyó a una creciente polarización del país. Esa es la mayor tragedia del fracaso de la reforma migratoria: que proyectos que buscan cómo generar consensos mayoritarios basados en posiciones más bien centristas se ven desarticulados por una polarización extrema que permite que impere el statu quo que todos aborrecen, sin poder llegar a los consensos que todos ven como fundamentales.
Desgraciadamente este fenómeno subsiste no sólo en Estados Unidos.
 |
 |
 |
 |
 |