Las Fuerzas Armadas llegan al golpe del 24 de marzo de 1976 tras haber sufrido un vertiginoso proceso político-militar que las llevó, en menos de tres años, de no poder desfilar en las calles de Buenos Aires el 25 de mayo de 1973 cuando asumió Héctor J. Cámpora, a protagonizar la toma del poder que más cohesión militar tuvo y menor oposición civil enfrentó.
La clave de este drástico proceso de cambio que se dio dentro de las instituciones militares, sucedió paralelamente en la visión que de las mismas tenía la sociedad civil. Pero la clave central del cambio fue la acción de las organizaciones guerrilleras y, en particular, sus ataques a unidades y militares.
A 30 años del último golpe militar cabe recordar que el de marzo de 1976 era el sexto golpe militar exitoso en menos de 43 años. Es que en los años previos había sido desplazado un gobierno constitucional cada ocho años y medio, con gobiernos civiles que duraban cada vez menos y gobiernos militares que duraban cada vez más.
Es así como una mirada más limitada en el tiempo mostraba que en los 20 años precedentes (1955-1975), exactamente presidentes civiles y militares habían gobernado 10 años respectivamente en cada caso.
Un General, Almirante o Brigadier de 1976 había asistido al golpe de 1955 contra Juan Domingo Perón como Capitán o equivalente; al de 1962, como Mayor; y al de 1966 contra Arturo Illia, como Teniente Coronel.
Tanto para civiles como para militares el golpe era una situación política común, la que de acuerdo a las circunstancias o intereses era utilizada o impulsada por los sectores que estaban fuera del poder.
A ello se agrega la visión regional del momento. Para marzo de 1976, los militares llevaban 10 años gobernando Brasil; Pinochet hacia dos y medio que lo hacía en Chile; en Uruguay, los militares lo estaban ejerciendo de hecho desde tres años antes al iniciarse la llamada "bordaberrización"; Bolivia llevaba cuatro años de gobierno militar; Perú, ocho; Ecuador también tenía un gobierno militar y en Paraguay, la presidencia del General Stroessner ya había cumplido dos décadas. Sobre este contexto, quienes miraban la región desde el exterior, casi se preguntaban cuando sería el momento que los militares también tomaran el poder en la Argentina.
La historia contemporánea y la situación política regional convergían para que en el pensamiento tanto militar como civil, la posibilidad de un nuevo golpe militar, no fuera descartada.
Pero la clave de la decisión de las Fuerzas Armadas de tomar el poder estuvo en el intenso proceso que vivieron entre el repudio público sufrido el 25 de mayo de 1973 y el 24 de marzo de 1976, en la acción de la guerrilla y el rol asumido por los militares frente a ellas, como dije.
Los hechos de escarnio vividos por las Fuerzas Armadas al asumir Héctor Cámpora, llevaban a la amplia mayoría de los militares a pensar en 1973 que nunca más participarían de un golpe y que el rol limitado que habían tenido en la represión de la guerrilla durante el régimen de facto de Lanusse hacía desaconsejable en el futuro la participación militar en el tema, el que debía ser enfrentado sólo por la policía.
En septiembre de 1973 el Comando de Sanidad del Ejército es tomado por el ERP, pocos días antes que Perón ganara la elección con el máximo porcentaje que registra la historia argentina. Muere en la toma un conscripto y en la recuperación un teniente coronel, segundo jefe del Regimiento de Patricios. Cuatro meses después la misma organización ataca a la guarnición militar de Azul. Muere el jefe del regimiento 10 de Caballería y su esposa, y es secuestrado el jefe del Grupo de Artillería Blindado 1. Perón se pone el uniforme de Teniente General para repudiar el hecho y anunciar que reprimirá a la guerrilla con toda energía.
En agosto de 1974 el ERP ataca la Fábrica Militar de Villa María, donde muere su Director, el Teniente Coronel Argentino del Valle Larrabure y, simultáneamente, el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportado de Catamarca. En la represión muere una veintena de integrantes del ERP. El Ejército informa que han muerto en combate mientras que dicha organización afirma que han sido ejecutados después de rendirse.
Hasta ese momento la opinión predominante en las Fuerzas Armadas es que pese a los ataques de la guerrilla a unidades militares y la muerte de jefes, el problema debe ser enfrentado por la policía y no por los militares.
Pero cuando en el último cuatrimestre de 1974, como represalia por los muertos de Catamarca, el ERP inicia la "ejecución" indiscriminada de miembros del Ejército, es cuando la opinión militar comienza a cambiar.
Van cayendo médicos militares, oficiales bioquímicos y veterinarios, oficiales y suboficiales de las armas combatientes y hasta un suboficial panadero. Antes que finalice el año, es muerto en Tucumán el Capitán Humberto Viola y su hija de cinco años al salir de su casa.
Cada velorio se transforma en un hecho que va modificando la opinión militar respecto a que las Fuerzas Armadas deben intervenir para enfrentar la guerrilla.
Al comenzar 1975, el gobierno de Isabel Martínez de Perón encomienda al Ejército hacerse cargo de la represión de la Compañía de Monte del ERP que dominaba aproximadamente un tercio de la zona rural de Tucumán. Esto marca la entrada del Ejército en particular y las Fuerzas Armadas en general en la lucha contra la guerrilla.
La acción de la guerrilla se sigue manifestando con ataques a unidades militares. En los últimos meses de 1975, el ERP ataca el Batallón de Arsenales de Rosario dando muerte al jefe de la unidad. A fines de diciembre intenta tomar el Batallón de Arsenales de Monte Chingolo, sufriendo decenas de bajas. A su vez la organización Montoneros comienza a actuar en Tucumán atentando contra un avión Hércules de la Fuerza Aérea y ataca el Regimiento de Infantería de Formosa, donde muere una decena de soldados conscriptos.
En agosto de ese año, una crisis militar había provocado la caída del Comandante General del Ejército que respondía al gobierno de Isabel (Laplane) y la llegada a la conducción de la Fuerza de un general que no le respondía (Videla).
Simultáneamente, el gobierno civil extiende las atribuciones de las Fuerzas Armadas para enfrentar a la guerrilla, primero a toda la provincia de Tucumán y después a todo el país. Al comenzar 1976, un general en actividad está a cargo de la Policía Federal (Harguindeguy) y otro de la SIDE (Paladino).
Paralelamente a este proceso, va ganando consenso la idea de que no hay margen para la represión legal de la guerrilla. Centenares de guerrilleros que estaban detenidos legalmente el 25 de mayo de 1973 habían sido liberados de hecho antes que se sancionara la ley de amnistía ese mismo día y muchos de ellos habían retomado la lucha armada. Varios jueces que habían participado en el juzgamiento de los guerrilleros habían sido abatidos por ellos. A marzo de 1976, ningún guerrillero detenido tenía condena firme de la justicia.
Esta combinación de sucesos rápidos y violentos hacen que en menos de tres años la opinión militar de 9 contra uno respecto a participar en la lucha contra la guerrilla, pase a ser de 9 a uno a favor de hacerlo.
Mientras tanto, el deterioro político y económico del gobierno de Isabel crea el contexto civil en el cual el golpe va pareciendo como el título de la novela de García Márquez "Crónica de una muerte anunciada", con conflictos sociales, inflación y dólar desbocado.
Pero lo que llevó a los militares al golpe no fue lo económico, lo político o lo social, sino el problema de la guerrilla y la opinión de que sin tomar el poder total no podrían terminar con ella.
Visto treinta años más tarde parece difícil entender como todos estos factores se combinaron para generar la experiencia más violenta vivida por la Argentina en su vida institucional y que tanto civiles como militares no hubieran reaccionado a tiempo para evitarla.
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